Sin esclusas

“SI NO HABLAN INGLES, EN VANO..."

Patricia Alandia

Hace unas semanas, en la entrega del Bono a la Excelencia a los mejores bachilleres, el presidente Evo Morales, a tiempo de felicitar a los estudiantes beneficiados, les dijo que “algunos son mejores profesionales, pero si no hablan inglés, en vano”. “No solamente es ser mejor profesional, es importante también el inglés”, añadió. Seguramente la mayor parte de la población esta vez coincidirá con nuestro mandatario, pues él refleja, de manera fiel, las actitudes lingüísticas predominantes, cuyas fuentes son sobre todo coloniales.

El inglés indiscutiblemente es una lengua internacional (excluyo el término universal por inadecuado), es decir que es la lengua con más hablantes en el mundo, no solo como lengua materna, sino como segunda o lengua extranjera. Es la lengua del desarrollo científico; se dice que un 80% de las investigaciones científicas se divulga en esta lengua, incluso en países en los que no es la lengua oficial. En consecuencia, es la lengua que vehicula la mayor parte de información a la que podemos acceder en Internet, y, por lo tanto, la lengua común más utilizada en la formación académica.

Esta situación que tiene su origen en la nueva reconfiguración del orden mundial, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ha estado acompañada de una fuerte propaganda mediática que ha calado en las representaciones mentales y, por ende, en las valoraciones que los hablantes realizan de la lengua: “Es la lengua del futuro”, “Abre puertas”, “Todo profesional debe saber inglés”, “El inglés te da un lugar en el mundo”. Por ello, no es de extrañar que nuestro Presidente, al fin y al cabo un mortal más, reproduzca estas representaciones.

Entonces, ¿es una lengua importante en la formación profesional? Sin lugar a dudas. Sin embargo, ¿cuántos profesionales bolivianos trabajan en empresas internacionales en las que exigen esta lengua? ¿Cuántos son los que realizan cursos de posgrado en el exterior, para los que el requisito es el inglés? ¿Cuántas empresas o instituciones requieren del uso constante del inglés en nuestro territorio? ¿Cuántos son los funcionarios que deberán atender a angloparlantes en sus oficinas?

No contamos con esos datos, no obstante, según el Censo del 2012 (lo tomo como referencia, pese a su poca credibilidad), 63 937, el 0,66% de la población afirma que habla inglés. Por otro lado, 65 751 personas afirman tener una maestría y solo 12 698, formación de doctorado, lo que revela que aún no es una prioridad la formación posgradual en nuestros profesionales. Muchos pueden convenir en que ese limitado acceso se debe a la baja formación general y a que justamente no se cumple con el requisito de la lengua extranjera, sin embargo, seguramente la mayor parte de profesionales realizó sus estudios en Bolivia, donde la oferta se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años, o en países castellanohablantes, porque, además, el castellano se está consolidando como la segunda lengua internacional en el mundo.

Más allá de las decisiones personales, oportunidades y condiciones de estudio en el exterior, es innegable la importancia del inglés a nivel mundial. No obstante, está el hecho incontrovertible de que no hay una ley que obligue a utilizar una lengua extranjera en las instituciones de nuestro país, porque no se ha generado la necesidad, pero sí hay una serie de normas que obligan a los funcionarios públicos a utilizar una lengua indígena, y ello no deriva de un capricho partidario coyuntural, sino de una realidad que ha sido negada por décadas: alrededor del 30% de la población aún utiliza una lengua indígena, y cerca del 20% solo se comunica en esa lengua (datos aproximados).

Al respecto, desde el proyecto de oficialización de las lenguas indígenas en la Asamblea Constituyente, pasando por su aprobación en la CPE el año 2009, y, luego en la Ley 269 de derechos y políticas lingüísticas, el debate sobre la obligatoriedad de las lenguas indígenas en las instituciones públicas, la educación y los medios de comunicación no ha cesado. Los argumentos principales en contra de esa obligación apuntan a que son lenguas del pasado, no sirven para enfrentar el mundo globalizado, por lo que aprenderlas es una pérdida de tiempo; por otro lado, suele repetirse que son lenguas del área rural, por lo que tienen poca utilidad en las ciudades. Los prejuicios y el racismo, que son problemas deficientemente enfrentados por las autoridades gubernamentales, explican estas posturas.

Veamos el primer argumento. Aprender una lengua indígena es una pérdida de tiempo, pues el mundo globalizado se maneja en inglés. Desde esa lógica, la diversidad lingüística propia del mundo es un problema, es decir que las alrededor de 6 500 lenguas no tendrían razón de ser, y el mundo podría arreglárselas con una veintena de lenguas, y, por supuesto, el inglés como única lengua internacional. Felizmente no todo el mundo razona así (aunque sí gran parte de los políticos que llegan al poder); las lenguas no solo son vehículos de comunicación, sino expresan el sentir, la cultura, la forma de interpretar el mundo. Esta es una de las premisas que sustentan la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos aprobada en 1996.

En ese sentido, la oficialización de las lenguas en Bolivia, en la Constitución del 2009, lo único que hizo fue reconocer y respetar el derecho de miles de hablantes a utilizar sus lenguas, que había sido conculcado por siglos, pues los obligaron a comunicarse, aprender, sentir y pensar en una lengua ajena, con las limitaciones que ello supuso en su inclusión social.

El multilingüismo es una política cada vez más extendida en el mundo, por lo que aprender inglés no riñe con aprender una lengua indígena. Eso es lo que plantea nuestra actual ley educativa; el problema es que no existen los recursos humanos capaces de definir el camino para implementarla.

Veamos el otro argumento. Las lenguas indígenas pertenecen al área rural, por lo que no tienen utilidad en las ciudades. Este argumento intenta liberar a los funcionarios públicos de su obligación constitucional de aprender una lengua, sin embargo, la realidad es otra. Según el Censo del 2012, el 67% de la población reside en áreas urbanas; parte de esa población es indígena. Además, las instituciones públicas y mejores servicios de salud y educación se encuentran en las ciudades, por lo que, aunque sea temporalmente, los indígenas y campesinos que aún residen en áreas rurales están obligados a trasladarse a ellas.

En un trabajo de la materia de Bilingüismo y Plurilingüismo de la Carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, a fines del 2016, los estudiantes realizaron un trabajo de observación en distintos ámbitos (comercio, salud, educación, entre otros) de la sociedad cochabambina (Cercado), para identificar la necesidad del uso de la lengua quechua y el cumplimiento de la ley. Si bien no se trató de un trabajo de investigación riguroso, sí utilizaron herramientas de investigación, que permitieron tener un panorama general de esta realidad, para arribar a algunas conclusiones.

Primera, los pocos funcionarios que hablan quechua en las distintas instituciones son quechuahablantes de origen, es decir que no aprendieron la lengua con los programas de formación que organizó el Viceministerio de Descolonización. Hasta julio del 2016, de acuerdo con el propio viceministro Cárdenas, solo el 5% de funcionarios públicos obtuvo su certificado de conocimiento de lengua en el país, que, sin embargo, es tan básico que no alcanza para sostener un diálogo, a decir de los propios funcionarios.

Segunda, las instituciones en las que se identificó un mayor porcentaje de quechuahablantes son los centros de salud, porcentaje que recae en las enfermeras, no en los médicos. Algo que llamó la atención de los estudiantes fue que algunas enfermeras, pese a hablar quechua, persistían en responder en castellano. En otros casos, como en otras instituciones, los policías que brindan servicio de seguridad son los que fungen de intérpretes, pero, por no estar especializados en los asuntos de consulta, la interpretación suele ser insuficiente.

El ámbito educativo lo dejo de lado, pues ya me referí a él en otros artículos; solo reitero que la educación plurilingüe es un fracaso.

Comercio, banca, instituciones públicas de servicios, todas tienen afluencia de quechuahablantes, que generalmente son personas mayores de 50 años; al ser conscientes de sus limitaciones con el castellano, muchas veces acuden con un pariente castellanohablante. Son contadas las instituciones que tienen a un quechuahablante en la atención al público.

La falta de empatía y el desconocimiento de los problemas que conlleva la barrera lingüística no permiten avanzar en este asunto. Por ello, considero necesario ilustrar esos problemas, con los ámbitos más sensibles: salud y justicia.

Una tía me contó que, cuando fue al hospital Viedma, dos mujeres quechuahablantes salieron de consulta con una prescripción médica en la mano, y, mientras se despedían, la enfermera les explicaba en castellano lo que debían hacer con los medicamentos. Su mirada lo decía todo, no entendieron nada de la explicación. Se quedaron paralizadas, hasta que una le preguntó a la otra, en quechua, cómo harían. Mi tía, que había escuchado todo, se acercó y les repitió todo en quechua, paso a paso. ¿Qué hubiera sucedido si no accedían a esa posibilidad de interpretación?  ¿Qué les sucede a los hablantes de lenguas indígenas que se encuentran en situaciones similares?

Según distintas investigaciones, una de las razones que desincentivan la asistencia a centros de salud de personas no castellanohablantes es justamente la barrera lingüística, a la que se suma el trato discriminatorio y poco tolerante de ciertos servidores. En este caso, estamos hablando de un derecho humano: el acceso a la salud pública que permite salvar sus vidas.

En la justicia, la barrera lingüística se traduce en abusos, estafas o, en el peor de los casos, pérdida de libertad por falta de una defensa adecuada. Un caso reciente y emblemático es el de nuestra compatriota Reina Maraz, acusada de homicidio en la Argentina, que pasó un año con detención preventiva sin saber de qué se la acusaba solo por no hablar castellano; felizmente, se corrigió esta injusticia con la revisión del caso en la que participó un intérprete. ¿Tendremos casos similares en nuestro territorio? Temo que sí. Un notario de fe pública me comentó que se le presentaban decenas de casos de hijos u otros parientes que llevaban a adultos mayores quechuahablantes para hacerles firmar documentos y así quedarse con sus bienes o rentas.

Los ejemplos pueden sumar, y, aunque sean pocos casos (y no son), la población que habla una lengua indígena tiene el derecho de ser atendida en su lengua, para acceder a una información veraz y oportuna, dado que, de acuerdo con el artículo primero de nuestra Constitución Política del Estado, somos un Estado plurinacional, condición que obliga al Estado a organizarse de acuerdo con las distintas naciones y a brindar todos los servicios en las 36 lenguas oficiales.

Volviendo al discurso del Presidente, llama poderosamente la atención que enfatice tanto en el valor del inglés, pero nunca dedique un momento a concienciar sobre la importancia de la cultura y de las lenguas indígenas. Es una señal clara del abandono del proyecto plurinacional y de su adhesión al neoliberal, que en los hechos no se fue con Gonzalo Sánchez de Lozada, sino que se ha reciclado en las distintas políticas del MAS, pese al ropaje indígena que ya no alcanza para ocultarlo.

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SOBRE USOS LINGÜÍSTICOS, IMPUREZAS Y PREJUICIOS

Patricia Alandia

Hace unos días, el comunicador social Roberto Piñero publicó el artículo “El lenguaje, la principal víctima del proceso de cambio”, en el que critica duramente la forma de hablar de ciertos actores de la política boliviana, a los que les atribuye “monstruosidades del lenguaje”, “incultura”, “impurezas idiomáticas”, entre otros males. En el programa de TV Anoticiando, otro comunicador se refirió también al uso de la lengua, pero extendió sus críticas a los hablantes en general, y, junto con los conductores del programa, a la influencia negativa de las nuevas tecnologías.

Ambas participaciones me llamaron la atención por la cantidad de prejuicios sobre los que construyeron sus argumentos que, sin embargo, no pueden atribuirse solo a estos profesionales, pues forman parte de los conocimientos y representaciones instaladosy consolidados socialmente desde hace más de 500 años.

Piñero afirma que “el grueso de los entrevistados [autoridades]ha llegado a rayar en la inmisericordia con las reglas de la gramática y la sintaxis castellana, haciendo arbitrario uso de incontables cantinelas (muy mal usadas) y de eufemismos patéticos, todos sazonados con abundantes errores capitales en cuanto al manejo de lo femenino, neutro y masculino, plural y singular”.  Para ilustrar sus afirmaciones, cita: "La Constitución respetalo”, "las mujeres haigan de ser protegidos”, "los indígenas prefieren autosuicidarse”.

Lo de neutro no lo entiendo, porque no es un género en castellano (en latín, sí; o tal vez esté confundiéndolo con los pronombres masculinos), pero, con respecto al resto, los ejemplos que incorpora ciertamente son desviaciones de la norma estándar, en todo caso, perfectamente explicables. Es evidente que los hablantes a los que hace referencia y que se comportan “inmisericordes” con la lengua son de origen indígena; además, uno de sus ejemplos—y no creo que sea coincidencia— incluye el término. Ello supone que o son bilingües o se han desarrollado en un contexto bilingüe donde el castellano ha estado en contacto con una lengua indígena; por los errores de las frases, quechua o aimara.

Al respecto, el contacto de lenguas provoca interferencias, sobre todo cuando las reglas gramaticales de las lenguas que utiliza el hablante son marcadamente diferentes. Por ejemplo, el quechua y el aimara no expresan el género de manera morfológica, es decir, con partículas añadidas a las palabras (protegid-as, protegid-os), sino lo hacen por oposición léxica (tura/ñaña), es decir, para cada género hay una palabra distinta o un lexema de género (hembra/macho) que se acompaña a la palabra, como también sucede en algunos casos del castellano. En consecuencia, el género es una categoría gramatical del castellano que produce errores en los quechua y aimara hablantes, o hablantes de otras lenguas con esas características, como el inglés. ¿O ya quedó en el olvido la forma de hablar de Sánchez de Lozada? “Tengo las manos atados”, decía, pero, en lugar de rasgarse las vestiduras, muchos sonreían complacientemente; claro, los errores provenientes de la interferencia del inglés deben ser menos irritantes para algunos.

Por su parte, “haiga” no es una interferencia, sino un arcaísmo castellano de la época de la Colonia. Como otros términos, esta forma permaneció sin cambios, sobre todo en las áreas rurales o en ciudades aisladas, de manera que poco a poco se fue recluyendo en variantes dialectales (de regiones) o sociolectales (de ciertas clases sociales).

Hasta no hace mucho, era impensable que, en los ámbitos de la administración pública boliviana, se oyera esas variantes sociolingüísticas. Sin embargo, y felizmente, las transformaciones sociales y políticas que hemos vivido en los últimos años han permitido un proceso de inclusión social, y, aunque no siempre de manera plena, el acceso a cargos políticos y administrativos de indígenas y campesinos. Eso no quiere decir que la variante estándar del castellano haya sido reemplazada, sino que ahora convive con otras, en la oralidad, hecho que expresa la realidad multicultural y sociolingüística de nuestra sociedad; en la escritura, difícilmente podría darse esta diversidad, pues esta es más estática y se mueve en contextos más restringidos.

Esos nuevos actores tal vez se sientan más cómodos hablando en su lengua materna, sin embargo, aunque tenemos una ley de derechos y políticas lingüísticas que establece que, en todos los ámbitos de la sociedad, debe hablarse el castellano y una lengua indígena, aún no se ha aplicado, por lo que están obligados a hablar en castellano. Si se aplicara la ley, me gustaría escuchar a ciertas autoridades y comunicadores hablando en una lengua indígena; seguramente producirían muchos errores que harían sonreír (no creo ofender) a sus hablantes nativos. Hay que agradecer, por ello, los esfuerzos que hacen muchos hablantes de utilizar el castellano, liberando a tantos de su obligación constitucional de aprender una segunda lengua.

Con esas consideraciones, la pregunta que cabe es si, puesto que los actores emergentes son portadores de una variante distinta, ¿deben por ello dejar de hablar hasta aprender la variante estándar? Para Piñero, me imagino que sí, y mientras más se ajusten a las reglas, establecidas por la Real Academia de la Lengua Española, mejor.

Las afirmaciones de Piñero y del otro comunicador al que hice referencia denotan una indiscutible sujeción a la autoridad ejercida por la Real Academia de la Lengua Española, que fue creada en 1713, con el objetivo de “cultivár, y fijár la puréza, y elegáncia de la lengua Castellana, desterrando todos los erróres, que en sus vocablos, frases ò construcciones estrangéras há introducído la ignoráncia, la vana afectación, el descuído, y la demasiáda libertád de innovár […]” (nótese cómo ha cambiado la ortografía desde entonces). No por nada su lema era “limpia, fija y da esplendor”, tal como (ya lo dijeron) un buen detergente.

Han pasado cuatro siglos, y se mantiene casi inalterable la idea de que la lengua debe aspirar a la pureza, y que toda forma que se desvíe de la norma debe ser rechazada o estaigmatizada. Eso explica los ejemplos seleccionados por el autor. Y nuevamente surge una pregunta: en un mundo multicultural, caracterizado por el mestizaje y el contacto de lenguas y culturas, ¿cómo se puede hablar de pureza? Incluso la RAE ya ha desistido de ese proyecto; prueba de ello es la publicación del Diccionario Panhispánico de dudas (2005) y de la Nueva Gramática de la Lengua Española (2011), ambas obras de carácter panhispánico, es decir que incluyen normas de distintas regiones, dejando de lado la pretensión de imponer como variante única la madrileña.

En una línea similar a la de Piñero, en Anoticiando, se discutió sobre si se habría perdido la riqueza del lenguaje, y si las nuevas tecnologías estarían afectando negativamente. Concluyeron que el “lenguaje” había sufrido un deterioro, un “relajamiento”, y que, además de la lectura, las causas estaban en los medios de comunicación y en las nuevas tecnologías. Y bajo la lógica de la trillada frase “Todo tiempo pasado fue mejor”, afirmaron que antes el “lenguaje” (lengua debieron decir) era más poético, más rico en rima, refranes y eufemismos; en otras palabras, si habláramos como Cervantes, el castellano estaría gozando de buena salud.

Estas ideas ignoran una cualidad intrínseca a las lenguas, que es su capacidad de cambiar y adaptarse a las transformaciones sociales, culturales, políticas y, por supuesto, tecnológicas; el castellano del siglo XVI, por ejemplo, no es el mismo que el actual. Además, la lengua no es un sistema único y homogéneo. En ese sentido, el castellano en singular no existe, sino los castellanos, cada uno distinto en la región en la que se desarrolla y en los grupos sociales y situaciones comunicativas donde funciona. Tampoco la lengua escrita es igual a la oral, por lo que pretender que hablemos como escribía Cervantes es incongruente; es más, seguro el mismo Cervantes no hablaba como escribía.

Por esa misma razón, el cambio de soporte inevitablemente ha incidido en el código. Los celulares y computadoras, con las formas de comunicación que han posibilitado—MSM y chat—, requieren de nuevos signos y variantes: emoticonos, simplificaciones gráficas, abreviaturas; y, si bien utilizan la lengua escrita, lo hacen con la inmediatez de la lengua oral. Lejos de mutilar la lengua, estos medios la dinamizan, le aportan otras funciones, la llevan a otros ámbitos y empoderan a las nuevas generaciones. Como ya lo han dicho varios expertos, nunca los adolescentes habían escrito tanto; muchos dirán “y tan mal”; yo, y tan diferente. Los errores ortográficos presentes en gran parte de los mensajes no son culpa de las nuevas tecnologías, sino de una deficiente formación escolar.

Gabriel García Márquez se refirió a este asunto en 1997, en su polémico discurso presentado en el I Congreso de la Lengua Española, titulado ‘Botella al mar para el dios de las palabras’: “…nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino, al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo veintiuno como Pedro por su casa. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos, asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir…”.

Con todo lo precedente, no intento decir que las normas no importen; sería una hipocresía de mi parte hacerlo, pues yo trato de seguirlas y las incluyo en los cursos de Lenguaje que dicto en la Universidad. Sin embargo, defiendo la diversidad de variantes, pues es en ellas en las que reside la riqueza de las lenguas; cada una tiene su o sus espacios y géneros textuales: una variante regional coloquial no funciona para redactar un ensayo académico, al igual que una variante culta no funciona en una conversación entre amigos, y menos si estos son adolescentes.

Además, rechazo todo acto de discriminación por condición sociolingüística; el Estado tiene la obligación constitucional deproteger el derecho lingüístico de los hablantes a comunicarse en sus lenguas y variantes de lenguas. No obstante, el Estado también debe asegurarles la oportunidad de acceder a una variante estándar, y, sobre todo, a la lengua escrita, para ampliar sus posibilidades expresivas y su participación ciudadana en todos los espacios en los que requieran y quieran comunicarse. Ello supone transformar la desastrosa educación que tenemos, sobre todo en el área lingüística, en la que se obliga a los estudiantes a memorizar reglas gramaticales y ortográficas (muchas de ellas no dominadas por los propios profesores), sin ningún sentido, en detrimento del desarrollo de competencias de comprensión, interpretación, análisis y producción de textos.

Pretender construir una barrera para aislarse o aislar a esos hablantes, como propone Piñero, por supuesto que es una señal de intolerancia y discriminación. Personalmente, pongo más atención en el contenido que en la forma, así que prefiero escuchar “haigas”, “en aquíes” y otras expresiones desviantes de la norma, que discursos de autoridades que se pretenden intelectuales, por (dice) haber leído miles de libros, plagados de insultos, descalificaciones, expresiones discriminatorias, amenazas y mentiras, y todo en un castellano cultísimo.

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DE LAS CONTRADICCIONES A LA IMPOSTURA

Patricia Alandia

El 12 de octubre, después de conocer los resultados en boca de urna, Evo Morales salió al balcón de Palacio a celebrar su victoria: "Este es el triunfo de los antiimperialistas, anticolonialistas", afirmó. Unos días después, luego de que Bolivia fuera elegida por la Asamblea General de la ONU como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la organización, dijo: “Lo mejor que podemos compartir dentro el Consejo es no solamente defender el derecho humano, sino los derechos colectivos como la salud y los servicios básicos. El individuo es importante, está en debate el derecho de las mujeres, pero nuestra experiencia es cuidar el derecho colectivo y la Madre Tierra”.

En el exterior, aunque cada vez con menos fuerza, Morales encarna el ideal delindígena revolucionario, por lo que su discurso debió sonar coherente, convincente. Los sectores populares, los intelectuales progresistas de distintas partes del mundo necesitan un líder, un símbolo de la transformación posible, de manera que, a pesar de Chaparina, persisten en alimentar la ilusión depositada en él desde el 2006. En Bolivia, salvo en algunos grupos del masismo, la esperanza se desvaneció; Morales ya no representa la reivindicación indígena, en consecuencia, sus discursos desconciertan e incluso ofenden, puesto que se percibe en ellos no solamente un dejo de impostura, sino de cinismo.

Y es que si los discursos no son coherentes con las acciones que los acompañan, poco a poco van perdiendo su poder significativo movilizador. Los partidos o agrupaciones políticas construyen sus discursos, enuncian sus verdades y comprensiones del mundo en una articulación de conceptos, de categorías que definen las relaciones sociales y sus respuestas a las problemáticas de su realidad. Por ello, cuando leemos un programa político, podemos ver su consistencia ideológica o sus fisuras. En el caso del MAS, la construcción fue colectiva hasta el 2009; su discurso, por ello, fue vital, representativo; hablaba Evo y se oía al pueblo, a las distintas organizaciones sociales: descolonización, derecho a la tierra y territorio, derechos de la madre tierra, educación, agua, salud, en síntesis, el “vivir bien”, además de los consabidos anticapitalismo y antiimperialismo. El periodo del 2006-2009 recogió las voces de los indígenas, campesinos y obreros, las amplificó y las convirtió en leyes: Constitución Política del Estado, Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria.

Fue ese el momento de reacción más virulenta de las elites, sobre todo del agroempresariado que, siguiendo su lógica de patrón feudal, no tuvo reparo en recibir a balazos al entonces viceministro de Tierras. Alejandro Almaraz, y a personeros del INRA, y agredir a los indígenas que osaron sublevarse al buscar el saneamiento de sus territorios y su liberación de la vergonzosa servidumbre a la que estaban sometidos en pleno siglo XXI. Ganaderos, soyeros, barraqueros, latifundistas todos, declararon la guerra al Viceministerio de Tierras, al INRA y a la ABT, pues estas instituciones encaraban la transformación de la estructura agraria que ponía en riesgo sus negocios resguardados hasta entonces por cada uno de los gobiernosde turno.

A partir del 2009, después de obtenido el 64% de apoyo en las elecciones (esa vez sin la ayuda del TSE), el Gobierno se convenció de que los indígenas eran una minoría, y que, en consecuencia,podía prescindir de algunas de sus causas que, en sentido estricto, nunca fueron las de Evo Morales, y menos aún las de García. Emprendieron entonces la marcha en reversa con respecto a las políticas agrarias, y defensa de sus derechos.

El artífice de este retroceso, hay que reconocerlo, es García, quien desde el inicio, en las discusiones internas del MAS, se opuso a la Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria. Al parecer, García nunca soportó el desprecio que sentía la elite cruceña por su Gobierno, por lo que intentó, primero, coqueteos con sus misses, y, luego, acercamientos con la CAINCO y la CAO que, finalmente, fueron posibles gracias a la salida de Almaraz del Viceministerio de Tierras. Todo empezó con la otorgación de créditos, siguió con la pausa de la FES, el perdonazo a los desmontes ilegales, la legalización de los transgénicos, hasta llegar a la promesa de la ampliación de la frontera agrícola.

Con el nuevo triunfo electoral y los 2/3 en la ALP (esta vez sí gracias al TSE), el Gobierno del MAS decidió enterrar no solo la ley agraria, sino también la Ley de derechos de la Madre Tierra que, más que norma, es un texto literario, pues no fue redactada para su efectiva implementación.

La señal más clara fue la destitución de Cliver Rocha de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT)—seguramente celebrada por Quintana—, y la designación en ese cargo del ganadero RolfKöhler quien, desconociendo la misión de la institución que le tocó dirigir, garantizó la “continuidad en las políticas del Gobierno”, expresadas no en la protección de bosques y tierras como se esperaría, sino en la agilización de desmontes para desarrollar el sector agropecuario del oriente, es decir, para beneficiar a los beneficiados de siempre.

Como si esto fuera poco, García, quien en Argentina había reconocido el error cometido en el conflicto del Tipnis y afirmado que no se construiría la carretera que produjo el desgaste más importante sufrido por su Gobierno, reinició hace unos días la arremetida contra este territorio, esta vez buscando apoyo en los chimanes.  El cambio de discurso no esperó el cambio de gestión, y, como era de presumirse, la palabra de García se diluyóuna vez más en su estrategia envolvente.

Finalmente, Evo Morales anunció la creación de un reactor nuclear, arguyendo que "Bolivia no puede estar al margen de esta sabiduría que es patrimonio de toda la humanidad”. La creación más representativa del imperialismo, el símbolo más combatido por los sectores progresistas, por los científicos comprometidos con el planeta y por activistas ecologistas del mundo, aquel que ha sido rechazado en sendos referéndums en los países donde no se impone la política del “quieran o no quieran”, ha resultado ser una “prioridad estratégica” para el Gobierno autodefinido como antiimperialista y descolonizador. Esta incongruencia demencial ha motivado a científicos y activistas amigos del Gobierno de Morales el envío de una carta pública en la que, en resumen, le expresan su sorpresa sobre esa errada decisión, y le alertan sobre la elevada peligrosidad para el planeta que supone este tipo de energía, además de la falacia sobre la independencia energética que leotorgaría al país.

Estos hechos, sumados a muchos otros, son demostraciones contundentes del abandono del proceso de cambio, que germinó en la marcha indígena de 1990 y tomó cuerpo en octubre del 2003. En ese horizonte tan desesperanzador para los pueblos indígenas, medioambientalistas e intelectuales progresistas, en general, las elites del agroempresariado, las clases conservadoras, las transnacionales y todos los expoliadores tienen mucho para celebrar. Ya no les interesa, como antes,resistir al Gobierno de “indios” que tanto asco les provocaba; ese Gobierno se ha transformado, y ahora gobierna, sobre todo, para ellos.

En consecuencia, solo queda que, en un acto de honestidad, los discursos se ajusten a los actos; que se renuncie a la utilización grosera de lo indígena para legitimar, a decir de James Petras, las políticas neoliberales ortodoxas y reaccionarias, que el Gobierno del MAS ha decidido implementar. Sé que es mucho pedir, pues, sin esa retórica, ya no podrían ocultar la traición. 

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DIGNIDAD CONTROLADA DE MUJERES DEL MAS

Patricia Alandia

Las escalofriantes cifras de feminicidios, de violaciones y agresiones en contra de mujeres, muchas de ellas cometidas por autoridades y políticos, arropadas por la impunidad y la inacción de las instituciones estatales, nos revelan que estos 9 años de “proceso de cambio”, de Estado plurinacional, descolonizador y despatriarcalizador, solo han servido para fomentar la impostura de los hombres ylas mujeres que están en el poder.

Felizmente muchas voces femeninas y masculinas no han permitidoque algunos casos queden sepultados por el silencio, y se han referido a ellos en sendos artículos de opinión; sin embargo,  creo necesario traerlos a este texto, no solo para argumentar mi posición —crítica sobre el rol que han jugado las mujeres del poder—, sino porque recordarlos, es, a veces, la única forma que nos queda de reivindicar a las víctimas.

Comienzo recordando el caso del diputado Justino Leaño, denunciado nada menos que por violar a su propia hija. Al respecto, la diputada Marianela Paco, quien, en el mes de mayo, realizó un tour por España para compartir los alcances de nuestras numerosas leyes a favor de los derechos de las mujeres, al parecer, no compartió que, en su calidad de miembro de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, guardó elsilencio más vergonzoso en relación a Leaño. Después de que su correligionario, Javier Zavaleta, amenazara a su Comisión con seguirle un proceso por incumplimiento de deberes, la señora Paco, defensora intransigente de los derechos de la mujer, solo atinó a afirmar que no tenían la competencia para inmiscuirse en un caso que estaba en el Ministerio Público. Como era de esperarse, Leaño tuvo el tiempo y las condiciones necesarias para huir.

Otro caso para recordar es el de Adolfo Mendoza. En la denunciade violencia intrafamiliar, en contra del opositor Jaime Navarro,notablemente exaltada por la indignación, Gabriela Montaño condenó a su colega y afirmó que “si tuviera un poco de respeto con la sociedad boliviana, él debería pedir licencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y defenderse ante los estrados judiciales”. Días después, en relación a una denuncia similar, pero que esta vez  involucraba a su amigo y correligionario Adolfo Mendoza, expresó que se trataba de un “tema privado”. Luego, frente a la amenaza de denuncias en su contra por su actitud cómplice, solo dijo que se investigaría el caso, añadiendo que lamentaba“que hayan[sic] mujeres parlamentarias que quieran utilizar el tema de la violencia contra las mujeres como un tema político partidario”.Está demás decir que no hubo tal investigación, y que el exsenador Mendoza, que siguió contando con el apoyo de la cúpula gubernamental, solo desistió de su candidatura por la presión social.

Otro caso lamentable es el de Teodoro Rueda, alcalde masistadel municipio de Pocoata, acusado de violación y feminicidio. Al respecto, la diputada Emiliana Aizalo defendió por haber sido “democráticamente elegido” y hacer una buena gestión, y lo disculpó “porquea veces pasa pues … los hombres son débiles en la situación de la cerveza”.
Y cómo olvidar los frecuentes y patéticos ataques públicos a mujeres por parte de Percy Fernández, quien, desde que se alió a Evo Morales, cuenta con la defensa de mujeres del MAS, como Leonilda Zurita, que también salió a defender al machista retrógrada Ciro Zabala.

Si bien la lista de autoridades y representantes del MAS que justifican a sus correligionarios en casos de violencia es abundante, me quedo con un último ejemplo, que es el de Alejandra Claros.Se trata de la Jefa de Gabinete presidencial, que salió del anonimato con la publicación desu libro para niñosLas Aventuras de Evito, financiadopor el Gobierno, y cuyo propósito fue “ofrecer a los niños un modelo a seguir”. La autodefinida socialista y, según el exeneferista Jorge Richter, analista política, decidió levantarla bandera de la lucha contra la violencia de géneroen programas televisivos de análisis político,fustigando a Doria Medida por su inaceptable actitud en el caso de Navarro.

Hasta ahí todo bien, pese a sus limitaciones comprensibles y su actitud indisimulada de vocera del MAS. Sin embargo, su bochornosa negativa para referirse a los casos de machismo y violencia ejercida por gente de su partido no solo que le resta credibilidad, sino que hacen insoportables sus apariciones mediáticas. Para esta señora, esposa de Sacha Llorenti (que no le quita méritos propios, pero que tampoco es un dato menor), pese a que se golpeó y arrastró a mujeres, se las denigró, se las separó de sus hijos, se les negó el derecho a expresarse y a luchar por su territorio, en síntesis, se conculcó sus derechos fundamentales, no se puede hablar de violencia en Chaparina porque la justicia aún no se ha pronunciado al respecto. Es decir, no es el tipo de violencia que la conmueva y la impulse a salir a los medios a denunciar.

Claros,al igual que Amanda Dávila, Gabriela Montaño, Betty Tejada y todas las ministras y parlamentarias del MAS que salieron a justificar las actitudes de su líder,está convencida de que Morales es un ejemplo;en consecuencia, para ella,el Presidente no es machista, y llamar a las mujeres masoquistas, porque “se dejan pegar”, “perforadas”; convocar a “conquistar” a mujeres indígenas para que renuncien a sus derechos, o tratar a mujeres como una tropa de calenturientas que sueñan con que el Presidente “las atienda”, es apenas un chascarrillo inofensivo, digno de celebrarse a mandíbula suelta, o de disculpar, porque es parte de la personalidad bromista y humilde de su jefe.

Si bien este artículo está centrado en las mujeres del MAS, no puedo dejar de referirme a las mujeres de la oposición. Aunque han tenido menos oportunidades de poner a prueba su dignidad y coherencia política, las inaceptables y rebuscadas respuestas justificadoras en el caso de Navarro y Doria Medina, al interior de UD, no son muy alentadoras, y nos señalan un camino de sumisión y de actuación ética similar a la de las mujeres del MAS.

Con este panorama, me pregunto si estas mujeres cuentan con algún dispositivo que enciende su sentido de dignidad, cuando un opositor agrede a una mujer, y se apaga, cuando se trata de su jefe o de uncorreligionario, o si simplemente carecen de los principios que dicen defender. Todo nos lleva a pensar que utilizan el discurso de equidad de género según los dictámenes de sus jefes varones, y que han asumido que su lugar en el poder es una concesión que deben agradecer y defender con las actitudes más obsecuentes.

Ojalá algún día sean conscientes de sucuota de responsabilidad en la pérdida de la oportunidad transformadora que la Asamblea Constituyente sembró. Nadie podría culparlaspor el machismo y la violencia existentes, pero indudablementeestosse alimentan de sus temores, su cobardía, sus intereses mezquinos y  su oportunismo.

Sin embargo, la ciudadanía, queya no espera nada de ellas, ha constatado que el único camino es la movilizacióndigna, sin mordazas, sin cortapisas ni autocensura. Ahora las mujeres estamos en las calles, en las redes sociales, en los medios de comunicación, denunciando no a uno, sino a todos los machistas. Por ahora la consigna es“Machistas fuera de las listas”; ya salieron dos…y vamos por más.

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DEBATIENDO CON LA ABUELA

Patricia Alandia

A pesar de que estamos acostumbrados a los exabruptos del Presidente, no dejan de sorprenderme algunas de sus intervenciones mediáticas; es el caso de su respuesta a la pregunta sobre si debatiría con Doria Medina: “Y ahora todavía se atreven a decir los privatizadores: ‘Voy a debatir con el Evo’. ¿Qué debate? ¡Que vaya a debatir con su abuela!”.

Los acólitos de Morales rápidamente salieron al paso para explicar las aseveraciones del Presidente; con total soltura, afirmaron que alguien que está arriba no tiene por qué debatir con los que están abajo, refiriéndose, supongo, al lugar que ambos ocupan en las encuestas de opinión ciudadana. Por lo visto, Morales y sus militantes no entienden que el debate es componente fundamental de la democracia; que, para empezar, le posibilita al ciudadano conocer las distintas propuestas de candidatos y autoridades en función, y las posiciones ideológicas desde las que se diseñan; le permite, además, establecer la coherencia de sus discursos con sus actos, su solvencia intelectual y ética. Por otro lado, le facilita el ejercicio del control de sus gobernantes e instituciones, ese tan publicitado control social que está constitucionalizado y que fue definido como uno de los avances más significativos de nuestra democracia actual. 

Además, se dice que hemos evolucionado de una democracia representativa a una democracia participativa, donde el debate debe amplio y sostenido; no obstante, hasta la fecha, no hemos tenido ninguna señal que nos demuestre que algo haya mejorado. Como nunca, asistimos a monólogos interminables y cotidianos de nuestros mandatarios, que apenas son contrastados por las esporádicas participaciones de algunos miembros de la oposición. A ello, debemos añadir el pobre aporte de la mayoría de medios de comunicación, “amigos” del Gobierno, que toman como principal fuente de información los discursos del Presidente.

Y con respecto a esos discursos es necesario repasar rápidamente su evolución. Desde sus primeras incursiones en la vida sindical, Evo Morales se ha caracterizado por su identificación con las clases desposeídas, por lo que su discurso estaba construido desde el lugar del sujeto oprimido —en esas épocas cocalero—, que representaba la voz de los silenciados; era un discurso de denuncia, de emancipación, en oposición a un enemigo claramente identificado, el Imperio, corporeizado en la DEA y en las políticas de erradicación de la hoja de coca.

Con su llegada a Palacio en el 2006, estos aspectos discursivos se fueron transformando paulatinamente: cambió el lugar del sujeto emisor; el cocalero dio paso al indígena, y las demandas cocaleras, a las reivindicaciones indígenas y los derechos de la Madre Tierra. No se dio lo esperable, la construcción del discurso desde su nuevo lugar de poder. Sin embargo, como temían quienes no lo votaron, su discurso se endureció: sumó nuevos enemigos retóricos, las clases privilegiadas bolivianas; le dedicó un lugar especial al agroempresariado, ligado al latifundio y la vulneración de derechos indígenas, con la política de tierras como eje central discursivo.

Esta etapa fue el momento de mayor fuerza del llamado proceso de cambio; el Presidente se reunía y debatía con campesinos, indígenas, obreros; las leyes que se proyectaban, y que luego se promulgaban, los representaban. Los privilegiados de siempre se quejaban del autoritarismo, de la falta de seguridad jurídica, de la incapacidad para generar consensos. En ese contexto, los berrinches de las clases privilegiadas se constituían en señales de que el país se estaba transformando hacia la equidad, la inclusión y la justicia. Eran tiempos en los que la violencia verbal de Morales era garantía de la transformación. 

Todo eso cambió drásticamente en su segunda gestión. Un sentimiento de autosuficiencia embargó al Gobierno, y el sujeto discursivo se posicionó definitivamente en el poder, del que no se movió más, y, por lo que ya constatamos, no pretende moverse. 

El Presidente dejó de debatir. Si bien afirma que él solo debate con las organizaciones sociales, Chaparina es la dolorosa e impune prueba de que ya nadie está a su altura. El “mandar obedeciendo al pueblo” se convirtió en el “quieran o no quieran”, en el “sí o sí”; la violencia verbal ahora es marca de prepotencia y autoritarismo. El debate ha cedido su espacio a la “negociación”, entendida como el intercambio de favores que benefician a quienes la realizan. Latifundistas, empresarios, representantes de la Banca, de las transnacionales son los principales interlocutores de estas negociaciones. En contradicción con el proceso de cambio, las demandas de los sectores, sobre todo indígenas, han sido acalladas con amenazas, prebendas o, con el ánimo de deslegitimarlas y silenciarlas definitivamente, vía la creación de direcciones paralelas. El ministro Romero se ha convertido en el entusiasta operador de esas divisiones, y carga sobre sus espaldas el debilitamiento del movimiento indígena que, otrora, le brindó su confianza y le dio de comer por más de diez años.

El Presidente se ha encerrado en (su) Palacio. No cuentan sus visitas diarias a cada confín de nuestro territorio, ésas en las que entrega canchitas, una que otra aulita o coliseos, incluso obras de mayor envergadura. Los actos de entrega de obras, a los que sus ministros le llaman trabajo, han perdido su sentido de origen, de mantener la horizontalidad entre gobernantes y su pueblo; no son espacios de debate, de intercambio de ideas. Son una cínica estrategia de proselitismo sostenido; la puesta en escena del soliloquio gubernamental. 

Finalmente, Evo Morales no quiere debatir, porque los que se lo exigen son los opositores, todos ellos neoliberales. Personalmente, creo que el Presidente tiene razón; ¿qué se puede debatir entre iguales? Las últimas políticas aprobadas por su Gobierno, de corte extractivista, antiindígena, favorables a los privilegiados de siempre; los casos de corrupción, que comprometen al Vicepresidente, a sus ministros, senadores y diputados (sin nombrar a sus representantes regionales) le han quitado la autoridad moral para distinguirse de los políticos del pasado a los que fustiga en sus discursos. 

Por ello, si algún resto democrático le queda, debe debatir públicamente con el pueblo, con las organizaciones no prebendalizadas, con los dirigentes sociales que, en un acto de dignidad y consecuencia, se mantuvieron firmes, consecuentes, y prefirieron la persecución política y judicial.  ¿Se atreverá a debatir con Fernando Vargas?

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COMPUTADORAS Y CALIDAD EDUCATIVA

Patricia Alandia

En uno de los innumerables actos de entrega de obras a escuelitas, el presidente Evo Morales confirmó la próxima dotación de computadoras, por ensamblarse en El Alto, a alrededor de 15.000 estudiantes de secundaria; ésta se suma a la ya realizada a todos los profesores en ejercicio. El Mandatario afirmó que con esas computadoras, más el satélite Túpac Katari, nuestra educación estaría dando el salto a la Era digital y tecnológica, eje de la política educativa actual que, según él, ha permitido el avance de nuestra educación, en la que “estamos muy bien”. Las preguntas que caben son si las computadoras per se mejoran la calidad educativa, y que si estamos en un punto en que nos hace falta su tecnologización. Al contrario del Presidente, quienes estamos involucrados con los temas de educación consideramos que ésta está muy mal, que se ha retrocedido de manera evidente en los últimos 8 años, y que la tecnología en este contexto puede esperar.

En todo caso, el Presidente no hace más que expresar una personal y arraigada convicción de que la tecnología y sus productos son el camino al progreso y el desarrollo. Si sobrellevamos el hastío provocado por el bombardeo propagandístico de todas las instituciones estatales en los medios de comunicación (estatales y paraestatales), podemos identificar muy bien el nuevo discurso gubernamental: el cambio entendido como progreso, y éste ligado al asfalto, los edificios, el avance tecnológico; en términos muy simples, un reciclado desarrollismo de los años 70.

Desde esta lógica, el Gobierno considera (es decir, Evo Morales lo hace) que el progreso de los pueblos es corolario de más carreteras, satélites y teleféricos, por lo que es comprensible que también considere que la calidad educativa es resultado automático del uso de computadoras. Y si bien éstos son los signos del capitalismo, al que Morales fustiga sobre todo en sus discursos en palestras internacionales, se han convertido en una especie de fetiches de su Gobierno, presentados como elementos del proceso de cambio, solo por el hecho de que es él, el indígena, el que los valida y los transforma en necesidades populares de profundo sentido revolucionario.

Las obras que lo seducen —monumentales, ostentosas, impactantes—, esas que los países primermundistas poseen, son las que, como se afirma en el spot de Entel y piensa el Presidente, nos permitirán superar esa condición de nuestro pasado que nos tenía tan mal, y nos hacía ir hacia atrás, que nos tenía aislados (afirmaciones que van acompañadas con la imagen de un indígena y su llama). Es evidente que la plurinacionalidad y la descolonización ya no caben en este nuevo discurso, sin embargo, éste es un tema del que me ocuparé en otro momento, pues esta mutación se constituye en la mayor defección del Gobierno, que llegó al poder con la bandera de las reivindicaciones indígenas, y que, a pesar de su evidente abandono, sigue usufructuando de ella en el ámbito internacional.

En el caso de la educación, las inversiones millonarias en tecnologías, por muy útiles que éstas sean, no son suficientes para construir una política educativa; el fundamento de una política es el currículo, en el que se establece el lugar de las tecnologías, pero solo como herramientas accesorias, no como base ni mucho menos fin. Y un currículo, tal como ocurrió con la vilipendiada Reforma Educativa de 1994, se construye en el tiempo, en un proceso de reflexión de los distintos actores educativos, guiado y diseñado por expertos, y alimentado y sustentado en experiencias y estudios científicos. No es obra de una consultoría de tres meses ni de uno que otro taller masivo de socialización.

Desde estas consideraciones, como ya lo he afirmado en otros lugares, el actual currículo tiene mucho de improvisación; está plagado de contradicciones, errores y vacíos teóricos y metodológicos.  Sin embargo, éstos podrían ser salvados por la experticia de los responsables directos de su implementación, los profesores, pero es de conocimiento general el bajo nivel de formación que reciben éstos en las normales —y peor aún en el Profocom—, que no resuelve en absoluto las deficiencias con las que llegan a ellas, y que se convierten en un verdadero e insuperable círculo vicioso.

En consecuencia, la cantidad de aulas, baños, canchas, tinglados y computadoras solo sirve para evaluar la infraestructura, las condiciones externas en las que se llevan a cabo los procesos que, por supuesto, pueden favorecerlos; sin embargo, si queremos establecer la calidad educativa, es necesario evaluar las competencias de los estudiantes, en especial en las áreas de lenguaje y matemáticas, que son las que permiten el desarrollodel pensamiento lógico, el razonamiento verbal y matemático, las habilidades para analizar, criticar, entre otras. Al respecto, si bien el Gobierno ha evitado este tipo de evaluaciones, hay pruebas contundentes sobre cuán profundos son los problemasde nuestros niños y jóvenes en esas dos áreas.

Con esos antecedentes, el Ministerio de Educación debe intentar un proceso de investigación y reflexión para encontrar el lugar de las nuevas tecnologías en la enseñanza, sobre todo, a partir de la primera constatación: el 70% de profesores no usa las computadoras que les fueron otorgadas. En primer lugar, porque no saben utilizarlas; en segundo lugar, y más importante, porque no saben cómo y para qué utilizarlas en los procesos de enseñanza.

Además de guardar documentos oficiales, ¿para qué un profesor necesita una computadora? ¿Para escribir textos? ¿para diseñar materiales? ¿para preparar sus clases? ¿O solo para elaborar instrumentos de evaluación? Si el objetivo es diseñar materiales de enseñanza, como al parecer se pretende desde el Ministerio, es necesario considerar que el profesor promedio ha llegado a las normales con un mínimo nivel de competencias textuales, y, de ninguna manera, estos centros de formación dan las condiciones para superar esa situación, por lo que un porcentaje importante de profesores no está preparado para redactar textos, y menos aún textos educativos.

No obstante, más allá de los usos que se les dé a las computadoras, éstas por sí solas no transformarán la práctica docente y sus resultados. Un estudio realizado por la Comisión Europea, denominado «Nuevos entornos de aprendizaje en la educación», en el 2004, dirigido a analizar las innovaciones en las escuelas y su impacto en la calidad educativa, arrojó como resultados que los cambios no dependen tanto del uso de las TIC en sí, sino más bien de la capacidad del profesor para utilizarla tecnología como soporte. Se constató que los avances resultantes en los procesos de enseñanza estaban relacionados de manera directa con el estilo de gestión, la actitud y la formación del profesorado, los enfoques pedagógicos y los nuevos estilos de aprendizaje.

Otro aspecto que es central en la discusión es la influencia de las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje. Hace poco conocimos por la prensa que los hijos de los empleados de Google, Apple y otras empresas de vanguardia de Silicon Valley envían a sus hijos a una escuela de élite que no tiene computadoras. Esta nueva tendencia, conocida como “desconexión”, en el campo educativo se fundamenta en estudios psicolingüísticos que explican que el niño, en sus etapas de desarrollo, necesita como prioridad adquirir destrezas cognitivas, espaciales y temporales, que le permitan establecer la lógica de sus actividades de aprendizaje y razonar sobre ellas. Para este propósito, el uso de las manos y de todo el cuerpo, y la interacción directa con su entorno son primordiales, ya que propician una mayor actividad de la corteza cerebral para visualizar, coordinar, calcular distancias, discriminar formas, dimensiones, y le ayudan a estructurar su sistema neurológico y de aprendizaje de una forma duradera. Según especialistas que critican el uso temprano de las computadoras en la educación, la pantalla perturba el aprendizaje, pues disminuye las experiencias físicas y emocionales; enfatiza el mirar más que el escuchar, y el buscar soluciones rápidas y correctas, lo que no ayuda a pensar.

La pregunta es por qué las clases acomodadas del primer mundo son las que retornan a una educación “desconectada”, y, por el contrario, los ministerios de educación de países en desarrollo conciben las computadoras como la panacea de la educación. Por lo visto, por un lado, nuestros gobiernos son presa fácil de empresas dedicadas a la fabricación de este tipo de objetos de consumo que, como se ha determinado, es más elevado en las clases populares, y, por otro lado, nuestras autoridades no se han detenido a diseñar verdaderas políticas educativas, que trasciendan las coyunturas políticas y la búsqueda del rédito electoral.

Con todo esto, no pretendo menospreciar la función de las computadoras en la educación o la formación de los estudiantes en el uso de las TIC, que es ineludible en los tiempos que vivimos, sino poner en el debate el lugar que deben ocupar en nuestra educación. Mi experiencia docente me permite afirmar que los estudiantes que llegan a la Universidad, pese a que han pasado por cursos de computación, no tienen las competencias básicas de búsqueda, discriminación y uso de la informacióna la que acceden en Internet; investigar se ha reducido a buscar información, copiarla y pegarla en un trabajo que muy poco tiene de elaboración personal y menos de resultado de análisis, crítica y creación, imprescindibles para un aprendizaje significativo.

Al respecto, es necesario comprender que las nuevas tecnologías y sus textos, con su carácter multimodal, no sustituyen los objetivos y procesos implicados en la alfabetización, más bien los complejizan. No se debe tender a reemplazar la lectura de textos impresos por textos digitales ni las prácticas de comprensión y producción de textos por las actividades de navegación y búsqueda de información en la Red. Se debe incorporar, al desarrollo de competencias textuales en general, estos nuevos géneros textuales que, en ciertos aspectos, comparten características con los impresos y en otros se diferencian de manera importante. Tomo uno de los campos de formación porque atraviesa los procesos educativos en las distintas áreas, pero lo aseverado también corresponde a las competencias de razonamiento matemático. No se puede sustituir el razonamiento con programas, sino establecer su uso para enriquecer el aprendizaje, siempre y cuando las competencias de base hayan sido desarrolladas adecuadamente.

Finalmente, de lo que se trata es de reordenar las prioridades. La formación de los profesores es fundamental, pero no una formación masiva, calificada por los mismos profesores como inútil, sino una integral, que les permita desarrollar sus propias competencias y contar con herramientas didácticas para propiciarlas en los estudiantes. También es necesario revisar el currículo, y ello supone precisar antes, más allá de la retórica, sus fundamentos teóricos y metodológicos. Por último, en este preciso momento la dotación de computadoras no se plantea como una urgencia, sobre todo si tomamos en cuenta que el Ministerio de Educaciónno posee los recursos económicos, y recientemente tuvo que encabezar unacampaña de recolección de libros casa por casa, para la implementación de bibliotecas comunitarias y el fomento de la cultura lectora. Aún queda mucho por hacer.

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EDUCACIÓN, IMPROVISACIONES, RETROCESOS

Patricia Alandia

A un mes de iniciados los ajustes para la implementación del nuevo currículo, el Ministerio de Educación ya anunció su segundo y obligado retroceso. El primero fue el relativo a la ampliación de la jornada escolar a ocho horas, solicitada —personal y públicamente— por nuestro Primer Mandatario; el segundo tiene que ver con la modificación de la carga horaria docente. ¿Se trata de un tema secundario que no afecta la aplicación del currículo, como afirma el ministro Aguilar? Yo creo que no; es una muestra más de la inconsistencia de un proyecto marcado, desde el inicio, por la más irresponsable improvisación.

Aunque la discusión está centrada en la carga horaria, y pareciera que sacar y poner horas es una cuestión administrativa simple, el asunto no es tan baladí, pues el movimiento realizado estuvo dirigido a consolidar los campos de saberes y conocimientos, base de la actual estructura curricular. Una de las materias que se vio afectada con la reducción de horas fue Matemáticas, para favorecer la incorporación de Técnica Tecnológica Productiva, con la que ahora forma parte del campo Ciencia, Tecnología y Producción. Con los cambios, el profesor de Matemáticas debe hacerse cargo de las dos materias (áreas, según el currículo), bajo el entendido de que,si un profesor es responsable de todas las materias del campo, entonces podrá asegurar su articulación temática e incluso epistemológica. Parece simple y hasta lógico; el problema es que ese profesor no está preparado para dar esa segunda materia (en otros campos, más de dos), y no cuenta con las herramientas conceptuales ni metodológicas (en algunos casos, ni siquiera con la bibliografía básica) para asegurar esa articulación.

Las quejas no se dejaron esperar, sin embargo, puesto que este movimiento de horas provocó reducciones en la carga horaria de los maestros, éste, y no el pedagógico, fue el argumento que logró la anulación de la medida.
La pregunta que surge ahora es, si se elimina la aplicación del movimiento de horas, ¿en qué queda la configuración de campos? Antes, es necesario aclarar que las horas que se destinan a las materias o campos no tendrían que derivar de estimaciones caprichosas, sino de un análisis serio que contemple: complejidad de la asignatura y de las temáticas que se tratan en ella, competencias que se pretende desarrollar, características de las actividades de aprendizaje, características de los estudiantes, metodología de trabajo del profesor, entre otros aspectos. En ese sentido, reducir horas solo para posibilitar la implementación de otra asignatura es una decisión irresponsable y destinada al fracaso, y más si se afecta a asignaturas troncales, que son las que posibilitan el desarrollo del pensamiento lógico de los niños.

Con respecto a la pregunta que planteo, creo que retroceder en la distribución de horas implica, inevitablemente, retroceder en la implementación de campos de saberes y conocimientos. El campo se concibecomoun espacio de articulación de conocimientos de distintas áreas, con la realidad social, política, cultural, económica y espiritual; es más, los campos están definidos como“…espacios de organización curricular que propician y posibilitan la reconfiguración de las relaciones de poder entre los diversos agentes, generando disposiciones para la transformación de las relaciones de dominación y subordinación”.Frente a la ausencia de experiencias previas, contenidos claros y de materiales didácticos, el profesor es el único responsable de posibilitar esa articulación, y de superar la lógica de la conformación de asignaturas en compartimentos estancos. En esa lógica, si cada profesor mantiene su carga horaria anterior, ya no se podrá apelar a ese intento de diálogo interdisciplinario interno.

Sin embargo, ése no es el único problema. Como ya lo había señalado en otros lugares, el diseño curricular como tal es deficiente. Con el objetivo de distanciarse de la Reforma Educativa de 1994, y de incorporar un lenguaje a tono con el proceso revolucionario que, supuestamente, vivimos, se ha redactado un texto rimbombante, pretensioso en extremo y, en consecuencia, oscuro e inaplicable. Un ejemplo que ilustra lo que acabo de afirmar es justamente la fundamentación del campo de Ciencia Tecnología y Producción de Educación Primaria: “Desde el Campo de Saberes y Conocimientos Ciencia Tecnología y Producción se cuestiona la estructura económica del colonialismo, basada en la concepción extractivista y explotadora de los recursos de la Naturaleza, de tal manera que asume el derecho de las y los bolivianos al acceso, manejo y uso armónico de los recursos que se encuentran en el territorio del Estado”.

Y sigue: “Desde esta perspectiva, en la educación primaria comunitaria vocacional, se desarrollan las capacidades vocacionales con sentido sociocomunitario productivo, planteando alternativas a la dependencia económica a partir de la generación y aplicación de tecnologías propias y apropiadas con soberanía, promoviendo la transformación de los recursos de la Naturaleza de acuerdo a las necesidades emergentes, facilitando el cambio de la matriz productiva, las relaciones sociales de producción y las estructuras económicas del Estado Plurinacional”.

En términos ideológicos, muchos de nosotros podríamos concordar plenamente con esta propuesta, pero es importante recordar que se trata del currículo de Primaria, es decir, de niños de 6 a 11 años, que están iniciando su proceso de lectoescritura, de desarrollo de sus capacidades de abstracción, de utilización y relacionamiento de los números; de comprensión y aplicación de las operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. En suma, un niño que, dicho en facilito, debe entender el razonamiento numérico y aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, para resolver problemas. Por ello, siento una enorme curiosidad (científica, por cierto) de saber cómo la matemática básica posibilita ir desde la crítica del colonialismo a la superación de la dependencia económica. Una solución práctica que los diseñadores encontraron consiste, al parecer, en añadir a los contenidos tradicionales los términos “comunitario”, “cultural” o “Madre Tierra”. Al respecto, sobran ejemplos que utilizan eserecurso: “Triángulos y clases: equiláteros, isósceles y escaleno en el contexto comunitario”. “Polígonos regulares e irregulares en expresiones culturales y formas naturales”.

Como puede verse, el empeño por encontrar los vínculos entre contenidos matemáticos —por naturaleza altamente abstractos— y el contexto del estudiante es evidente, pero el resultado, en la mayor parte de casos, es falaz e inaplicable. No obstante, esta discusión es válida en el caso del aprendizaje de niños castellanohablantes, mestizos, que viven en el área urbana, pueslas matemáticas que conocemos expresan un tipo de razonamiento que no es universal. Hoy en día se habla de una etnomatemática, que explora las diversas formas de construir el conocimiento en esta área. En ese sentido, no basta con añadir el adjetivo “comunitario” a una categoría propiamente occidental. Claro que estamos muy lejos de ingresar en este debate, que es fundamental si el horizonte verdadero de la educación es la descolonización y la interculturalidad.

Por otro lado, no puede pretenderse que un profesor de Primaria y un niño de cuarto año —es decir de 9 años—estén en condiciones de, a partir de la lógica matemática, analizar, por ejemplo, “Las potencialidades mineras y auríferas: transformación con tecnologías en equilibrio con la Madre Tierra”; más aún,si es un tema que ni el Gobierno está incluyendo, ni pretende incluir, en sus políticas, como claramente se deduce del proyecto de Ley de Minería, que está en discusión.

Y esto me lleva al último punto que motiva este artículo. Si la educación es la principal estructura de reproducción ideológica que el Gobierno utiliza para consolidar su proyecto político, ¿no tendría que existir una mínima coherencia entre el discurso descolonizador, pachamamistae intercultural, que sustenta el currículo,y las acciones gubernamentales?

Personalmente, sí quiero que mis hijas critiquen y rechacen el colonialismo y sus consecuencias, que valoren los saberes y conocimientos indígenas, que aprendan una lengua indígena, que entiendan que un desarrollo respetuoso de la Madre Tierra es posible, y que crean que los bolivianos podemos dejar de ser simples consumidores de las tecnologías foráneas que nos obligan a la dependencia económica y tecnológica. Sin embargo, cuando el portadorde ese discurso, el Gobierno, es el primero en consumir la tecnología foránea, en impulsar políticas extractivistas, en abrir las áreas protegidas —entre ellas el Tipnis— a la explotación hidrocarburífera, en limitar los derechos indígenas y avanzar con el colonialismo interno, además de promover el aprendizaje de lenguas extranjeras antes que el de las lenguas indígenas, es muy difícil defender la factibilidad de este modelo educativo.

Estos continuos yerros están reavivando las voces prejuiciosas y racistas que creen que la descolonización y la educación bilingüe son un retorno al pasado, que la interculturalidad se sostiene en concepciones animistas o anticientíficas, y que la plurinacionalidad es un relato mal contado por el MAS. A estas alturas, el ministro Aguilar tendría que haberse dado cuenta de que la improvisación no conduce a ningún lado, no construye ni transforma, y mucho menos en el campo de la educación;por ello, está claro que no podemos esperar mucho más de él. ¿Quién asume la responsabilidad, entonces?

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ENSEÑANZA DE LENGUAS: ¿UN FRAUDE?

Patricia Alandia

Hace dos semanas, mis hijas llegaron del colegio con la noticia de que sus horarios habían sido modificados, debido a la implementación del nuevo currículo educativo, esto después de más de un mes de iniciadas las labores escolares. Entre los cambios que les llamaron la atención, está la fusión de algunas asignaturas, como Geografía y Biología, Química y Física, que actualmente constituyen campos en Secundaria —quién sabe a partir de qué sustento epistemológico—, y Lenguaje con Inglés y Quechua, en Primaria. Al respecto, la profesora de Lenguaje, al informar sobre la nueva responsabilidad que le habían asignado, dijo conocer algo de inglés, pero confesó, con total honestidad, que quechua aprendería en el camino. Lo dramático de este asunto es que éste no es un caso excepcional.

Más allá de los problemas que el nuevo currículo está desencadenando —y solo me referiré al área urbana—, la enseñanza de lenguas en nuestro sistema educativo siempre ha sido deficiente. Si bien en Bolivia se cuenta con una larga historia de enseñanza de lenguas—sobre todo inglés y en menor medida francés, ahora suprimido—, salvo en las unidades educativas bilingües o de currículo especial, sus resultados pueden calificarse como un fracaso o, en gran parte de los casos, como un fraude.

Son varias las causas que han contribuido a esta situación, y que van desde las representaciones erróneas sobre la enseñanza de lenguas,pasando por el uso de metodologías inadecuadas, hasta llegar a las acciones dolosas de autoridades educativas que incumplen su obligación decontratar profesionales competentes, especializados en el área.

Con respecto a las representaciones erróneas, una de ellas es que, pese a la importancia que se le atribuye socialmente al aprendizaje de una lengua (eso sí, extranjera), cualquier individuo puede enseñar idiomas, pues bastaría que los hable. En segundo lugar, está la idea—también errónea— que aprender una lengua es solo aprender su vocabulario y reglas gramaticales. Desde las primeras experiencias en las que se llevó las lenguas a la educación, la gramática se concebía como el logro más importante de una lengua y la expresión de sus valores como tal, por lo que se concluyó que adquirir la gramática de un idioma suponía, automáticamente, adquirir ese idioma. A ello debemos sumar que la gramática permite cuantificar y dosificar lo que se enseña, y, para ello, ni siquiera es necesario manejar la lengua.

Por otro lado, en lo que se refiere al currículo y la gestión administrativa, las lenguas extranjeras, al igual que las lenguas indígenas, han quedado relegadas a espacios muy secundarios,con una carga horaria mínima (una hora a la semana), y sin un plan curricular establecido. Además, no se ha invertido en la formación de recursos humanos ni en la elaboración de metodologías o materiales que respondan a las necesidades de los estudiantes.

Consecuencia de todo ello es que—y aquí está el fraude—, la mayor parte de profesores que han impartido las asignaturas de idiomas, tanto de lenguas extranjeras  como indígenas, no tienen formación en didáctica de la enseñanza de lenguas, incluso ni siquiera hablan la lengua; es vox pópuli que las asignaturas de idiomas han sido asignadas a cualquier profesor, como una forma de darle la posibilidad de “completar” sus horas. En este sentido, era bastante común que un profesor de Educación Física se hiciera cargo de Inglés o Quechua, de la misma manera que un profesor de Matemáticas, de Técnica Vocacional.

Esta práctica bastante extendida, aunque manejada en secreto, se ha institucionalizado con la implementación de la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez. El nuevo currículo obliga a que los profesores de Lenguaje (castellano) enseñen también inglés y una lengua indígena, en Primaria; y los de Literatura,una lengua indígena, en Secundaria. Puesto que el inglés ha sido elegido como lengua extranjera, los profesores de francés, por decreto, deben aprender otra lengua.

Estamos frente a una situación sin precedentes, pues, sin contar con una fundamentación teórica o metodológica, se ha decidido que una sola persona enseñe tres lenguas en el mismo espacio didáctico parasupuestamente facilitar el desarrollo del plurilingüismo. En este propósito, la o el profesor de Lenguaje, a partir de los contenidos establecidos en el currículo (la mayor parte gramaticales, por cierto), deberá darse los modos para enseñar tres lenguas, alternándolas en las  múltiples actividades. Lo que ningún técnico explica (o sabe) es que dichas lenguas cumplen funciones distintas para el estudiante(lengua materna, segunda lengua y lengua extranjera), razón por la que éste requiere desarrollar en cada una diferentes niveles de competencia lingüística y comunicativa.

Veamos un ejemplo. Un contenido en Primero de Primaria es “Oraciones cortas y concretas [¿?] con nuevas palabras relacionadas con el ambiente familiar y escolar”. El currículo establece la identificación y redacción de ese tipo de oraciones en las tres lenguas; el niño, que está aprendiendo a leer y escribir, tendrá  que esforzar su cerebro al máximo para poder expresar los mismos significados en tres sistemas morfosintácticos y ortográficos diferentes —y no estamos considerando las visiones de mundo subyacentes—,contrastándoloscon el objetivo de“descolonizarse”, pues deberá expresar en esas oraciones el sentido del desarrollo comunitario, equitativo, y de vida pacífica con la Madre Tierra. Muy sencillo, ¿no?

Al parecer, ninguno de los técnicos se molestó en leer algún estudio psicolingüístico que explique el proceso de lecto escritura y su complejidad, información que, dicho sea de paso, sí fue considerada y explicada en el diseño del currículo de la reforma educativa de 1994. Pero, claro, nos estamos descolonizando, y ésas no son más que imposiciones del Imperio que quiere que permanezcamos en el subdesarrollo.

¿Y qué les toca a los estudiantes de Secundaria? Veamos otro ejemplo. Un contenido de Primero de Secundaria es “Textos narrativos, descriptivos y expositivos” (¡todo eso junto!); forman parte de la misma unidad “Los signos lingüísticos y no lingüísticos” y “Actos de habla, cadenas léxicas”. En ningún momento se hace referencia a un trabajo textual, al estudio del texto como unidad comunicativa, a su estructura, al proceso de construcción del significado o a los elementos lingüísticos que participan de él. Se propone estudiar los tres tipos de textos para que luego, como por arte de magia, el estudiante redacte textos “con ideas contrarias a la colonización”, ¡en castellano y en lengua indígena! Es decir, debe revisar distintos contenidos teóricos para redactar un texto argumentativo. Seguramente un estudiante de doce años tendrá problemas en redactar, en castellano, un texto argumentativo sobre descolonización o imposición cultural, y más aún si no tuvo la posibilidad de desarrollar sus competencias textuales; imaginemos esa tarea en lengua indígena. No solo se enfrentará a la falta de conocimiento de la lengua, sino a las diferencias tipológicas de los textos y a la inexistencia de términos en las lenguas indígenas. Entonces, ¿cómo sorteará estas dificultades el profesor? Fácilmente, todo se convertirá en contenido teórico aprendido en castellano; tal vez solicite la redacción de algún texto, el cual no cumplirá con ninguna exigencia estructural, y la lengua indígena se quedará para los saludos y un poco de conjugación verbal. ¿Se está favoreciendo así el plurilingüismo?

La realidad es que se está imponiendo un currículo que ha sido diseñado sin criterios técnicos adecuados; que plantea campos de conocimiento, reúne  disciplinasy áreas sin un fundamento teórico válido ni experiencias de articulación previas; que incorpora contenidos, algunos mal formulados, otros innecesarios o inexistentes, de manera desordenada o mal dosificada. Sin embargo, los profesores deben hacerlo funcionar, llenar planillas que no entienden, impartir  asignaturas que están empezando a conocer, aprender idiomas que enseñarán simultáneamente. Y lo más preocupante de todo es que el PROFOCOM, que tiene el objetivo de formarlos y guiarlos en estos cambios, no lo hace, pues los técnicos tampoco entienden este “modelo”, no cuentan con la preparación ni la experiencia necesaria. Estamos frente a un experimento que nadie sabe bien cómo funciona, el cual, con un evidente desprecio por el conocimiento y la experiencia acumulados, las actuales autoridades quieren implantar a como dé lugar.

Mientras tanto, el único debate que se ha instalado es el de la evaluación, que solo es importante en la medida en que ésta acompaña los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello, hay cuestiones más urgentes: cómo se articulan las disciplinas, qué contenidos son pertinentes, cuáles existen y cuáles hay que construir; cómo opera la descolonización en el aula, cómo se debe enseñar de manera descolonizada; qué supone el plurilingüismo, qué rol tendrán las distintas lenguas en el proceso de aprendizaje en general, entre otros temas centrales.

Lamentablemente, no hay señales de que el ministro Aguilar vaya a propiciar un debate al respecto, por lo que éste deberá surgir de la sociedad, de los actores educativos que fueron excluidos, de los intelectuales y de los representantes indígenas no silenciados, de los profesores desorientados y afligidos, de los padres de familia indignados. Por su parte, el Gobierno seguirá invirtiendo sus recursos y energía en los Juegos Plurinacionales, en los bonos, en los acuerdos con universidades privadas, y en todo aquello que reditúe políticamente y a corto plazo. “Las inversiones en educación son de rendimiento lento, no le lucen a ningún gobierno...”, afirma Mujica, pero, a diferencia de él, es una apuesta que nuestro Gobierno, por lo visto, no está dispuesto a hacer.

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SI EVO HABLARA UNA LENGUA INDÍGENA...

Patricia Alandia

A mediados del 2008, después de una cirugía menor, el anestesista, que me acompañaba en la sala de recuperación, opinó sobre la oficialización de las lenguas indígenas: “¡Qué barbaridad!, ¡quieren retroceder 500 años!”. Luego me preguntó qué pensaba; aún aturdida, le dije que me parecía un acierto. “Ah, seguro que es masista”, exclamó desconcertado. “No, lingüista”, le respondí. 

Al igual que este profesional, que en este momento ya no se encuentra tan distante del MAS, la mayor parte de nuestra población ve en las lenguas indígenas sistemas inferiores, al punto que ni siquiera merecen llamarse lenguas —por eso el denominativo incorrecto de dialecto—, signos del pasado y, por ello, inadecuados para la modernidad y el progreso que esta promete.

Esos prejuicios, que son los que todas las sociedades colonizadas siguen reproduciendo, han generado políticas estatales discriminatorias que, como en nuestro país, han acelerado la sustitución lingüística. Frente a ello, la Unesco, desde el 2000, celebra cada 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna, para así reafirmar la necesidad de respetar y permitir el desarrollo de las alrededor de 7.000 lenguas del mundo, y fomentar la educación de los niños en sus lenguas maternas, pues, como se ha establecido científicamente, ello contribuye a crear bases sólidas para la cognición y el aprendizaje de otras lenguas.

En el plano normativo, es innegable que Bolivia está a la vanguardia, pero, contrariamente a lo que muchos piensan, no gracias al MAS, sino debido a la lucha sostenida de los pueblos indígenas que han visto en la defensa de sus lenguas el fundamento de su reivindicación y la posibilidad de su reproducción cultural en el tiempo. Hemos oficializado 36 lenguas (aunque algunas son variantes y otras ya estaban extintas); contamos con una ley de derechos y políticas lingüísticas, una ley de derechos indígenas y una ley educativa que promueve el plurilingüismo. Sin embargo, esta situación tan favorable no se condice con la actual situación de las lenguas.

Los datos del último Censo arrojan cifras que contradicen los supuestos avances que refiere el relato gubernamental: del 62% de la población autoidentificada como indígena en el 2001, ahora se tiene un 41%; de 1.600.000 hablantes aimaras, 2.500.000 quechuas y 90.000 guaraníes, ahora se tiene 1.021.513, 1.680.384 y 51.814, respectivamente; solo por nombrar tres de las lenguas más vitales. Y, lo que es más paradójico, con la llegada del primer Presidente indígena, desde el 2006, las lenguas indígenas han sido desalojadas de las aulas que habían conquistado con la reforma educativa de 1994.

Recojo los datos del Censo solo como una referencia, pues hay muchas razones —algunas ya muy debatidas— para concluir en su escasa credibilidad. Si tomamos el caso del puquina que, según los datos del Censo presenta 109 hablantes, y considerando que la referencia a su uso ya desapareció a comienzos del siglo XIX, es legítimo pensar que no tenemos una fotografía fiel, por lo que el descenso del número de hablantes de lenguas indígenas sería mucho más dramático de lo que se presenta. 

Según las evaluaciones del Ministerio de Educación —vaya a saberse de dónde salen—, de las 36 lenguas oficializadas, ocho están en peligro de extinción; nueve en peligro; ocho en situación crítica, y dos en nivel de vulnerabilidad. Lo que no dicen es cuántas ya están extintas. Pese a que estas estimaciones no presentan una fuente confiable, describen una situación tan grave que solo puede ser definida como una catástrofe.  

Y no es casual que la lingüística tome prestados los términos de la biología para referirse a las lenguas, pues, al igual que cualquier especie, las lenguas son portadoras de vida, pues son depositarias de la cultura y sabiduría, no solo de sus hablantes, sino de la humanidad. En consecuencia, con la desaparición de las lenguas, se pierde invaluables conocimientos culturales, parte de la historia y la capacidad cognitiva de la especie humana. 

Lamentablemente, para la mayoría de la sociedad, la pérdida de la diversidad cultural y lingüística no es un tema relevante. En esa lógica, según la derecha más conservadora, y la ceguera persistente que la caracteriza, la reducción de la población indígena y de los hablantes de sus lenguas es prueba del fracaso del supuesto proyecto masista de “indianizar” el país, y de implementar un Estado plurinacional, que no representaría a la mayoría mestiza de bolivianos y bolivianas.

Para el Gobierno, es evidente que pasó a ser un tema secundario. Más aún, Evo Morales ya lanzó una sentencia sobre la situación de los pueblos indígenas y su acceso a recursos y a representación política: “Es como el cacho, lo que se ve se anota”, dijo. Así las culturas y las perspectivas de desarrollo, sobre todo de los pueblos de tierras bajas, serán sepultadas por las cifras frías, y, para satisfacción de gobernantes y opositores, también será sepultada la construcción del Estado plurinacional.

Parece que necesitamos, como siempre, de una mirada externa, un nuevo “descubrimiento” por parte del primer mundo, que nos haga dar cuenta de nuestra miopía; que nos persuada de que los conocimientos medicinales de nuestros pueblos están siendo usufructuados por las grandes industrias farmacéuticas; que nuestras lenguas se enseñan en las mejores universidades de Europa y Norte América, por la gran riqueza que aportan; que la tecnología desarrollada en el campo de la agricultura y la biodiversidad genética están siendo aprovechadas por industrias transnacionales. Tal vez así se despierte un honesto interés por las lenguas, en la ciudadanía y en el Gobierno.

En todo caso, no son suficientes las leyes ni los decretos que declaran de interés nacional y cultural la preservación del hábitat, los valores y medios de subsistencia ancestrales, como el promulgado sobre la nación uru-chipaya, menos aún si la repuesta concreta a sus necesidades y demandas es la entrega de un coliseo deportivo. Es imprescindible admitir que estamos frente a una catástrofe, y como tal, que hay que hacerle frente de manera inmediata, con los recursos económicos necesarios, esos que tan fácilmente se consiguen para vagonetas de lujo, vehículos blindados o para aviones de los mandatarios. 

Necesitamos acciones, no meros actos simbólicos. Sin embargo, ya que la legitimidad del Gobierno precisa de esos actos, además de vestir el traje del lugar que visita, el Presidente podría hablar en sus lenguas, pues la penetración de las lenguas indígenas en los discursos y espacios de poder es per se una acción revolucionaria de recuperación de la dignidad, mucho más auténtica, sin lugar a dudas, que el paso del rally Dakar por nuestro territorio o  la adquisición del satélite Túpac Katari.

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EL VIVIR BIEN Y LA COCA COLA

Patricia Alandia

El 13 de julio de 2012, el Jefe de la Diplomacia del Estado plurinacional, David Choquehuanca, a propósito del festejo del Día del Solsticio de Verano en la Isla del Sol, desconcertó a propios y extraños afirmando que el 21 de diciembre finalizaría la Era de la Coca-Cola: “… vivimos en la macha, vivimos la oscuridad, vivimos el egoísmo, vivimos el individualismo …tiene que ser el fin de la Coca-Cola, es el comienzo del mocochinchi, del willkaparu, es el comienzo de la pacha…".

Obviamente el Canciller, ideólogo de la cosmovisión aimara, se refería a la Coca-Cola como símbolo del capitalismo, al que se contrapone el relato del Gobierno que el 2006 marcó una ruptura con los gobiernos pasados, para inaugurarel denominado “proceso de cambio”. Desde la llegada del MAS a Palacio, Choquehuanca ha sido uno de los pocos que se esforzaron en incluir y explicar, en el discurso oficial, el verdadero significado del Estado plurinacional y de sus fundamentos ideológicos: la descolonización y el vivir bien.

Sin embargo, la misión de Choquehuanca no fue muy exitosa. Sus esporádicas participaciones se redujeron a anécdotas, en las que las explicaciones sobre el sexo de las piedras y las diferencias semánticas entre danzar y bailar o comer y alimentarse solo lograron dar la excusa, a la oposición de derecha, para caricaturizarlo y atizar las representaciones mentales negativas que siglos de colonialismo nos han legado con respecto a los pueblos indígenas, sus lenguas y sus culturas. Por su parte, la endeble convicción del Gobierno con respecto a su propio relato, y las confrontaciones producidas a lo largo del proceso constituyente reinstalaron la falaz antípoda entre las culturas indígenas, asociadas al pasado, y la modernidad, signo de progreso y futuro.

En ese camino, la derecha aprovechó la heterogeneidad de las concepciones manejadas por los representantes del oficialismo, con respecto a la plurinacionalidad, la descolonización y el vivir bien, para cargarlos de connotaciones negativas, impregnadas de una alta dosis de racismo: redujo la plurinacionalidad al mundo indígena, y éste a la ignorancia y al pasado. Además, analogizó indígena a masismo, por lo que la plurinacionalidad se consolidó como el proyecto del MAS.

A partir del segundo mandato de Evo Morales, esos conceptos siguieron un proceso de resignificación, esta vez generada por el mismo Gobierno. Para este efecto, en primer lugar, el significante Evo Morales se vació de su significado anterior (‘cocalero’, ‘indígena’, ‘sindicalista’) para significar ‘pueblo’, ‘antiimperialismo’ y ‘redentor’, y, en consecuencia, ‘proceso de cambio’. Resultado de ello, estar en contra de las políticas implementadas por Evo Morales supone estar en contra del proceso de cambio, y, por lo tanto, a favor de la derecha, del neoliberalismo y del Imperio.
Como Evo Morales ha pasado a encarnar el proceso de cambio, la descolonización y el vivir bien dejaron de funcionar como los fundamentos ideológicos en el discurso gubernamental, porque, además, a partir del conflicto del Tipnis, perdieron legitimidad, y, debido a ello, su fuerza retórica. Asimismo, el tiempo ha demostrado que Evo Morales no cree en la descolonización ni en el vivir bien, que representan la construcción de una alternativa civilizatoria donde las distintas culturas y concepciones de vida tengan posibilidad de subsistir y desarrollarse dentro de sus propias lógicas,para dialogar en igualdad de condiciones con la occidental. Por ello, no es casual que estos términos estén siendo desplazados, paulatinamente, por desarrollo, modernidad y progreso.

Prueba de lo anterior es que cada que Evo Morales pone un pie en el Tipnis,  la vida indígena que, desde su filtro desarrollista huele a extrema pobreza, lo sobrecoge; no entiende cómo pueden habitar viviendas sin ladrillos, ni calaminas, ni antenas de TV.Tampoco entiende que se sigan dedicando a la caza y la pesca, por lo que, en una de sus visitas, se sintió en la obligación de censurar esas prácticas y aconsejar la adopción de otros medios más civilizados de producción.

Pese a los ornamentos indígenas, gran parte del discurso de Morales está acompañando la perpetración de uno de los procesos colonizadores más eficaces en su resultado aculturizador. Tal como la mirada de los religiosos españoles en la Colonia finalmente consiguió que los indígenas se avergonzaran de su desnudez, la mirada del Gobierno se esfuerza en avergonzar a los indígenas de su desnudez de objetos, de ambición material, de cemento y fierros.
En esa lógica, ya sea por el chantaje o por el prebendalismo, muchos dirigentes indígenas afines al MAS se han visto en la penosa situación de respaldar las decisiones de Morales, aunque estas entren en profunda contradicción con su cosmovisión  y sus reivindicaciones. Un ejemplo es la defensa que tuvieron que hacer del rally Dakar, una de las expresiones más representativas del neocolonialismo capitalista, financiado por transnacionales, muchas depredadoras de la Madre Tierra. Siguiendo el libreto oficial, lo incluyeron entre sus banderas de recuperación de la dignidad, del orgullo nacional y de la autoestima boliviana pisoteada, porque estos eventos internacionales, como Quintana cree, son necesarios para cambiar nuestra triste condición de “ciudadanos de tercera categoría”.

Tanta contradicción con el discurso pachamamista e indigenista inicial le ha obligado al Gobierno a un proceso de resemantización, muy característica de los discursos políticos, la cual consiste en la recomposición de discursos pasados o de otras ideologías, a los que se les inyecta significados nuevos. El rally Dakar, el satélite, las carreteras, los aviones y autos de lujo, las concesiones de áreas protegidas a la explotación transnacional se han vaciado de sus significados ligados al capitalismo, al relato neoliberal y de la globalización, y se están utilizando como expresiones de soberanía, orgullo y dignidad. Desde esta lógica, las transnacionales que trajo Gonzalo Sánchez de Lozada eran malas porque fueron impuestas por el Imperio; las que trae Evo son buenas porque él, símbolo del antiimperialismo, tomó la decisión.

Real y metafóricamente, para desconcierto de Coquehuanca, la Era de la Coca-Cola está plenamente vigente, tanto que llegó en avión a traerle una de las más grandes alegrías a nuestro Presidente. Las políticas neoliberales ahora son revolucionarias, y subirnos al carro del capitalismo, con su consumismo, su depredación y todo, es un acto de dignidad y soberanía, porque el pasado ha sido reemplazado por las pretensiones primer mundistas, y Túpac Katari se ha convertido en satélite. 

¿Y todavía los indígenas y campesinos afines al MAS siguen creyendo que el enemigo es la Embajada de EEUU?

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