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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado boliviano y dio el plazo de una semana para poder brindar información sobre la situación de la expresidenta Jeanine Añez, actualmente detenida en la cárcel de Miraflores.

La notificación fue enviada este 31 de agosto al canciller Rogelio Mayta en el marco de la solicitud de medidas cautelares que solicitó Juan Carlos Gutiérrez, defensa de la exmandataria, con lo que se busca solicitar a un Estado que “proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, planteó este miércoles los ejes y acciones estructurales que plantea el gobierno para realizar transformaciones en el sistema de justicia, sin embargo, aclaró que la reforma judicial no incluye pedir las renuncias de autoridades de la Fiscalía y Órgano Judicial.        

“La reforma no es pedirle al fiscal que se vaya a su casa, ni pedirle a los magistrados que renuncien. La reforma es más profunda”, dijo el Ministro en conferencia de prensa. 

La Policía investiga la muerte de una persona cuyo cuerpo fue mutilado en la ciudad de El Alto.

El comandante Jhonny Aguilera indicó que la mañana de este miércoles se encontró, envueltas en bolsas plásticas con cinta Masking, cinco partes desmembradas del cuerpo, en la zona Bella Vista. 

Hasta iniciar la tarde, la Policía logró encontrar extermidades y la cabeza de la víctima, pero se seguía buscando el tronco. 

La defensa de Jeanine Añez informó este miércoles que, en el marco del proceso por terrorismo, sedición conspiración contra la exmandataria, el juez del caso rechazó realizar una audiencia de cesación a la detención preventiva, por lo cual se acudirá a una Acción de Libertad para que se ordene realizar la misma.

La defensa de la exmandataria busca su libertad, bajo el argumento de los certificados médicos que evidencian un deteriorado estado de salud mental y física. 

El ejecutivo nacional del Magisterio Rural, Andrés Huayta, insistió en que la autoridades analicen la posibilidad de vacunar contra la COVID-19 a los escolares menores de edad y que haya una respuesta este septiembre, cuando por cronograma debe iniciar el tercer trimestre de clases.

Hasta este martes, un total de 6.019.660 vacunas fueron aplicadas con las diferentes vacunas contra el coronavirus en todo el país entre la primera y segunda dosis, según el Ministerio de Salud y Deportes.

Los datos oficiales señalan que las primeras dosis fueron 3.253.313 en tanto que en las segundas dosis se llegó a un total de 2.766.347.

Durante esta jornada se logró inmunizar a 69.528 personas en todo al país. Según el reporte de inmunización, se aplicaron 6.019.660 dosis de Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer.

De “mentirosos”, así calificó el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, a quienes señalan que se delegó a los municipios la función de contratar personal en salud para el primer y segundo nivel y aseguró que esa facultad sigue siendo competencia del Gobierno.

El 26 de agosto, representantes de las comunas de La Paz, Tarija, Cobija y Cochabamba anunciaron no acatar la Resolución Ministerial 251 del 30 de junio de 2021 ya que vulneraría la Ley Marco de Autonomías y la Constitución Política del Estado.

Fuente: AFP

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este martes sobre la posibilidad de “una catástrofe humanitaria” en Afganistán y pidió fondos para ese país tras la partida de las fuerzas estadounidenses.

“Una catástrofe humanitaria se avecina”, destacó Guterres en un comunicado, en el que mencionó “el agravamiento de la crisis humanitaria y económica» y la «amenaza de un colapso total de los servicios básicos”.

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, se sumó a las críticas a los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) por “no haber dicho nada” por todas las víctimas y heridos durante la crisis de 2019.

“Se va a dar, estoy seguro que se va a dar”. Así el líder de los propietarios de autos indocumentados a nivel nacional, Rubén Ferrufino, expresó su optimismo de que se vaya a aprobar una ley para la legalización que exige este sector.

Sin embargo, aclaró que sería la última vez que comete el “error” de adquirir un vehículo indocumentado, porque su sector ha sido “mal visto” por la población y se lo ha tildado como si fuera “cabecilla” de una mafia organizada.