Seguridad

Durante su audiencia de acción de libertad al que se le fue negada, Jeanine Añez nuevamente reafirmó su inocencia y aseguró que mientras estuvo en la presidencia del país no mató a nadie ni tampoco dijo que ordenaría hacerlo; además, se declaró una mujer de fe.

La exmandataria, detenida en la cárcel de Miraflores, hizo un repaso a la manera que fue aprehendida en Trinidad y cuestionó que la Fiscalía y Policía se encuentren “empecinados” en decir que pretendió huir del país. Dijo que si esa hubiera sido su intención, ya lo habría hecho en diciembre, enero o febrero de este año.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que ya existe un proyecto para la derogación Decreto Supremo 4461, que brindó amnistía e indulto a “perseguidos” políticos y que fue observado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), debido a que podría proteger a perpetradores de graves violaciones a derechos humanos.

El fiscal Junior Flores requirió formalmente al periódico Página Siete que le proporcione información respecto a una nota de prensa sobre presuntos hechos irregulares en el Ministerio de Educación.       

Según el documento, la información requerida se refiere a una nota de prensa publicada por dicho periódico en julio. En la misma se menciona un informe de Inteligencia sobre una presunta coordinación para que se emita un sobreseimiento beneficiando a un funcionario del Ministerio de Educación, acusado de uso indebido de bienes. 

La Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana fue promulgada por el presidente Luis Arce el 16 de agosto. La norma incluye al Ministro de Gobierno dentro de la estructura orgánica del mando de la institución del orden.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó el último paso que restaba para poner en vigencia a la iniciativa legal que, inicialmente, fue sancionada por la Cámara de Senadores el pasado 5 de agosto.

La Fiscalía boliviana calificó de “prófugo” al exviceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado, quien recientemente ingresó a Chile de manera ilegal y que fue rescatado en ese país deshidratado y con hipotermia en la zona fronteriza.

La fiscal Martha López informó que Peinada tendría que cumplir una detención domiciliaria por el caso Papelbol, pero es un “prófugo” al haber salido del país.

Respecto al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló que durante el periodo de Jeanine Añez hubo una participación activa del gobierno en la violación de derechos humanos, en cambio en el mandato de Evo Morales las vulneraciones fueron por inacción de la Policía o uso excesivo de gases lacrimógenos.   

(Nota de prensa Fiscalía)

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, sostuvo hoy una reunión con la representación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes entregaron de forma oficial el informe final sobre los hechos de violencia registrados entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, en ese encuentro, la autoridad garantizó que se trabajará para que los casos no queden en la impunidad y que se haga justicia. 

Eduardo Peinado, exviceministro de la Mediana, Gran Empresa e Industria de la gestión de Evo Morales, fue rescatado por autoridades chilenas en un sector desierto del norte de ese país y, además, pidió asilo alegando que es perseguido.

La delegada presidencial de El Loa, María Bernarda Jopia, señaló que el boliviano fue rescatado el lunes desde el sector del Volcán Licancabur, en San Pedro de Atacama.

Una nueva salida de la cárcel para exámenes médicos aumentó la controversia respecto a la salud de Jeanine Añez. La exmandataria fue llevada al Hospital del Norte para una tomografía, sin embargo, su defensa y familia denunciaron atropellos y tortura física y psicológica.

La Fiscalía, en reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que analizó las investigaciones sobre los hechos de 2019, argumentó que la falta de solvencia en algunos casos se debió a la pandemia y que autoridades del gobierno anterior eran reticentes a brindar información y hasta presionaban a víctimas para que tampoco brinden datos al Ministerio Público.