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La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) advirtió este lunes que la industria nacional de hidrocarburos “se encuentra en el umbral de su supervivencia”, debido a la falta de pagos estatales, la escasez de divisas y la paralización de proyectos.

“La profunda crisis energética que enfrenta y enfrentará el país debe encontrar a la industria hidrocarburífera y al Gobierno trabajando juntos con mucha celeridad, eficiencia y compromiso”, afirmó el presidente de la CBHE, Mariano Ferrari.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre incrementos de hasta 125% en las tarifas del transporte terrestre tras la eliminación de la subvención al diésel y pidió a las autoridades controlar los precios y proteger a los sectores más vulnerables.

“Alertamos sobre los impactos sociales del levantamiento de la subvención al diésel, particularmente en los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al presentar los resultados de una verificación realizada en terminales terrestres del país.

El expresidente y líder del partido Libre, Jorge Tuto Quiroga, emplazó al Estado chileno y al presidente José Antonio Kast a esclarecer el caso “maderas” y determinar si realmente existió cocaína en los cargamentos bolivianos. Advirtió que, si se confirman irregularidades, exigirá justicia, sanciones y resarcimiento económico para Bolivia.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, señaló que durante una reunión entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el presidente Rodrigo Paz se abordó el potencial de una nueva ley de inversiones para abrir paso a capitales estadounidenses en inteligencia artificial, energía verde, hidrocarburos y minería.

El Gobierno abrió mesas técnicas con el sector del transporte para abordar sus demandas y los efectos del Decreto Supremo 5716, que elimina la subvención al diésel, y pidió evitar la confrontación. Los dirigentes, por su parte, señalaron que las explicaciones recibidas no los convencieron y que esperarán propuestas formales antes de definir nuevas medidas.

El vicepresidente Edmand Lara invocó este lunes la sucesión constitucional ante la ausencia temporal del presidente Rodrigo Paz y afirmó que, en ese escenario, corresponde aplicar el artículo 169 de la Constitución.

“A partir de ahora se va a cumplir la Constitución Política del Estado. No es un golpe de Estado, no es desobedecer el Decreto Supremo 5515”, sostuvo Lara al referirse a la aplicación de la norma constitucional frente a la ausencia del Mandatario.

Un foro regional sobre libertades económicas llamó a cerrar la brecha entre las normas y las oportunidades de negocio, al advertir que la complejidad regulatoria, la informalidad y las debilidades institucionales pueden convertirse en obstáculos para el crecimiento empresarial.

La Academia Nacional de Ciencias (ANC) de Bolivia celebrará este 23 de septiembre su aniversario de creación con la realización de la “Primera Conferencia Nacional de Académicos de la ANC” y una sesión de honor en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA).

La institución fue creada mediante el Decreto Supremo 5582, del 23 de septiembre de 1960, con la misión de fomentar la investigación, dignificar al científico y difundir su obra, además de establecer bases para la aplicación y difusión de la ciencia, tecnología e innovación.

Tras la eliminación de la subvención al diésel, el vicepresidente Edmand Lara planteó reducir en 50% los salarios de los funcionarios públicos, desde el Presidente hasta el último servidor estatal, además de recortar cargos y gastos públicos, como medidas para que el costo del ajuste económico no recaiga únicamente sobre la población.

La Confederación de Choferes de Bolivia convocó para este martes a un ampliado nacional en Santa Cruz, donde definirá medidas contra el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel.

“Mañana vamos a estar en ampliado nacional y ese ampliado nacional toma las decisiones y se cumple”, informó su ejecutivo, Lucio Gómez, quien señaló que el sector rechaza categóricamente la nueva norma por considerar que afecta a la población.