COORDINADORA DE LA MUJER

Un análisis del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer sobre las candidaturas rumbo a las elecciones subnacionales 2026 revela que, si bien la paridad avanza en las listas para cargos legislativos, las mujeres continúan siendo sistemáticamente excluidas de los ejecutivos, donde se concentran las principales decisiones de poder.

El informe, basado en listas de candidaturas registradas por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) hasta el 26 de diciembre de 2025, muestra que en cargos para concejales/as, asambleístas departamentales y asambleístas regionales se registra una participación de mujeres igual o superior al 50%, lo que evidencia que la normativa de paridad y alternancia es efectiva cuando su aplicación es obligatoria y verificable.

No obstante, este avance no se traslada a las candidaturas para cargos ejecutivos. Para alcaldes o alcaldesas, 126 organizaciones políticas presentaron candidaturas en todo el país —no se incluye a Potosí, debido a que el Tribunal Electoral Departamental (TED) no publicó candidaturas desagregadas por sexo—, registrando un total de 2.624 postulaciones, de las cuales 2.131 corresponden a hombres (81,2%) y solo 493 a mujeres (18,8%). Es decir, sólo dos de cada 10 aspirantes a este tipo de cargo son mujeres.

La brecha es aún más profunda en las candidaturas a gobernador o gobernadora: 56 organizaciones políticas presentaron candidaturas, 83 de hombres (88%) y 11 de mujeres (12%), confirmando que el acceso de las mujeres a los máximos cargos ejecutivos departamentales sigue siendo excepcional. Entre las organizaciones políticas que apostaron por una mujer como gobernadora están MTS, CPEMB y NACER en Beni; Unidos y FRI, en Cochabamba; en Oruro, UCS y Súmate; en Pando, MDA, MTS y Libre; en La Paz, Vida.

“Los datos confirman una realidad persistente: la paridad se cumple en el papel, pero no en el acceso real al poder. Los cargos ejecutivos siguen siendo espacios cerrados para las mujeres”, lamentó Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.

Asimismo, el análisis identifica incumplimientos técnicos y normativos en el encabezamiento de listas y en la aplicación de la alternancia en varios departamentos, lo que evidencia debilidades en el control efectivo de la paridad. En los departamentos con número par de municipios, donde la norma exige que al menos la mitad de las listas de candidaturas sean encabezadas por mujeres, si bien la mayoría de las organizaciones políticas cumple formalmente este requisito, se registran incumplimientos puntuales, como el caso de NGP en el municipio de Tarabuco, Chuquisaca, donde se presentaron listas con candidaturas de mujeres que no encabezaban las postulaciones al legislativo.

En los departamentos con un número impar de municipios, la norma establece que al menos la mitad más uno de las listas debe estar encabezada por mujeres. Sin embargo, el cumplimiento de este requisito es irregular y varias organizaciones políticas no alcanzan el mínimo exigido. En Santa Cruz, por ejemplo, Alianza Unidos por los Pueblos, Movimiento Tercer Sistema y Primero Santa Cruz aseguran una participación de mujeres igual o superior al 50% en el total de sus listas para asambleístas departamentales; no obstante, se detectaron casos en los que no se respeta de manera sostenida la alternancia establecida en el reglamento, especialmente en el orden y encabezamiento de las candidaturas titulares.

Inhabilitaciones

Del total de 34.894 candidaturas registradas tanto para concejalas y concejales municipales, asambleístas departamentales y ejecutivos departamentales y regionales, 26.636 (76%) presentan observaciones que derivaron en su inhabilitación, mientras que solo 8.258 (24%) fueron habilitadas, de acuerdo con datos del OEP difundidos el 10 de enero.

Entre las principales causales destaca la falta del certificado de no violencia, que representa alrededor del 12% de las inhabilitaciones para cargos de alcalde o alcaldesa, concejal y concejala, y asambleísta departamental, demostrando que los filtros contra la violencia política tienen un impacto concreto en la depuración de las listas.

Desde la Coordinadora de la Mujer, a tiempo de recordar que el 5 de febrero vence el plazo para la sustitución de candidaturas inhabilitadas, subrayaron que el OEP tiene como una de sus responsabilidades vigilar y garantizar la paridad y alternancia durante todo el proceso electoral.

Finalmente, destacaron que la democracia paritaria no se alcanza mientras persistan brechas en los cargos ejecutivos. En ese marco, exhortaron al OEP y a las organizaciones políticas a cumplir efectivamente la normativa vigente que garantiza los derechos políticos de las mujeres y reafirmaron que, desde sociedad civil, continuarán realizando seguimiento y vigilancia al proceso electoral.//