Las organizaciones Fundación Jubileo, la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), UNITAS y Ruta de la Democracia emitieron un pronunciamiento público advirtiendo sobre los riesgos que implicaría la aprobación acelerada del Proyecto de Ley 213, promovido por la Asamblea Legislativa Plurinacional saliente para designar nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las instituciones cuestionan que dicho proceso reproduce prácticas ya observadas en anteriores selecciones de altas autoridades, como la falta de transparencia, independencia y objetividad, lo que —según alertan— podría comprometer la legitimidad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y debilitar aún más la confianza ciudadana en el sistema democrático.

“Las veedurías ciudadanas han documentado serias falencias: evaluaciones sin criterios claros, verificación desigual de requisitos, falta de transparencia en las impugnaciones y un trato inequitativo hacia las veedurías nacionales”, señala el pronunciamiento.

Propuesta alternativa al Proyecto de Ley 213

Como respuesta, las organizaciones realizaron un análisis detallado del PL 213 y redactaron una propuesta alternativa para corregir los artículos que podrían vulnerar derechos, incurrir en vicios de nulidad o dificultar la construcción de un tribunal electoral imparcial. El documento ya fue entregado a las presidencias de la Cámara de Senadores y de Diputados.

“La normativa puede y debe ser sólida, legítima y basada en méritos verificables. Es posible evitar los errores del pasado”, sostienen.

Además, hacen un llamado a la nueva Asamblea Legislativa, que entrará en funciones en noviembre, para que asuma esta responsabilidad mediante la aprobación de un reglamento que garantice transparencia, independencia y probidad, incluyendo estándares internacionales, participación ciudadana efectiva y la inclusión de universidades y organizaciones sociales.

Exigen transición electoral ordenada y transparente

El pronunciamiento también exhorta al actual Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los nueve Tribunales Electorales Departamentales a preparar una transición institucional pública y responsable, que permita a las futuras autoridades asumir sus funciones con plena capacidad de gestión, especialmente frente al desafío de organizar las Elecciones Subnacionales 2026.

Las organizaciones insisten en que la actual Sala Plena del TSE debe cumplir con la convocatoria y elaboración del calendario electoral en los plazos adecuados, para garantizar la continuidad técnica del proceso electoral y evitar retrasos que afecten la gobernabilidad democrática.

Llamado a la vigilancia ciudadana

“Bolivia necesita autoridades electorales íntegras, independientes y competentes”, subrayan. Para ello, consideran esencial corregir los vacíos legales del PL 213 y asegurar una transición institucional planificada, sin improvisaciones ni presiones políticas.

Finalmente, convocan a la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones sociales a ejercer vigilancia activa sobre este proceso, para evitar que se repitan los errores que han debilitado la institucionalidad democrática en años recientes.