Seguridad

La Defensoría del Pueblo de Pando ha reportado un caso de agresión que hubiese cometido un sargento de la Armada, en estado de ebriedad, contra cuatro marinos conscriptos en la base naval Bruno Racua de Porvenir.

Según la delegada defensorial, Cintia Jordán, el hecho se habría producido la madrugada el anterior miércoles, cuando el sargento habría ingresado al lugar donde descansaban los conscriptos para sacarlos y someterlos a castigos físicos, reportó radio Frontera de la Red ERBOL.

Un minibús de servicio público impactó la mañana de este martes con un pilar del edificio del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dejando como saldos daños materiales, pero también personas heridas.

El hecho se registró alrededor de las 7:35, cuando el minibús con pasajeros estaba de bajada por la calle Genaro Sanjinés.

Aparentemente el vehículo tuvo fallas en los frenos y, para evitar mayores consecuencias, su conductor optó por impactar en el pilar, informó el suboficial Yuri Salas, dependiente de juzgados.

La justicia del Uruguay condenó al Estado de ese país a indemnizar con $us 230.000 para  Alejandro Melgar, uno de los acusados en el caso Terrorismo en la capital cruceña de 2009, por los 1.351 días que estuvo preso en una cárcel, a la espera de una extradición hacia Bolivia que fue denegada.

De acuerdo con el diario del vecino país El País, en pasados días logró su última victoria judicial, que es la cuarta en su objetivo para “limpiar su nombre” y mitigar los perjuicios que sufrió en lo personal y material.

El caso denominado Golpe de Estado I fue sorteado al Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz, el mismo que en 2022 sentenció a Jeanine Añez en el caso Golpe II, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

La información fue proporcionada por el fiscal departamental de La Paz, William Alave, quien sin embargo aclaró que en el distrito sólo existen dos tribunales anticorrupción.

La asociación de comerciantes del mercado Lanza, en el centro paceño, informó que ha decidido formar una vigilancia sindical, debido a los hechos de inseguridad que se han registrado en esa zona.

En particular, los comerciantes acusan a ciudadanos extranjeros de cometer estos hechos.

El dirigente de la asociación Santa Teresita, Carlos Ríos, informó que la vigilancia sindical está conformada por unas 20 personas, que hacen turnos para rondar las calles adyacentes y detectar a personas que podrían generar delitos.

Tres hombres, de 20, 22 y 30 años de edad, fueron enviados a diferentes cárceles con detención preventiva, después de que fueron denunciados de cometer un hecho de violación grupal, contra una joven a quien conocieron en el contexto universitario.

La información fue proporcionada por el juez del caso  Iván Córdova, quien indicó que el pasado viernes llegó a su juzgado la imputación.

Indicó que, según los antecedentes del caso, los involucrados serían miembros de un centro de estudiantes de una universidad pública, quienes habían consumido bebidas alcohólicas.

Para el abogado Martín Camacho, jurídicamente, no existe “ningún impedimento” que evite que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho pueda ser trasladado hasta la capital cruceña para asistir al juicio por el caso “decretazo”, diferido para el 11 de abril en el Tribunal Octavo de Sentencia.

En conferencia de prensa, el jurista informó que se hicieron las notificaciones a las partes vinculadas al caso e incluso, el 11 de marzo, se resolvieron las observaciones de procedimiento  presentadas por la Procuraduría General del Estado.

El Gobierno envió este lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional un nuevo ante proyecto de ley que apunta a brindar protección a las niñas, niños y adolescentes en casos de violencia y el presidente Luis Arce aguarda que pueda ser aprobado.

En un acto desarrollado en la Casa Grande del Pueblo, el mandatario explicó que en el documento denominado "Protección reforzada para infante niños, niñas y adolescentes" se modifican artículos del Código de Procedimiento Penal relacionado con la imprescriptibilidad e inicio del término de la prescripción.

A pesar de que hace más de una semana, un juez le otorgó la casa por cárcel, el exdirector de Migración, Marcel Rivas, aún no ha podido salir del penal de San Pedro para ser trasladado a su domicilio y cumplir detención domiciliaria, puesto que aún faltan trámites judiciales.

El pasado 14 de marzo, el juez dictó a Rivas la detención domiciliaria, después de más de tres años de estar encarcelado. El exdirector de Migración ya buscaba su libertad, toda vez que su sentencia por el caso de las alertas migratorias era de tres años y ya había cumplido ese tiempo de detención.

El viceministerio de Transparencia ha remitido una denuncia contra el fiscal departamental de La Paz, William Alave ante el Consejo de la Magistratura y la Dirección de Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado a instancias del concejal Pierre Chain, quien acusa al fiscal paceño por presuntas irregularidades en la confirmación del rechazo y desestimación de varias denuncias de corrupción planteadas contra funcionarios municipales.