El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes el acuerdo de financiamiento de 1.900 millones de dólares para Bolivia, habilitando al mismo tiempo un desembolso inmediato de 214 millones.
El acuerdo contempla desembolsos posteriores durante los 36 meses de vigencia del programa acordado con Bolivia, sujetos a la conclusión de las revisiones del programa por parte del FMI.
El Senado aprobó por más de dos tercios el proyecto de ley que modifica el artículo 25 de la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, y establece un mecanismo para la suspensión definitiva del Fiscal General y la designación de un interino.
La norma señala que, cuando el Fiscal General se encuentre formalmente imputado o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables con privación de libertad, la Asamblea podrá disponer su suspensión definitiva con dos tercios de los votos de los asambleístas presentes.
La Fiscalía informó de un presunto hecho de feminicidio que se registró en el municipio de Tiquipaya en Cochabamba, donde la víctima es una mujer de 57 años de edad.
Con este caso suman 65 los feminicidios registrados este año. La Paz es el departamento con más hechos con 21, seguido de Cochabamba con 13 y Santa Cruz con 11.
Respecto al último caso, la muerte ocurrió en la zona Montesillo Bajo y se conoció la madrugada del 1 de octubre.
El cuerpo de la víctima fue encontrado con evidentes lesiones y manchas hemáticas en la ropa y diferentes ambientes
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por más de dos tercios una resolución que pone en marcha un trámite acelerado para modificar el artículo 25 de la Ley 260 del Ministerio Público, en medio de la controversia sobre la situación del fiscal general Roger Mariaca.
La resolución dispone que ambas cámaras convoquen e instalen “de manera inmediata” sesiones plenarias permanentes por tiempo y materia, aplicando la dispensación de trámite que corresponda para trabajar de manera coordinada y garantizar el tratamiento “oportuno y prioritario” del proyecto.
El Ministerio Público, mediante un fiscal de materia, ha emitido una imputación formal en contra del fiscal general Roger Mariaca, además de otras tres personas por el delito de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
Además de Mariaca, están imputado el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y el policía Rubén Aparicio.
En la imputación, se solicita la detención preventiva de los cuatro por el lapso de seis meses en el penal de San Pedro y el de Patacamaya de La Paz.
La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades a actuar con responsabilidad institucional y mesura ante la situación que atraviesa el Ministerio Público, con el objetivo de evitar acciones que interfieran en su funcionamiento o generen incertidumbre en la ciudadanía.
El pronunciamiento se da luego de la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca y algunos de sus colaboradores, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Esa situación ha generado dudas sobre quién asume el cargo y susceptibilidad dentro del Ministerio Público.
Un juez determinó este viernes denegar la Acción de Libertad que había presentado el fiscal Martín Irusta, implicado en la presunta trama de facilitación del narcotráfico y corrupción en la Fiscalía encabezada por Roger Mariaca.
El recurso se había presentado contra el ministro de Gobierno y la Policía, por la aprehensión ejecutada contra el fiscal.
La autoridad judicial argumentó que el accionante debía agotar primero otras instancias, además de observar una falta de argumentos para considerar la tutela.
La Asamblea Legislativa sesiona este viernes para abordar la situación del fiscal general Roger Mariaca, en medio de denuncias sobre una supuesta compra de votos con dinero del narcotráfico y cuestionamientos vinculados al denominado “Escudo de las Américas”.
“Desde ayer han vuelto a surgir los mismos rumores de que quieren comprar votos con dinero del narcotráfico para seguir manteniendo intacto el mismo esquema”, afirmó el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien pidió a los legisladores definir si respaldan una transformación de la justicia.
El Gobierno denunció este viernes que volvieron a surgir rumores sobre una supuesta compra de votos de asambleístas con dinero proveniente del narcotráfico, en vísperas de la sesión de la Asamblea Legislativa convocada para abordar la situación del Ministerio Público tras la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca.
El vocero presidencial José Luis Galvez afirmó que la elección del fiscal general en la anterior gestión habría estado vinculada, según “rumores y la información”, con supuestos sobornos a algunos asambleístas.
El vicepresidente Edmand Lara, aún de viaje en España, denunció que estaría siendo objeto de un plan para involucrarlo en un caso montado y proceder a su aprehensión, por lo que afirmó temer por su integridad física y su vida.
En un comunicado, Lara señaló que ha recibido advertencias de personas del entorno del Órgano Ejecutivo que, según afirmó, buscarían amedrentarlo por sus posiciones en defensa de la Constitución y la democracia.
"Temo por mi integridad física y por mi vida", señaló.
