La Fundación Tierra presentó una evaluación parcial sobre el estado de los incendios en Bolivia y advirtió que, si bien por ahora no se repite la magnitud del desastre ambiental de 2023 —cuando se quemaron más de 12 millones de hectáreas—, los próximos meses serán “complicados” debido al incremento de focos de calor y quemas autorizadas y no autorizadas.

El director de la institución, Gonzalo Colque, explicó que agosto y septiembre son los meses de mayor riesgo, cuando históricamente se disparan los focos de calor y las quemas, en gran medida vinculadas al avance de la frontera agrícola. En ese sentido, recomendó un estricto control sobre los permisos de desmonte y quema, así como mayor fiscalización a las actividades que se realizan en el oriente boliviano.

Colque cuestionó el rol de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que —según dijo— ha otorgado permisos de quema por más de 100.000 hectáreas anuales, principalmente en Santa Cruz y Beni. “Hay demasiada flexibilidad en la ley y diferentes tipos de desmontes y quemas, tanto para pequeños productores, comunidades indígenas e interculturales, como para grandes empresas. Eso ha multiplicado el manejo irresponsable del fuego”, señaló en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Añadió que no existe capacidad real de fiscalización frente a la magnitud de las autorizaciones. “Si a eso sumamos las quemas no autorizadas, prácticamente dependemos de la decisión y voluntad de quienes las realizan, porque las fiscalizaciones han sido absolutamente insuficientes”, advirtió.

Respecto a los incendios de 2023, Colque recordó que los principales focos de origen se dieron en áreas protegidas y tierras fiscales no disponibles, donde no debería existir propiedad privada ni explotación comercial. También se registraron dentro de Territorios Comunitarios de Origen (TCOs), como Monteverde, Guarayos y Bajo Paraguá, además de la zona del Pantanal y San Matías.

El tercer grupo de focos se concentró en propiedades privadas de carácter empresarial. El director de Fundación Tierra remarcó que muchos de los incendios ocurren en zonas de conflictos de tierras y asentamientos recientes, donde la débil presencia estatal y la falta de papeles en orden generan disputas y un control parcial de la superficie.

“Al menos la mitad de estas propiedades fueron tituladas originalmente como ganaderas y no deberían convertirse en tierras agrícolas, pero el fuego se usa como herramienta de cambio de uso de suelo”, advirtió.

Colque concluyó que, sin una acción decidida de fiscalización y un ajuste en la normativa, el país podría enfrentar nuevamente un escenario de gran magnitud. “Aún no estamos camino al desastre del año pasado, pero si no se corrigen estas prácticas, los próximos meses serán muy difíciles”, subrayó.