El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, informó este sábado que concluyó la fase de inhabilitaciones de candidatos. De un total de 59 solicitudes presentadas, dos fueron atendidas, ambas correspondientes a listas de la Alianza Popular.

Arteaga explicó que la Sala Plena del TSE sostuvo una extensa sesión en la que se resolvió, entre otros temas, la inhabilitación de la candidata Adriana Arias Calderón, postulante a diputada plurinominal, en aplicación de la Sentencia Constitucional 07/2025 que prohíbe a los candidatos ejercer más de dos mandatos consecutivos, sean continuos o discontinuos. El segundo caso corresponde al candidato Bernal, también de la Alianza Popular.

“Con estas decisiones se atendieron las 59 demandas de inhabilitación, todas ya resueltas. Esta es la última que ha determinado la exclusión de estos postulantes”, precisó Arteaga. Añadió que las listas actualizadas serán publicadas en las próximas horas, lo que permitirá conocer con detalle los cambios en las candidaturas.

El funcionario señaló además que el número total de candidatos habilitados supera los 2.000, mientras que cerca de 500 quedaron inhabilitados en etapas anteriores sin posibilidad de sustitución por haber vencido los plazos.

En cuanto al resto de las demandas, explicó que la mayoría fueron rechazadas por incumplir requisitos formales o carecer de pruebas suficientes, aunque todas fueron debidamente atendidas por la autoridad electoral.

REDES SOCIALES

En relación a la vulneración del silencio electoral, reconoció las dificultades para controlar las infracciones al silencio electoral en redes sociales, debido a la falta de una normativa específica y al carácter “volátil” de estas plataformas.

Dijo que es un tema que todavía no tiene legislación y admitió que este vacío normativo complica la supervisión de la actividad digital durante la etapa de restricción electoral.

En ese marco, indicó que una delegación académica de España acompaña al TSE para intercambiar experiencias, ya que en ese país existe una normativa que regula el flujo de información electoral en redes sociales.

Pese a estas limitaciones, el funcionario sostuvo que el ente electoral confía en la madurez ciudadana para evaluar los contenidos que circulan en internet.

No descartó que la desinformación en muchos casos pueda afectar el desarrollo de un proceso democrático. El silencio electoral rige desde el jueves y busca garantizar que ninguna organización política emita mensajes destinados a influir en la decisión de los votantes.