El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un instructivo que allana la libertad para Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y Marco Pumari en específico, sin embargo, han surgido cuestionamientos porque en realidad hay miles de reclusos en el país que están en la misma situación de privación de libertad sin tener sentencia.

El instructivo para Camacho, Añez y Pumari establece que los jueces revisen el plazo de la detención preventiva en sus respectivos casos. Según norma, esta medida cautelar se puede aplicar durante seis meses, tiempo que ha sido sobrepasado en estos procesos.

Sin embargo, el incumplimiento de plazos de la detención preventiva es común para muchos reclusos, quienes incluso ya han elevado su voz de reclamo por trato igualitario.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, observó que el a junio de 2025 el 58,2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos. Es decir, unos 19 mil reclusos están en esa calidad.

Según Callisaya, esos reclusos con detención preventiva también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”.

Al hacer una observación similar, el expresidente y reconocido jurista Eduardo Rodríguez Veltzé comentó que la reposición de garantías debería ser universal y sin privilegios. Lamentó también que autoridades judiciales hayan hecho de la detención preventiva una regla y no la excepción como dispone la norma.

Posteriormente, Rodríguez Veltzé observó una usencia de una Política Criminal de Estado, ausencia de control judicial de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional sobre la vigencia y aplicación preferente de las normas del debido proceso, la ausencia de aplicación rigurosa de las normas procesales por jueces y fiscales, además de la promoción del “populismo penal” que alienta legislación con mayores sanciones y menos garantías procesales, entre otras falencias estructurales.

Reclusos tampoco se quedaron callados. Mediante un pronunciamiento, los privados de Libertad de Palmasola denunciaron “injusticia y el trato desigual”, porque mientras a Camacho, Pumari y Añez les otorgan audiencias rápidas, visitas privilegiadas, atención médica y trato preferencial, la gran mayoría sobrevive en condiciones inhumanas.

Exigieron que la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia deba ser “amplia y extensiva para todos los privados de libertad del país, no solo para quienes tienen nombre y apellido reconocido en la prensa”.