El Gran Consejo Tsimane perdió su sede construida en la ciudad de San Borja, luego del remate y subasta pública dentro un juicio ejecutivo iniciado por un arquitecto de La Paz, quien reclama el pago de honorarios profesionales en el marco de un contrato de orden privado que data del año 2012.

El remate fue verificado el 17 de febrero y recién se conoció públicamente el pasado 13 de abril en San Borja. La orden vino de la Juez Público Comercial Primero, Mery Luz Deniz Suárez, a instancia del principal acreedor, el arquitecto Franklin Ortega Camacho, quien luego de la primera y segunda convocatoria, se presentó como mejor postor y se adjudicó el inmueble.

Según el acta de adjudicación, el bien está construido en una superficie de 10.000 metros cuadrados y el avalúo pericial alcanza a 4.037.621 de bolivianos y con la rebaja del 20% de acuerdo a ley, la subasta fue adjudicada en 3.237.097 bolivianos en la tercera convocatoria de remate. 

No se conoce el monto de la deuda por el cual se inició el proceso ejecutivo en contra de la organización indígena representada por Edgar Nate Roca, quien estuvo ausente el día de la subasta.

Erbol se contactó con el abogado demandante Juan Ferreira Monasterios, quien al momento de la entrevista dijo no acordarse el monto de la deuda que dio lugar a un proceso instaurado el año 2017, tiempo el cual pasaron otros abogados y que él sólo acompañó en la recta final del juicio.

Se conoce que dirigentes del Gran Consejo Tsimane contrataron al arquitecto Ortega el año 2012 para realizar tres proyectos a diseño final, entre ellos, la remodelación de la nueva sede que fue entregada el 13 de agosto de 2018 por Evo Morales, con una inversión de 3.5 millones de bolivianos. El digital “Voces de mi Tierra” de San Borja asegura que la obra fue construida por la UPRE.

El presidente del Gran Consejo Chimán Carlos Saravia, declaró a Erbol que nunca supieron ni vieron el trabajo realizado por el profesional que reclama el pago de honorarios, por lo que dijo desconocer los motivos de la demanda y el monto que se adeuda.

Este sábado, efectivos policiales se constituyeron en las afueras de la sede en San Borja, situación que llamó la atención de los dirigentes porque creyeron que iban a ser desalojados y se anticiparon a denunciar abusos de parte de la autoridad policial.

Sin embargo, el motivo de la presencia policial no fue ese, sino que la Policía Boliviana acudió para ejecutar un mandamiento de aprehensión contra los dirigentes, por un proceso laboral distinto, donde un extrabajador reclama el cobro de beneficios sociales.

En San Borja se conoce que los dirigentes indígenas optan por burlar a la justicia, cambiando en cada proceso al representante legal, a fin de dilatar el juicio y evitar la aprehensión, mientras el buscado gana tiempo para ponerse a buen recaudo en su comunidad de origen.

Mientras los dirigentes insisten en desconocer la deuda al arquitecto paceño, el proceso de desapoderamiento avanza a fin de concretar en Derechos Reales el cambio del título de propiedad del bien inmueble, donde aún permanecen algunos indígenas chimanes.