Seguridad

El Ministerio Público de Santa Cruz determinó este viernes abrir una investigación de oficio contra unos jóvenes que rociaron bebidas alcohólicas en la cabeza y la boca a una tortuga, de acuerdo a un video difundido en redes sociales.

El hecho ocasionó una serie de críticas en redes sociales que incluso lo consideraron como maltrato a un animal silvestre. Ambientalistas demandaron su investigación para que los responsables sean sancionados.

Rubén A.M., de 36 años, perdió la vida de manera violenta en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, tras recibir múltiples heridas punzocortantes, presuntamente, por dos de sus compañeros de celda.

Los internos identificados en el crimen son William F.V., de 25 años, y Jorge L.G.A., de 30 años. Ambos ya han sido imputados por el delito de homicidio, informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, en una nota de prensa.

La comisión de fiscales determinó imputar al empresario de la inmobiliaria Kantutani, Luis Enrique Iturralde, acusado de los movimientos de tierra que provocaron la mazamorra el pasado 23 de noviembre en la zona Bajo Llojeta, ubicada en la zona sur de la ciudad de La Paz.

Para la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público solicitará el encarcelamiento preventivo del empresario por 60 días en el penal de San Pedro.

Richard Rojas Gonzáles se declaró culpable y fue condenado a 30 años de reclusión en el penal de Palmasola por el feminicidio de su concubina, Sandra Alejandra Colque, a quien le quitó la vida disparándole en la cabeza con una escopeta.

La audiencia de procedimiento abreviado se desarrolló de manera virtual en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde el Ministerio Público presentó todos los elementos, indicios y la confesión del hombre por el crimen ocurrido la madrugada del 2 de enero.

“Un hecho sui géneris”, así fue calificado por la Policía un caso peculiar registrado en El Alto, donde tres antisociales que cometieron un robo fueron interceptados por un falso efectivo del orden que pretendía despojarlos de las pertenencias que eran producto de su delito.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, aseguró que la institución del orden no requiere garantías para cumplir la orden de aprehensión contra Evo Morales, sino que necesita elaborar planes y estrategias efectivas para lograr su captura.

Aguilera señaló que ciertas circunstancias, generadas por allegados al expresidente, han obstaculizado la ejecución de dicha orden por el caso de trata de personas que se encuentra investigado en Tarija.

Una fuerte explosión ocurrió la tarde de este jueves en oficinas del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Tarija por la deflagración de gas. Los reportes preliminares señalan que el hecho dejó una persona herida.

El comandante departamental de la Policía, coronel Ángel Morales, informó que el hecho ocurrió en el sótano, donde se acumuló el gas, y el funcionario José G. E. habría prendido un interruptor, lo que ocasionó la explosión.

En una audiencia de medidas cautelares, la justicia dispuso la detención preventiva en un Centro de Reintegración para varones de la ciudad de El Alto para un adolescente de 17 años, acusado del infanticidio de su hermanastro de ocho años.

Según la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto, la medida deberá cumplirse por un periodo de seis meses en un centro administrado por el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de esa ciudad.

Tras tomar conocimiento que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) emitió notas de agradecimiento de servicios a defensores ambientales que se destacaron por su labor en la defensa de áreas protegidas, la Defensoría del Pueblo solicitó a la institución estatal un informe sobre los pormenores de la determinación asumida.

En las últimas horas, la Policía de La Paz informó sobre seis personas privadas de libertad que resultaron heridas producto de peleas entre reclusos registradas en diferentes cárceles del departamento. En algunos casos, se utilizaron armas punzocortantes durante los enfrentamientos.

“Sí, hay personas que han resultado apuñaladas debido a discrepancias y diferencias entre los privados de libertad”, señaló el coronel Gabriel Neme, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).