La explosión registrada este jueves en un snack “broastería” en la zona San Luis de El Alto dejó heridas a la propietaria del negocio y su hija de dos años de edad.
Ocurrió en la avenida Litoral, en un domicilio usado para la venta de comida, indicó Jesús Lima, jefe de Bomberos en El Alto.
Según Lima, la explosión ocurrió por la concentración en el ambiente de gas licuado de petróleo.
El hacinamiento en las diferentes cárceles continúa siendo un problema en el país y durante la pasada gestión se logró llegar al 147%, según datos proporcionados por el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
Con relación al 2020, en la administración de Jeanine Añez, se registró un 156%, lo que significa que hubo descenso del 9%.
La Fiscalía imputó al gobernador Santos Quispe por los delitos de uso indebido de bienes públicos y obstrucción a la justicia, por lo cual está solicitando tres meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.
El proceso surgió después de que Quispe fue encontrado en su oficina con latas de cerveza, presuntamente en estado de ebriedad.
Según la imputación, Quispe “estaba consumiendo bebidas alcohólicas, encontrándose latas de cerveza y botellas de singani en los ambientes de oficinas”.
El exministro de Gobierno, Carlos Romero, deslindó responsabilidad sobre la designación y actividades delictivas del coronel Maximiliano Dávila, que era jefe antidroga en su gestión, pero también negó que Evo Morales tenga algo que ver con el policía acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
“Yo no puedo meter las manos al fuego. Lamentablemente, le digo en lo personal, es muy doloroso, porque yo he trabajado realmente por fortalecer a la Policía Boliviana”, dijo Romero consultado sobre Dávila en conferencia de prensa.
Tras el allanamiento y aprehensión de una abogada que habría colaborado con el asesino serial Richard Choque, la Fiscalía corroboró su teoría de la investigación de que operaba un consorcio que favorecía a sentenciados con el mismo “modus operandi”.
La información fue proporcionada por el fiscal Johan Muñoz, a propósito de la aprehensión de la abogada Carmen S., quien habría colaborado para conseguir la libertad de Richard Choque en el juzgado de Rafael Alcón.
La abogada Carmen S. M., quien habría participado en la liberación de Richard Choque, acusado de violación y feminicidio, fue aprehendida la noche de este miércoles por efectivos del orden.
La jurista habría validado el certificado médico que permitió que se pueda tramitar la detención domiciliaria de Choque, pese a tener una sentencia de 30 años sin derecho a indulto por el asesinato de Blanca Ruby Limachi Sirpa en 2013.
No emitió declaraciones a los medios en el momento que fue trasladada hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
La madre y la hermana de Richard Choque, el acusado de violación y feminicidio serial, fueron enviadas este miércoles con detención preventiva en diferentes cárceles por complicidad en los ilícitos vinculados a los asesinatos de dos adolecentes en la ciudad de El Alto.
Según la determinación del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, en audiencia de medidas cautelares, se dispuso que la progenitora sea enviada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF), mientras que la hermana a la cárcel de Miraflores.
Autoridades de Estados Unidos revelaron los cargos que tienen contra el coronel Maximiliano Dávila, exjefe antidroga de Bolivia, quien está acusado de delitos de narcotráfico por los cuales, en ese país, podría ser sentenciado hasta una condena de por vida.
El Departamento de Justicia de EEUU informó este miércoles que se revelaron los cargos contra Dávila radicados en la corte federal de Manhattan en el Estado de Nueva York. Entre otros aspectos, se sindica al policía boliviano de haber acordado el envío de más de mil kilos de cocaína.
Los videos difundidos en redes sociales, donde se ve a un grupo de jóvenes en presuntas actividades ligadas al narcotráfico en una zona del Trópico de Cochabamba es investigado de oficio por el Ministerio Público de Cochabamba.
La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, informó que la indagación fue abierta contra autores por el delito de tráfico de sustancias controladas, según un boletín de prensa.
El Juzgado Público Mixto de la Epi Sur de la ciudad de Cochabamba determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva para los nueve denominados “antivacunas” que fueron aprehendidos por los bloqueos en la avenida Petrolera durante más de 13 días por la abrogatoria de los decretos supremos 4640 y 4641.
La autoridad jurisdiccional determinó para cada uno de ellos la presentación cada semana, arraigo, el pago de una fianza de Bs 30.000, prohibición de comunicarse entre ellos y con los testigos o con cualquier persona que tenga algo que ver con el hecho.