Después de que el exdirector de Migración, Marcel Rivas, difundió un video donde se declara en ayuno voluntario en la cárcel de San Pedro, la Dirección de Régimen Penitenciario informó que se ha hecho una requisa y el privado de libertad será sancionado por tener un teléfono celular dentro del penal.
El abogado Karlo Brito, que defiende al exdirector de Migración, Marcel Rivas, denunció que el Ministerio de Gobierno ha “armado” otro proceso en contra de su defendido, con la finalidad de mantenerlo encarcelado, a pesar de que ya podría tener su libertad por otros dos casos anteriores.
El exdirector de Migración del Gobierno transitorio, Marcel Rivas, se declaró en ayuno voluntario en la cárcel de San Pedro, donde se encuentra hace casi tres años, en demanda de que se cumpla con otorgarle su libertad.
El anuncio fue realizado mediante un video publicado al finalizar la tarde de este jueves en su cuenta de Facebook.
El Ministerio Público emitió la acusación formal contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la aprobación de un decreto departamental, presuntamente irregular, en 2022. La parte denunciante pide una sentencia de seis años de cárcel.
En la resolución, la Fiscalía presenta al Juez Segundo de Instrucción Anticorrupción en lo Penal el “Acto Conclusivo de la investigación de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 323 Inc. 1 del Código de Procedimiento Penal”.
La fuerza anticrimen de La Paz informó que se ha aprehendido a un presunto empresario, denunciado por cometer estafa múltiple a comerciantes con ofertas de importación de papel higiénico.
En total 13 víctimas se presentaron ante la Policía, para denunciar que el sujeto les había estafado diferentes cantidades de dinero.
La sumatoria del monto estafado llegaría a los dos millones de bolivianos, indicó el coronel Jorge Sologuren, subdirector de la fuerza anticrimen.
La Fiscalía ha emitido una resolución de rechazo de la denuncia que presentaron exministros de Evo Morales en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, por presuntas irregularidades en la compra de combustible.
La denuncia fue presentada en mayo por los exministros Teresa Morales y Carlos Romero, quienes acusaron a YPFB de comprar combustible con sobreprecio y con favorecimiento a determinadas empresas.
Dos adolescentes de 16 años de edad fueron aprehendidos, acusados de usar dinero hurtado a su abuela en actividades de entretenimiento en la ciudad de El Alto.
Según el teniente Alex Quelca de la Policía, uno de los adolecentes que vive con su abuela habría hurtado el monto de 20 mil bolivianos, después de que escuchó acerca de una transacción que habría realizado.
Los menores usaron el dinero en el periodo de un mes en actividades como cines, café internet y hasta habían cambiado montos por dólares en El Alto, informó el teniente.
Pese a que existe una orden judicial que autoriza la salida del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para participar de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró que no fueron notificados con la decisión.
“Al momento, no conocemos de esa notificación oficialmente en el centro penitenciario (de Chonchocoro)”, sostuvo en entrevista con la estatal Bolivia Tv.
El juez de La Paz, que atendía el caso de presunto amaño de partidos de fútbol, determinó remitir el proceso a jurisdicción de Potosí donde ahora deberá desarrollarse la investigación.
La información fue proporcionada por el abogado de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Cristian Camacho, denunciante en el caso, quien indicó que se está evaluando apelar esta decisión.
El argumento para cambiar de jurisdicción el caso consiste en que el hecho investigado, el partido entre Nacional Potosí y Vaca Díez, se dio en la Villa Imperial.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, podrá salir de la cárcel de Chonchocoro para participar del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) previsto para las 16.00 en la ciudad de La Paz, según la autorización emitida por el juez Juan José Quiroz.
La determinación judicial, emitida la mañana de este miércoles, fue aprobada en atención a la Sentencia Nº20/2023 de Acción de Libertad por el Tribunal Primero de Sentencia Penal resuelta la pasada jornada a solicitud de la defensa de la autoridad cruceña.
