El Gobierno anunció que convocará un Comité de Salvaguarda de las Danzas como Patrimonio Cultura de Bolivia y acudirá a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para solicitar la protección internacional de las danzas bolivianas.
En medio de la polémica en Bolivia por la declaratoria de la morenada como Patrimonio Cultural del Perú, el Ministerio de Cultura de ese país respondió que esa distinción no significa “el derecho de exclusividad o de denominación de origen de la danza”.
Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el Gobierno del vecino país afirma que la distinción promulgada se ajusta a las normas de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, ratificada por el Perú en el año 2005.
Los países de la Comunidad Andina (CAN) aprobaron este miércoles el Estatuto Migratorio Andino, el cual regula el derecho comunitario de circulación y establece la residencia temporal y permanente para los ciudadanos andinos y sus familiares en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Al menos tres puntos de bloqueo ubicados en los sectores de Vilaque, Huarina y Laja por parte del transporte pesado nacional e internacional fueron reportados por la Policía. Debido a esta situación, desde la Terminal de Buses fueron suspendidas las salidas de las flotas.
Los sectores afiliados al transporte pesado activaron medidas de presión en las vías de al menos cuatro departamentos en contra de la reactivación del transporte de carga férrea entre Arica – Viacha ya que podría afectar a su sector.
La Fiscalía informó este miércoles que se procedió a la aprehensión de un militar acusado por agredir a un conscripto de unos 17 años de edad, en el cuartel de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) de la ciudad de El Alto.
El fiscal Fernando Atanasio indicó que la agresión se registró el 28 de abril. Reveló que, luego de recibir el golpe, el soldado se desvaneció cayendo de cabeza al suelo, lo cual le causó lesiones de consideración.
La agrupación Jallalla no se da por vencida en sus medidas contra el gobernador Santos Quispe, a quien acusa de “traidor” por romper el pacto que tenían. Integrantes de esa organización política tienen un piquete de huelga de hambre en su tercer día con amenaza de radicalizarse, mientras que su líder Leopoldo Chui persiste con declaraciones públicas en contra de la autoridad y sus aliados.
En la localidad de Betanzos en Potosí, la Justicia determinó enviar a la cárcel con detención preventiva al conductor de una camión basurero, que el pasado lunes atropelló a una niña de 10 años, quien falleció a causa del hecho, reportó el periodista Jorge Peñaranda para ERBOL.
El caso generó conmoción en Betanzos, donde una multitud se movilizó el martes para dar el último adiós a la niña Aylen, en su entierro.
En medio de la polémica desatada, la Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados decidió congelar el tratamiento del proyecto de ley que busca gravar con el impuesto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales.
La diputada del MAS, Bertha Acarapi, informó que mientras exista un proceso de socialización no se continuará con el tratamiento de la norma en cuestión que recibió el rechazo de varios sectores, entre ellos, la Central Obrera Boliviana (COB).
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, envió una carta al presidente Luis Arce donde le solicita una reunión con el objetivo de tratar asuntos relacionados a la salud en la atención a la pandemia del COVID-19, reactivación económica y el Censo Nacional.
La misiva se dio luego que el ministro de Salud, Jeyson Auza, haya comenzado reuniones con autoridades del subnacionales de La Paz para trazar las estrategias que permitan enfrentar el rebrote de la pandemia.
En medio de la polémica por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el Gobierno pretende cobrar a los servicios digitales, el Ministerio de Economía aclaró que el tributo no será cobrado a los usos gratuitos de las plataformas y, además reveló que ya se tiene un directorio de empresas que serán invitadas a pagarlo.
La controversia surge porque opositores y analistas alertaron que la carga del impuesto será para los usuarios de los servicios digitales, sin embargo, también se generó incertidumbre sobre los servicios sujetos del pago.