La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) enviaron una comunicación formal a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, y al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, en la que exponen una preocupante escalada de vulneraciones a la libertad de prensa, especialmente entre los meses de enero y junio del presente año.

Denuncian un clima de hostilidad y violencia sostenida contra periodistas, con al menos 51 vulneraciones directamente vinculadas al proceso electoral y a la crisis económica, según datos documentados por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS que muestran un patrón de violencia ejercida por sectores sociales afines al expresidente Evo Morales, en el marco de movilizaciones para exigir su habilitación como candidato.

Según detallaron, en La Paz, varios periodistas —incluidos corresponsales internacionales— fueron heridos durante una marcha, en la que también hubo excesos de la Policía con la utilización de gas y balines hacia los reporteros. Casos similares ocurrieron en Sipe Sipe, El Alto y Llallagua, donde los periodistas fueron golpeados, requisados y amenazados, y se atacaron instalaciones de radios locales.

De acuerdo con los datos del Observatorio, entre 2022 y 2024 la libertad de prensa se posicionó como la segunda categoría con mayor número de registros de vulneración (495 casos), solo por detrás de la institucionalidad democrática. Se trata, además, de la libertad fundamental más afectada entre las que monitorea el Observatorio. La libertad de prensa fue la segunda categoría de derecho más vulnerada en Bolivia en ese periodo.

“No se trata de hechos aislados ni coyunturales. Existe una tendencia sistemática de censura, violencia y criminalización del ejercicio periodístico que exige acciones urgentes del Estado boliviano”, señala el informe que fue aprobado por más de 50 delegados que participaron en la Conferencia Nacional de Asociaciones de Periodistas.

El informe también alerta sobre una preocupante dimensión de violencia de género contra mujeres periodistas, agredidas verbal y físicamente con tintes sexistas, en ciudades como Desaguadero, Yapacaní y Santa Cruz.

Además, se denuncia la participación directa o permisiva de actores estatales en la estigmatización de la prensa y se subraya que funcionarios públicos y autoridades locales han proferido calificativos como “prensa vendida” o “mentirosa”, reforzando un clima de descrédito que fomenta la hostilidad y alimenta la impunidad.

Ante esta situación, la ANPB y la ACPI han solicitado tanto a la Relatora Especial de la ONU como al Relator Especial de la CIDH que realicen un seguimiento riguroso y sostenido a la situación de la libertad de prensa en Bolivia. “La ausencia de acciones estatales —ya sea preventivas, investigativas o sancionatorias— configura una omisión agravada y una violación del deber de garantía consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, afirma el informe.

Asimismo, manifiesta la preocupación por el silencio institucional frente a la violencia contra la prensa y llama a la comunidad internacional a mantener su atención sobre Bolivia. No puede haber democracia sin libertad de prensa, y no puede haber libertad de prensa sin garantías estatales para su ejercicio seguro y libre de represalias, subraya.