El exfiscal del caso Martín Belaunde, Anghelo Saravia, reveló las irregularidades, sospechas y acusaciones que se tejieron en los entretelones del bullado paso del empresario peruano que entre 2014 y 2015 vino a Bolivia para intentar obtener un refugio político, pero después trató de escapar cuando estaba por ser extraditado a su país.
Por decisión judicial, los fiscales Ronald Chávez y Mónica de la Riva fueron enviados a la cárcel, con detención preventiva, acusados de favorecer al informático Sergio Martínez, uno de los principales acusados del caso fraude electoral, y quien registró su salida del país el jueves pasado.
La fiscal Mónica de la Riva, que es esposa del informático, fue enviada a la cárcel de Obrajes, mientras que Chávez cumplirá la detención en el penal de San Pedro.
Los fiscales Ronald Chávez y Mónica de la Riva fueron aprehendidos este sábado por orden del Fiscal General del Estado, porque no ejecutaron la orden de aprehensión cuando el informático del fraude electoral, Sergio Daniel Martínez Beltrán, se presentó a declarar, no fue detenido y el pasado jueves huyó de Bolivia.
La misión de la ONU desplegada en Bolivia ha documentado hechos de violencia “que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos”, respecto a los sucesos de Sacaba y Senkata.
La información fue divulgada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de una nota de prensa, respecto al trabajo que está realizando en Bolivia.
El Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca determinó enviar al gobernador Esteban Urquizu a la cárcel de San Roque, con detención preventiva, acusado por abandono del cargo.
En una primera instancia. la justicia había determinado sólo la detención domiciliaria de Urquizu, pero la Fiscalía apeló esa decisión bajo el argumento que la investigación podría ser perjudicada si el Gobernador se matuviera libre.
La justicia determinó este jueves que el exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso Mamani, sea enviado a la cárcel de San Pedro, con dentición preventiva, por el caso de fraude electoral.
Con esta decisión, Mamani es el quinto exvocal del TSE que es enviado a la cárcel. Antes fueron recluidos María Eugenia Choque, Antonio Costas, Edgar Gonzales y Lucy Cruz.
El fiscal Ronald Chávez aclaró que Mamani, si bien fue enviado al mismo penal donde está Antonio Costas, debe ser recluido en un sector alejado a éste, para que no tengan contacto.
La Fiscalía anunció que citará a declarar en calidad de testigo al gerente de la empresa Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, dado que fue el encargado del sistema informático del cómputo de las elecciones del 20 octubre, investigadas por presunto fraude electoral.
El fiscal Ronald Chávez indicó que Guzmán de Rojas se encuentra en Rusia y se pretenderá que venga al país para comparecer o, de lo contrario, se pedirá colaboración para enviarle un cuestionario o incluso tomarle la declaración por videoconferencia.
Un accidente, protagonizado por un minibús de servicio público, dejó siete personas heridas en la zona de San Pedro de la ciudad de La Paz, informó el director de Tránsito, coronel Abel Claros.
Según el reporte policial, el minibús bajaba hacia el centro paceño en una ruta desde El Alto. El accidente ocurrió por la calle Nicolás Acosta, cuando el vehículo impactó con un inmueble.
El coronel indicó que los siete heridos fueron auxiliados a centros médicos.
La Gendarmería de Argentina detuvo a una mujer de nacionalidad boliviana, quien fue sorprendida cuando trasladaba paquetes con cocaína ocultos de una compresora de aire.
El hecho tuvo lugar en la provincia de Salta, cuando efectivos intervinieron un bus con dirección a Buenos Aires.
Según reportó Gendarmería, al momento de la inspección, los uniformados solicitaron documentación a la boliviana, quien manifestó no poseer equipaje, sin embargo, entre sus pertenencias se encontró un ticket que contradecía sus dichos.
“A esos que defiendan a narcos y terroristas, se las van a ver con la mano dura del Ministerio de Gobierno”. Así el ministro Arturo Murillo lanzó una advertencia a autoridades judiciales, fiscales, policías y militares.
“Nosotros queremos que los policías, los militares, los jueces y los fiscales se subordinen al pueblo de Bolivia. No queremos que se subordinen a un partido político o a nosotros. No nos interesa aquello, nos interesa que defiendan los intereses de 11 millones de bolivianos, no intereses de narcos ni de terroristas”, señaló el Ministro.