Iglesias Evangélicas Unidas presentó una Acción Popular contra instituciones del Estado y dirigentes de sectores movilizados, con el objetivo de que se disponga el levantamiento de bloqueos y se restablezca la libre transitabilidad en el país.

El abogado patrocinante, Ramiro Carrillo, informó que la acción fue presentada inicialmente contra el presidente del Estado, al considerar que la Constitución le faculta declarar Estado de Excepción ante una situación de “convulsión interna”.

“Tiene que tomar las medidas pertinentes. ¿Cuál es la medida pertinente? Es el Estado de Excepción en todo o buena parte del territorio boliviano, para que vuelva nuevamente el abastecimiento a las ciudades, el que se evite el corte de servicios públicos, la transitabilidad, también que se evite la agresión a las personas en los bloqueos como está ocurriendo con los panchos rojos”, indicó.

De acuerdo con la Constitución, el presidente puede declarar Estado de Excepción en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.

Asimismo, el abogado cuestionó la participación de autoridades vinculadas a las protestas como el parlamentario Nilton Condori y señaló que “es imposible que un senador de la República pida que el presidente pueda renunciar siendo mucho más autoridad nacional”.

Carrillo indicó que la Acción Popular también fue dirigida contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana, sectores campesinos y representantes del magisterio, para que levanten sus medidas de presión.

De igual forma, señaló que la demanda incluye al Ministerio de Gobierno para que, mediante la Policía Boliviana, proceda al desbloqueo de carreteras y calles.

El jurista también cuestionó la actuación de la Fiscalía General del Estado, al considerar que no asumió acciones de oficio frente a hechos de violencia y daños registrados durante las protestas.

“No es necesario que exista una denuncia previa para que el fiscal general actúe contra los vándalos que están saqueando o cortando el alumbrado público”, manifestó.

Indicó que la Acción Popular fue presentada este miércoles y que el plazo para la fijación de audiencia es de 48 horas.