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Según reveló la canciller Karen Longaric, funcionarios del servicio exterior de Bolivia en Argentina testimoniaron que los consulados en ese país fueron utilizados con el objetivo de promover el fraude electoral el pasado 20 de octubre, operado por el entonces cónsul en Buenos Aires, Ademar Valda.

“Se ha recibido un informe amplio de nuestro Encargado de Negocios, que refiere evidencias de que el Consulado de Bolivia en Buenos Aires y los otros consulados sirvieron para promover el fraude”, dijo la canciller en conferencia de prensa.

La justicia determinó este viernes detención domiciliaria para el director nacional del Servicio de Registro Cívico (Sereci), José Antonio Pardo, acusado de ser el encargado del TREP en el caso fraude electoral, informó el fiscal Marco Rodríguez.

El Sereci fue la entidad del Órgano Electoral que albergó el sistema del TREP, el cual es el apuntado como el espacio en que se gestó el fraude electoral a nivel informático,. 

El diputado Tomás Monasterio pidió que el Ministerio Público investigue al exministro Carlos Romero, tras revelarse su nexo con el peruano miembro del MRTA, Martín Serna Ponce, quien trabajó para la campaña del MAS a pesar de tener sentencia condenatoria.

El nexo se descubrió a partir del caso Montero, donde el 30 de octubre hubo un enfrenamiento con dos muertos. Uno de los implicados, enviado este viernes a Palmasola, es el excandidato del MAS a diputado Alpacino Mojica.

La presidenta del Senado, Eva Copa, reveló que en una reunión de Bancada, Adriana Salvatierra mencionó que había renunciando a ser Presidenta del Estado, para evitar que se reactive el caso tractores en que está involucrado su padre. 

En ese marco, pidió al MAS que analice el rol de la senadora en esa “negociación” que significó un cambio de gobernantes, relegando al Instrumento Político.

Tras conocerse el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que habla de masacres en Bolivia, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó el reporte del organismo internacional como “totalmente sesgado”, “vergonzoso” y que favorece al “narcoterrorismo”.

“Nos parece uniforme totalmente sesgado, un informe que no refleja la realidad, informe que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo, no está favoreciendo al pueblo de Bolivia”, dijo Murillo.

El ingeniero Édgar Villegas, conocido por su trabajo en la identificación del fraude electoral, aparece entre los inhabilitados en el proceso de selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En la lista difundida por la Comisión Mixta de Constitución, Villegas aparece inhabilitado por no cumplir el requisito número 3.

El consejo consultivo del comité cívico potosinista (Comcipo) resolvió postular a su presidente Marco Antonio Pumari, quien sin embargo no aceptó a la primera propuesta porque cree necesario buscar  un consenso nacional para lanzar una posible candidatura a la presidencia o vicepresidencia.

El ingeniero informático Edgar Villegas Alvarado que alcanzó visibilidad nacional e internacional por haber dado pistas del fraude electoral cometido el pasado 20 de octubre en las elecciones generales, inscribió su nombre como postulante al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Villegas junto a equipo de ingenieros de la Universidad Mayor de San Andrés, fue el primero en indicar que desde las plataformas informáticas del TSE, se modificaron resultados en favor del MAS y en desmedro del candidato Carlos Mesa quien fue el principal afectado por el fraude.

Veintiocho días después de alzar como trofeo la renuncia de Evo Morales, aquel 10 de noviembre, y tres días después pisar los balcones de Palacio de Gobierno junto a la presidenta de transición Jeanine Añez, los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, acaban el idilio del binomio presidencial y toman caminos diferentes.

La presidenta de transición Jeanine Áñez y el expresidente cívico de Sanata Cruz Luis Fernando Camacho fueron denunciados por terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad ante la jueza María Romilda Servini a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Buenos Aires.

Los denunciantes Daniel Segovia del consejo de política indígena de Argentina y Víctor Gutiérrez, diputado nacional opositor, con el patrocinio del abogado Pastor Barragán, solicitaron la detención y extradición para que sean juzgados por los crímenes contra argentinos y bolivianos con documentación argentina.