El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Boris Arias, reconoció este viernes que la institución enfrenta un serio estancamiento en el ámbito administrativo debido a la falta de decisiones sobre la institucionalización del personal. Sin embargo, aseguró que el trabajo jurisdiccional ha sido altamente productivo, con un aumento significativo en la cantidad de sentencias emitidas respecto al año anterior.

“Seguimos empantanados en lo administrativo. No se ha podido institucionalizar al personal ni conformar plenamente la Comisión de Admisión. Los funcionarios deben ingresar mediante exámenes de competencia y permanecer previa evaluación; no estoy de acuerdo con el libre nombramiento”, afirmó Arias en una declaración a la prensa durante su visita a La Paz.

El magistrado lamentó que varios compromisos asumidos por los nueve miembros del TCP, como los definidos en la primera sala del Tribunal, no se hayan cumplido en su totalidad. También mencionó que aún no se han aprobado reglamentos fundamentales como el de unificación de jurisprudencia, herramienta clave para brindar criterios uniformes y certidumbre jurídica a los abogados y la ciudadanía.

Pese a ello, Arias destacó que este año el TCP ha incrementado notablemente la emisión de sentencias constitucionales. “Hemos estado sacando más sentencias que el año pasado. Si tú ves en la memoria institucional, el año pasado se han dictado como 4.600 sentencias, y de lo que se sorteaban 7, 10, ahora estamos sorteando 20 sentencias por semana. Es decir, si sumas por los ocho magistrados, pues ya estamos, casi en el mes de julio, en el nivel que se tenía el año pasado. Entonces vamos a dictar una cantidad de sentencias mucho mayor este año”, explicó a los periodistas.

Sobre el contexto electoral, Arias evitó pronunciarse sobre aspectos específicos, señalando que cualquier tema vinculado podría llegar al TCP y requerir un fallo conforme a la Constitución y la ley.

Subrayó, no obstante, la necesidad de que el proceso electoral se realice de forma pacífica y transparente. También recordó que el funcionamiento del Tribunal depende en gran medida de la Asamblea Legislativa, que tiene la facultad constitucional de fiscalizar y juzgar a los magistrados.