Después de que un fiscal de Yacuiba emitió orden de aprehensión contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por presunto contrabando, la Aduana Nacional salió a aclarar que no hubo irregularidades y que la denuncia fue presentada por exfuncionarios como una "venganza" por sus despidos. 

La denuncia fue presentada por dos personas, que se identificaron como funcionarios de Aduana Frontera. El caso fue admitido y un fiscal ordenó aprehender a Dorgathen.

Sin embargo, la presidenta del Aduana, Karina Serrudo, explicó que esas dos personas fueron desvinculadas en la mañana del 6 de octubre y, posteriormente, presentaron la denuncia en horas de la tarde del mismo día.

Evitó precisar las razones de la desvinculación de esos dos funcionarios, pero explicó que estas decisiones suelen darse por indicios de corrupción.

Serrudo sostuvo que la denuncia fue realizada como "represalia" o "venganza", puesto que la exportación fue legal, además de que los exfuncionarios no estaban habilitados para actuar judicialmente a nombre de Aduana.

Dijo que fue una sorpresa cuando la Aduana fue notificada con la admisión del caso.

Según Serrudo, el trámite de exportación se gas observado fue legal, porque gracias a un decreto de 2005, no se requiere la autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se revisa que el contrato esté vigente.

YPFB aseguró que existe contrato para amparar esta exportación por 14 millones de dólares facturados, por lo cual no pudo haber desvío.

La presidenta de Aduana aclaró, además, que sólo ella puede presentar estas denuncias personalmente mediante poder, pero los exfuncionarios no eran apoderados.

Consideró paradójico incluso que los exfuncionarios hayan denunciado este caso, cuando ellos mismos dieron la autorización a la exportación. Es decir, se denunciaron ellos mismos.

Señaló que esto es una "polémica sin sentido".

YPFB aseguró que Dorgathen está en Bolivia y se someterá al proceso, en su momento