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Alcides Mendoza, detenido por varios años en el caso denominado “terrorismo” cuyas acusaciones fueran retiradas por la Fiscalía el pasado martes, aseveró que varias exautoridades del gobierno de Evo Morales, jefes policiales, el exfiscal Marcelo Soza y sus agentes, lo visitaron en la cárcel para ofrecerle beneficios económicos a cambio de que se auto-incrimine como culpable.

“Nos visitaban constantemente para que nos incriminemos para un proceso abreviado”, dijo Mendoza, en el programa La Mañana en Directo de la red ERBOL.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó a Evo Morales de haber mentido con la versión de que su Libreta Militar fue secuestrada cuando se detuvo a su abogada, Patricia Hermosa.

Como argumento, Murillo exhibió las actas de detención y secuestro de objetos que se levantaron en este caso.

Según el Ministro, en el acta de elementos colectados se señala que la misma “Patricia Hermosa Gutiérrez, la detenida, hace referencia que no se encuentra la Libreta de servicio Militar apoderado original ni fotocopia”.

La Comisión de Ética admitió la denuncia que presentó la diputada del MAS, Clery Vargas, contra sus colegas de bancada Sonia Brito y Brígida Quiroga, a quienes acusó de haberla presionado para aprobar la Ley de Garantías.

La denunciante afirmó que Brito la presionó enviándole un video del hermano de Víctor Borda, quien postrado en cama relata que fue agredido y que su casa quemada durante la convulsión de noviembre. Según Vargas, Brito acompañó ese video con un mensaje en el cual le decía que eso mismo les pasaría si no aprueban la Ley de Garantías.

El Ministerio de Justicia presentó una denuncia contra la militante del MAS, Dora Vallejos Vallejos, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de 150 millones de dólares, que sería el monto de sus bienes y movimiento de dinero.

La sede del Organismo Operativo de Tránsito de la ciudad de El Alto será demolida debido al daño estructural que sufrió durante la convulsión social de noviembre, informó el coronel Osvaldo Fuentes, director de dicha unidad policial.

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció que se analizará si reactiva el caso de Álvaro García Linera, quien firmó como licenciado en la universidad pública, a pesar de que no tenía título profesional.     

Indicó que el caso será analizado cuando llegue el momento de ver el tema de los títulos universitarios.

El diputado Tomás Monasterio entregó una nota y documentos de respaldo ante la Embajada de Estados Unidos, solicitando que la DEA (Administración para el Control de Drogas) abra una investigación contra Evo Morales por el deleito de narcotráfico.

Monasterio aclaró que no está pidiendo que la DEA vuelva a Bolivia, sino que inicie una investigación internacional sobre Morales.

El senador del MAS, Omar Aguilar, manifestó que junto a Eva Copa fueron “vetados” desde Argentina por Evo Morales, respecto a la conformación de la lista de candidatos del Instrumento Político.   

“Bueno del caso de Eva Copa, mi persona y algún diputado más, hemos conocido que prácticamente habríamos sido vetados por Evo Morales desde Argentina. Respetamos y seguramente hay alguna decisión política respecto a este tema”, dijo Aguilar en contacto con ERBOL.

Tras las críticas surgidas luego de que el fin de semana la Policía detuviera a dos exautoridades del gobierno del MAS que ya tenían salvoconductos para viajar a México, la Cancillería emitió un comunicado en el que aclara, entre otras cosas, que la Canciller Karen Longaric no decide la concesión de salvoconductos.

“La Canciller no decide sobre la emisión de salvoconductos ni le corresponde determinar quiénes serán sus portadores”, apunta el comunicado.

La Fiscalía registró el caso número 17 de feminicidio en el país durante este 2020. La víctima es una mujer de 31 años de edad que fue encontrada sin vida con 18 puñaladas en la puerta de su domicilio en el municipio de Vinto, departamento de Cochabamba.

La pareja de la víctima, y presunto autor del feminicidio, fue encontrado colgado de una viga dentro de su inmueble.