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El Tribunal Agroambiental ordenó al Gobierno y a otras instituciones presentar un plan integral de intervención en las zonas afectadas por la actividad minera, principalmente en los ríos Madidi, Madre de Dios y Tuichi. El documento debe ser presentado en un plazo de 10 días, desde la notificación, y puesto en marcha en los siguientes 15 días.

“Primero es que tienen que presentar el plan de intervención integral de estas zonas afectadas. Y segundo, en 15 días tiene que poner en marcha”, explicó a ERBOL la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez Rodas.

El Gobierno, mediante el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, descartó “por el momento” quitar la subvención a la gasolina. Esto en un contexto donde han surgido descontentos de sectores sociales por la eliminación del subsidio al diésel.  

“Quiero dar tranquilidad a la población: por el momento, la subvención a la gasolina se mantiene”, aseveró Blanco mediante redes sociales.

Explicó que la “prioridad es recuperar la continuidad del abastecimiento y avanzar progresivamente hacia una provisión normal de combustible”.

Jorge Quispe, Sumando Voces

El eco de los más de 50 días de bloqueos registrados entre mayo y junio todavía se siente en las calles y en los bolsillos de las familias bolivianas. La conflictividad dejó afectaciones a la salud, la movilidad, el abastecimiento y la actividad económica, además de 22 fallecimientos documentados por la Defensoría del Pueblo en ese contexto, 19 de ellos correspondientes a terceros afectados por los bloqueos.

El Consejo de la Magistratura realizó este miércoles un levantamiento técnico en la oficina de la jueza Livia Alarcón, después de que se difundieran imágenes en las que supuestamente aparece ingresando a la vivienda donde Sebastián Marset fue capturado horas después.

“Hemos hecho un levantamiento técnico y hemos solicitado los expedientes que están dentro del proceso de Marset y el de secuestro de sus bienes y del (caso de) su testaferro, el alias ‘El Colla’”, informó a ERBOL el encargado distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Emilio Arredondo.

La Aduana Nacional aplicará, desde el 2 de octubre, una alícuota del 0% al Gravamen Arancelario (GA) para la importación de Gasolina de Aviación Grado 100, en el marco del Decreto Supremo 5729, medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

La disposición tiene como objetivo facilitar el ingreso de este combustible estratégico y asegurar su abastecimiento para las operaciones aeronáuticas en todo el territorio nacional.

La Defensoría del Pueblo anunció que verificará las denuncias sobre afectaciones vinculadas al mercurio en comunidades indígenas de la Amazonía, entre ellas Eyiyoquibo, donde vive el pueblo Esse Ejja. El defensor Pedro Callisaya informó que ya se tomó contacto con estas poblaciones.

“Estamos entrando en contacto con el pueblo indígena para verificar esta denuncia”, afirmó Callisaya, al referirse a los reportes sobre personas afectadas. Señaló que, de confirmarse los casos, se debe priorizar la mitigación médica inmediata.

La Fiscalía General del Estado negó que su máxima autoridad Roger Mariaca se haya reunido con el narcotraficante Sebastián Marset, 10 días antes de que el uruguayo fuese extraditado a Estados Unidos.

El Ministerio Público rechazó esa versión que atribuyó a la periodista Amalia Pando.

“La Fiscalía General del Estado rechaza dicha afirmación y sostiene que la información difundida no corresponde a la verdad”, dice un comunicado.

Las nueve gobernaciones acordaron instalar mesas técnicas desde el 5 de octubre en La Paz para avanzar en tres puntos vinculados con la coparticipación tributaria, la regulación de impuestos departamentales y la gestión de recursos internacionales.

Ante las advertencias para activar movilizaciones, pese al estado de excepción, el coronel Ricardo Terrazas, comandante departamental de la Policía de La Paz, afirmó que entidad del orden con las Fuerzas Armadas han dispuesto “operaciones de largo aliento” que tienen carácter preventivo.

El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles una ley que transfiere al nivel central el financiamiento de los prediarios y del bono de vacunación, obligaciones que hasta ahora recaían en las gobernaciones. La medida representa un alivio fiscal de Bs 209,5 millones para los gobiernos departamentales.

“Este es un paso dentro de lo que es la Agenda 50-50”, afirmó Paz durante el acto de promulgación realizado en el Palacio Quemado, donde vinculó la norma con el proceso de descentralización y redistribución de competencias y recursos.