Sección

El exministro de Desarrollo Rural César Cocarico se constituye a partir de este sábado en el segundo ministro del gabinete del expresidente Evo Morales que va detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro de La Paz.

El fiscal Alexis Vilela lo imputó por nombramiento ilegal del director del INRA Juan Carlos León, quien no habría reunido los requisitos para asumir el cargo por falta de un  título profesional de abogado. El juez de turno aceptó los criterios del Ministerio Público y resolvió por la extrema medida de la privación de libertad.

El ministro de Gobierno Arturo Murillo en una evaluación preliminar afirmó que “hay mucho daño económico” en la población de Tiquipaya por el desastre sufrido la noche del viernes y lamentó que algunas autoridades municipales y de la gobernación no hayan trabajado a tiempo para prevenirlo.

Celebró que no haya pérdida de vidas humanas pero dijo que es triste ver a gente desesperada en medio del lodo y la inundación de sus casas.

El ministro de Defensa Fernando López informó este sábado que cerca de 42 personas fueron rescatadas de sus viviendas en operativos realizados en la ciudad Tiquipaya, Cochabamba, afectada desde la noche del viernes por una inmensa mazamorra a raíz del desborde del río Taquiña, provocando la inundación de varias viviendas.

Explicó que la situación es compleja por la crecida permanente del río y que se ordenó la evacuación de todas las viviendas aledañas a dos cuadras del cauce.

El Juzgado Tercero de Instrucción Penal y Anticorrupción de Santa Cruz ordenó la detención preventiva de cinco efectivos policiales del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) en el penal de Palmasola, por presuntamente extorsionar a cuatro ciudadanos de nacionalidad brasileña con aproximadamente 50.000 dólares americanos.

Otra vez la mazamorra causada por la crecida del río Taquiña ha vuelto a aquejar a las familias de Tiquipaya. Al finalizar la tarde de este viernes, el lodo ingresó de nuevo al sector poblado dañando viviendas y sus enseres, reportó radio Kancha Parlaspa de la Red ERBOL.

El lodo arrastró catres, calaminas, paredes y cubrió parte de los domicilios afectados.

La juez cuarta anticorrupción de La Paz dispuso que la ex subgerente de Recursos Humanos de ENTEL, Rocío Escobar, sea enviada a la cárcel de Obrajes con detención preventiva, acusada por el pago irregular de finiquitos.

El plazo de la detención es de seis meses, mientras se desarrolla la investigación.

Con Escobar, ya son dos exejecutivos de ENTEL que son encarcelados con detención preventiva. El primero fue el exgerente de Finanzas, Marcelo Stelzer, quien fue enviado al penal de San Pedro.

Un varón adulto de aproximadamente 52 años de edad perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, en un ataque que sufrió en una avenida de una zona residencial de la ciudad de Santa Cruz.

El hecho sucedió avanzada la mañana de este viernes en inmediaciones del Tercer Anillo y canal Isuto, una zona de viviendas y oficinas aledaña al barrio de Equipetrol.   

La Policía presume un ajuste de cuentas, según reportó el canal estatal. 

Entre las causales para la inhabilitación de Diego Pary como candidato a senador por el MAS, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) consideró que el excanciller no cumplía con la residencia permanente, porque ni siquiera está inscrito para votar en Potosí, departamento por el cual postulaba.   

Tras conocerse la aprehensión de Cesar Cocarico, exministro de Desarrollo Rural del último gobierno del MAS, el actual Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió que no se califique el hecho como un acto de persecución política   

“No digan que es persecución política, por el amor de Dios”, observó el ministro ante los periodistas, en una rueda de prensa brindada en la ciudad de Santa Cruz.

Murillo señaló que Cocarico “es otro de los detenidos y denunciados por gravísimos actos de corrupción en el tema de tierras”.

Tras ser inhabilitado como candidato a senador, Evo Morales desde Argentina aseveró que se trata de un “error jurídico” de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ante lo cual sus abogados aconsejaron al exmandatario a acudir a instancias nacionales de Bolivia e internacionales para “proteger” su derecho.

Morales fue inhabilitado por parte del TSE debido a que no cumple el requisito de residencia permanente en los dos años inmediatos anteriores al día de la votación.