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“Mientras sube el número de contagiados en Bolivia, no conviene realizar las elecciones”. Así el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Monseñor Ricardo Centellas, ratificó la posición de la Iglesia Católica respecto a la fecha de elecciones que está prevista para el 6 de septiembre.

Centellas argumentó que, si se quiere apostar a una democracia consolidada, se tiene que velar por la participación, pero si la cantidad de infectados de COVID-19 supera los 100 mil, el ausentismo tendrá un alto porcentaje.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que ha aprobado un préstamo de 130 millones de dólares para Bolivia, con el objetivo de apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), frente a la crisis de la COVID-19.

El programa de defensa del tejido productivo, según el BID, espera beneficiar como mínimo a aproximadamente 12 mil MiPyME afectadas por la crisis, mediante créditos que se otorgarán a través de las Instituciones Financieras elegibles.

La situación es más crítica de lo que aparenta, aseguró el politólogo José Orlando Peralta y se pronunció por reprogramar la fecha de las elecciones por una cuestión de “sentido común”.

En contacto con Erbol, desde la ciudad de Santa Cruz, dijo que los medios de comunicación no han logrado reflejar la magnitud de la situación que se vive en ese departamento, “es desesperante y angustiante, otra cosa es estar aquí, hay gente que no reporta el contagio, se automedica, se muere y se entierra en cementerios clandestinos”.

El Ministerio de Salud reportó este 22 de julio un total de 1.778 contagios nuevos de coronavirus en el país, lo que elevó a 64.135 el número acumulado de casos positivos, mientras que la cifra de pacientes recuperados llegó a 19.721.

Esta jornada el departamento de La Paz registró 788 nuevos contagios, Santa Cruz 513, Cochabamba 193, Pando 87, Oruro 85, Potosí 61, Chuquisaca 36, Beni 10 y Tarija 5.

El senador del MAS, Omar Aguilar, fue ingresado este miércoles al Hospital Santa Bárbara de Sucre, donde se determinó que requiere de soporte de oxígeno debido a su situación de salud, informó la directora del centro médico, Melissa Moore.

El coronavirus llegó hasta el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de Sucre, causando varias muertes y bajas en el personal de salud del centro médico. 

“Nuestros compañeros están cayendo poco a poco, nuestros pacientes viven em este centro y necesitan ayuda”, expresó llorando Teófila Diaz, representante de los dependientes del Psiquiátrico.    

De acuerdo a los últimos datos, se tiene que 16 funcionarios dieron positivo por la COVID y adicionalmente también dos pacientes. 

Tras un mes de estar convaleciente por la COVID-19, el diputado Amílcar Barral fue dado de alta este miércoles del centro de aislamiento de la ciudad de La Paz.

“Tenía 20% de posibilidades de vivir y aquí estamos”, manifestó Barral en un momento emotivo ya en vía pública, fuera del centro de aislamiento.

El parlamentario contó el drama que pasó en la internación. Relató su lucha para conseguir plasma, el haber tenido la seguridad de que iba a morir y que incluso el médico que lo atendía falleció por COVID.

El director de Migración, Marcel Rivas, informó este miércoles que durante la pandemia se registró el ingreso al país de más de 14 mil “repatriados”, mientras que 19 mil ciudadanos extranjeros abandonaron Bolivia.

Los datos son desde marzo hasta el 22 de junio, indicó Rivas.

Precisó que los bolivianos o residentes repatriados suman 14.342, de los cuales 10.234 regresaron al país por vía terrestre y 4.108 a través de vuelos.

Funcionarios policiales de la ciudad de El Alto, por un lado, y de la Defensoría del Pueblo en dicha urbe alertaron que se están agotando los recursos e insumos de bioseguridad para realizar el levantamiento legal de los cuerpos de los fallecidos con sospecha de coronavirus.  

“El material debe ser especial; estamos agotando los recursos (…), como unidad investigativa hemos agotado los recursos de bioseguridad”, dijo el coronel Walter Sossa director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) remitió una carta al Gobierno reiterando que el crédito de $us327 millones no tiene condicionamientos, informó el Ministerio de Economía.