El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, sube la presión contra cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con una denuncia penal con la cual les acusa de cometer dos delitos y solicita que se active la alerta migratoria respectiva.

Los denunciados son los magistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo, quienes debieron terminar mandato en diciembre de 2023, pero se prorrogaron en el cargo mediante una resolución.

En la denuncia, presentada ante la Fiscalía de Chuquisaca, Saucedo señala que estos cinco “autoprorrogados” cometieron los delitos de usurpación de funciones y de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El argumento principal de la denuncia consiste en que la Constitución sólo permite ejercer el cargo de magistrados por seis años, así que los “autoprorrogados” incumplen ese precepto.

Explica que los cinco sindicados cometieron usurpación de funciones porque continúan ejerciendo como magistrados, pese a que ya venció el mandato de seis años expresado en la Constitución.

Asimismo, considera que los denunciados incurrieron en resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al haber emitido el Auto Constitucional 49/2023, que dispuso la prórroga de mandato más allá de lo establecido en la Carta Magna.

En el memorial también Saucedo solicita a la Fiscalía que “se realice la medida precautoria de activación de la alerta migratoria contra los denunciados”.

Saucedo ya pidió la renuncia de los “autoprorrogados” al considerar que han convertido al TCP en una de las “instituciones que más le ha causado daño al país y su democracia”.

Su iniciativa ya ha recibido apoyo de los presidentes del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental, además de varios políticos.

Los “autoprorrogados” han sido criticados no sólo por extenderse su mandato, incluso suspendiendo las elecciones judiciales de manera parcial en cinco departamentos. También fueron acusados de cooperar con el Gobierno de Luis Arce para dejar sin efecto las interpelaciones de ministros y quitarle la sigla del MAS al ala “evista” para entregársela al “arcismo”.