La justicia determinó la detención domiciliaria sin salida laboral para el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, tras una audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del caso coimas.
“El juez determinó la cesación a la detención preventiva, favoreciéndolo con detención domiciliaria que deberá cumplir en Oruro”, informó el abogado Abel Loma a ERBOL.
El viceministro Hernán Paredes informó que la Fiscalía recibió la tercera caja fuerte con objetos vinculada al caso de Sebastián Marset y detalló que la Policía presentó una denuncia para hallar a los responsables de no haber cumplido o haber alterado la cadena de custodia.
“Ayer el comando de la Policía boliviana ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público y está siendo procesada. (…) Ha habido la recepción de la caja (fuerte) por parte de la Fiscalía y está en investigación ese proceso”, afirmó la autoridad.
Una persona de sexo masculino, de 47 años, falleció trágicamente, a consecuencia de un incendio estructural registrado en una vivienda del municipio de Achocalla.
El incendio afectó tres ambientes. Se movilizó a personal de Bomberos que trabajó en el lugar junto con vecinos para sofocar las llamas, informó el subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Javier Salgueiro.
Una maestra de 66 años, con 35 años de servicio en el sistema educativo y sin antecedentes por maltrato a estudiantes, enfrenta ahora un proceso penal. La denuncia fue impulsada por una madre de familia de una unidad educativa de la ciudad de La Paz, quien presuntamente utilizaría a sus hijos para acusar a docentes y luego buscar “acuerdos económicos”, denunció el abogado de la profesora ahora imputada, Abel Loma.
Dos exfuncionarios de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) fueron enviados a prisión tras ser hallados culpables de manipular datos y propuestas económicas en un proceso de contratación en la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), con el fin de favorecer a una empresa constructora en Cochabamba.
Un juez dispuso libertad con fianza de Bs10.000 y otras medidas restrictivas para el representante legal de la empresa Makiber, Fernando M. R., imputado por el delito de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contrato por la construcción Instituto Gastroenterológico en la ciudad de La Paz.
Además de la fianza, el imputado tiene arraigo, la prohibición de acercarse a determinados lugares como el Ministerio de Salud, además de que debe presentarse de manera periódica ante el Ministerio Público, informó el fiscal Wilson Medrano.
Un adolescente de 15 años es investigado por herir con un arma punzocortante a su profesor durante una entrevista sobre su rendimiento académico, realizada junto a sus padres en una unidad educativa de Oruro.
“Cuando le toca el turno a este adolescente, habría reaccionado de manera violenta y procedido a dar dos golpes con el arma punzocortante a la altura del hombro izquierdo”, informó el fiscal Fernando Antezana, de acuerdo con el reporte de Radio Pío XII de la red ERBOL.
Dos profesores, un de música y otro de inglés, fueron aprehendidos por parte de la Policía, después de que fueron denunciados de haber cometido un delito de orden sexual contra una estudiante de 16 años de edad en la ciudad de El Alto.
La denuncia fue presentada por la madre de la víctima y los hechos sucedieron entre los meses de octubre y noviembre de la gestión 2025, informó el director de la FELCV, coronel Ricardo Terrazas.
La unidad de control y fiscalización del Consejo de la Magistratura ya ha intervenido sobre el caso del juez Ángel R.S., quien fue encontrado en una fiesta junto con una mujer condenada por asesinato y con sentencia pendiente de cumplimiento.
La información fue proporcionada por la consejera Gabriela Araoz, quien indicó que la denuncia será puesta a conocimiento de un juez disciplinario para seguir con el proceso.
En su momento ofrecido como un proyecto moderno y de alto impacto para la salud, la construcción del Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel en Salud en La Paz ha terminado en un proceso penal, en el cual se han descubierto no sólo irregularidades en contratos, sino también que el terreno no era apto, generando un daño económico de más de 700 millones de bolivianos.