Tras la información difundida sobre la detención en el aeropuerto de El Alto del exministro de Minería Cesar Navarro y del exviceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Pedro Damián Dorado, pese a tener un salvoconducto para salir del país rumbo a México,  el gobierno se vio en apuros para brindar una explicación ante las críticas que surgieron desde sectores políticos de oposición.

El ministro de Gobierno Arturo Murillo y la canciller Karen Longaric  emitieron por separado comunicados ratificando la fe del Estado para que ambas ex autoridades puedan salir del país en virtud del salvoconducto que les fueron otorgados.   

Longaric a través su cuenta de twitter sostuvo que la embajada de México trasladó a los asilados al aeropuerto de El Alto con la garantía que le otorgan los salvoconductos extendidos por el gobierno boliviano.  “En ese sentido los asilados deberían ser trasladados a México sin ningún problema bajo la garantía de los salvoconductos”, afirmó.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió que el gobierno de Bolivia aclare esta situación, que de ser cierta haría un daño gigantesco a la imagen del país. “Si Cancillería expidió salvoconductos, debe explicar y justificar estos, pero sobre todo asegurar que todas las instancias del Estado los  respete” dijo mediante su cuenta de twitter.

Más tarde el expresidente Carlos Mesa dijo que “si se le dieron salvoconductos a dos personas, no se puede luego detenerlas. El gobierno debe dar una explicación del hecho. De comprobarse, la situación internacional de Bolivia quedará muy comprometida”.

Luego el ministro Murillo vía un comunicado difundido ratificó que en cumplimiento de la fe del Estado se ha dispuesto que ambas autoridades saldrán del país, a pesar de la existencia de un mandamiento de aprehensión.

Aseguró que el gobierno respeta la independencia de los poderes y de las instituciones encargadas de la administración de justicia. Sin embargo en este caso, lamenta la descoordinación producida entre la Policía y el Ministerio Público que generó confusión.

Murillo sostuvo que el gobierno ratifica su posición de respeto a todos los convenios internacionales en todas las materias y muy especialmente las garantías de los derechos humanos, dice en su pronunciamiento oficial.