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El diputado Amílcar Barral informó este miércoles que ha dado positivo en la prueba PCR para COVID-19.

“Estoy haciendo este anuncio oficial. Ya estamos instalados en el centro de cuarentena. Entiendo que nos tenemos que quedar algo de 14 días, 15 días, pero con seguridad vamos a estar en comunicación. Quiero agradecer de corazón primero a toda mi familia también a toda la gente amigos, compadres, todos los que no se han estado llamando”, manifestó mediante un video.

Los ministros de la Presidencia, Desarrollo Productivo, Economía y Planificación presentaron este miércoles el Programa Nacional de Reactivación del Empleo en rueda de prensa en Casa del Pueblo.

Dentro de ese programa, el Gobierno propuso medidas con el objetivo de proteger 4,5 millones de empleos, con inyección económica con el establecimiento de fondos, inversión, además de medidas de responsabilidad fiscal como la transparencia de empresas públicas, así como reducir la contratación de consultores en línea.

El Gobierno nacional interino pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa (ALP) que autorice mediante una ley que se usen alrededor de Bs13.800 millones para su programa de reactivación de empleo.

Autoridades del Ejecutivo recordaron que dichos recursos estarían inmovilizados en el Banco Central de Bolivia y originalmente estaban destinados a la construcción de la planta de propileno y polipropileno, un proyecto del gobierno anterior.

El líder de la alianza Comunidad Ciudadana y candidato presidencial, Carlos Mesa, reafirmó este miércoles que su única responsabilidad es ganarle a Evo Morales y evitar que el MAS siga gobernado Bolivia para darle al país un gobierno de transformación.

“Mi responsabilidad en democracia y en las elecciones es ganarle al Movimiento Al Socialismo para tener un gobierno de transformación y para evitar que el MAS siga gobernando Bolivia”, aseguró Mesa en su mensaje habitual por redes sociales.

El Comité de “Justicia y Paz”, conformado por el Ministerio de Justicia, admitió un total de 382 denuncias de personas que afirmaron ser víctimas de persecución política-judicial durante el Gobierno del MAS.

Dicha entidad fue establecida a finales de 2019, con el objetivo de recibir denuncias y atender a personas que sufrieron la privación de su libertad o exilio debido a la persecución política mediante mecanismos judiciales, en el periodo entre el 22 de enero de 2006 y el 10 de noviembre de 2019, tiempo en que gobernó Evo Morales.

Un privado de libertad se quitó la vida en su celda de la cárcel de Chonchocoro, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, coronel Walter Sossa.

De acuerdo al reporte de la autoridad policial, el presidiario de 34 años cumplía condena por los delitos graves de infanticidio y parricidio en el mencionado penal de alta seguridad.

El Gobierno presentó este miércoles ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la ciudad de Sucre un recurso de consulta previa de constitucionalidad contra la “Ley de Estados de Excepción”, aprobada por la Asamblea Legislativa.

La consulta fue presentada por los viceministros de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca; de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, y de Transparencia, Guido Melgar.

Tras concluir la reserva del caso respiradores, el Ministerio Público reveló más datos sobre el esquema de irregularidades que hubo en la adquisición. El fiscal Omar Mejillones confirmó que, de acuerdo con la investigación, hubo sobreprecio, pero también reveló que el mecanismo utilizado por los implicados habría sido “desmantelar” los equipos para poner un costo a cada kit.

Después de conocerse que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) lleva adelante un proceso en su contra por presuntos movimientos sospechosos, el Director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas, anunció que levanta su secreto bancario para ser investigado y presentará sus descargos en conferencia de prensa.

Los tres dirigentes afines al MAS, que fueron aprehendidos el martes en Cochabamba, fueron trasladados a la ciudad de La Paz, donde se llevaría adelante su proceso judicial, sin embargo, la defensa de los detenidos rechazó que la causa penal se desarrolle en la sede de Gobierno y anunció que recurrirá esa determinación.