Seguridad

El empresario de la inmobiliaria Kantutani, Luis Enrique Iturralde, fue declarado en rebeldía luego de no haberse conectado a su audiencia de medidas cautelares, programada para este jueves de manera virtual, dentro de la investigación por la mazamorra del 23 de noviembre de 2024 en Bajo Llojeta.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, informó que, además de esa determinación, la autoridad judicial emitió un mandamiento de aprehensión en su contra.

Leslie N.A.L., de 33 años de edad, murió desangrada por una herida punzocortante en la pierna en su domicilio ubicado en la zona Villa El Carmen de la ciudad de La Paz. Su esposo, Raúl K.G.E., fue aprehendido en Coroico por ser el principal sospechoso del feminicidio.

El crimen ocurrió este miércoles, cerca de las 16:00, cuando la madre del sospechoso llamó a dos abogados indicando que su hijo le habría quitado la vida a su pareja y que estaría huyendo a los Yungas con sus hijos, de a acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público.

Pese a que en varias ocasiones dijo que se dará cumplimiento a la orden de aprehensión contra Evo Morales, por el caso de trata de personas, ahora el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pidió no “desesperarse”.

La autoridad aseguró que ni su cartera de Estado ni la Policía dejaron de cumplir las determinaciones judiciales y que, en el caso del exmandatario, no será la excepción, aunque no precisó cuándo se cumplirá su captura.

La Sala Penal Tercera de La Paz ratificó este jueves la detención preventiva de los dirigentes “evistas” Humberto Claros y Ramiro Cucho, quienes se encuentran encarcelados desde el 15 de noviembre, acusados de promover los 24 días de bloqueo en 2024.

En la audiencia, se logó enervar dos riesgos procesales, sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes, ya que se estableció que persisten los riesgos procesales, como el peligro para la víctima y la sociedad, además de la posibilidad de “influir” en los policías, informó el abogado de los dirigentes, Jhon Rioja.

Las Fuerzas Armadas decidieron abrir un sumario informativo contra los oficiales, uno con el grado de teniente coronel y el otro teniente tras ser acusados por la violación de una mujer subteniente en el Batallón de Ingeniería VI Riosinho, de Cobija, en Pando.

La directora general de Derechos Humanos e Interculturalidad de las FFAA, Alyson Fuentes, informó que el caso comenzó a ser investigado de manera interna y se espera que las conclusiones establezcan la situación de los oficiales vinculados.

Un nuevo hecho de violencia se registró en el interior de la Asamblea Legislativa, derivando en una denuncia penal. Los protagonistas del incidente fueron los diputados Miguel Roca, disidente de Comunidad Ciudadana (CC), y Gustavo Aliaga, “mesista”.

Roca denunció haber sido “atacado violentamente” por la espalda por su colega, después de un tenso debate en la Comisión de Planificación Economía y Finanzas de la Cámara de Diputados donde le dijo a Aliaga ser “servil al MAS”, lo que habría desencadenado la agresión.

En una audiencia de medidas cautelares, la justicia dispuso la detención preventiva, por un plazo de tres meses, en el penal de San Pedro para un exdocente de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), investigado por tres delitos de corrupción relacionados con su designación como docente en dos materias presuntamente de manera irregular.

Una juez de Santa Cruz sentenció a dos años de cárcel a Jordi O. tras ser implicado en rociar bebidas alcohólicas a una tortuga. Pese a la determinación el joven se acogió al perdón judicial, que lo libera del presidio, por ser una pena mínima.

En audiencia de procedimiento abreviado, el joven admitió haber participado del hecho que generó una serie de críticas en redes sociales tras difundirse un video del momento de la agresión al animal silvestre.

Mediante una solicitud de procedimiento abreviado, la justicia determinó este miércoles emitir una condena de 20 años de cárcel para dos sujetos por la muerte de su hermano mayor, de 35 años. La sentencia es por el delito de homicidio, la cual deberá cumplirse en el penal de San Pedro de La Paz.

El fiscal Carlos Cortez señaló que los ahora sentenciados acudieron al lugar de trabajo de la víctima, ubicada en el centro de la ciudad de La Paz, donde procedieron a golpearlo con patadas y puñetes que le causaron su deceso.

La Justicia española ha dispuesto autorizar la extradición a Bolivia de Sebastián D. V. D., quien fue acusado de haber violado a un menor de 12 años en los predios del colegio Alemán, del departamento de Santa Cruz.

Una resolución de la Audiencia Nacional, fechada a finales del pasado diciembre, ordena la extradición del joven, de acuerdo a una publicación del diario El Español.