El senador Nilton Condori informó que existe una orden de aprehensión en su contra y aseguró que no teme una posible detención. Señaló que la medida se activaría en cualquier lugar donde sea encontrado.
“El delito simplemente es pedir a la Asamblea Legislativa que se reduzcan sus sueldos y que eliminen la renta vitalicia. Ese es mi delito”, afirmó el legislador en entrevista con Red Yungas.
La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto convocaron a un diálogo “Por el Bien Común” dirigido al Gobierno y a sectores movilizados, mientras esperan coordinar fecha y hora del encuentro en medio de la escalada de conflictividad.
“Frente a la intransigencia en el conflicto llamamos a contraponer la claridad de la palabra; frente al descontrol de las pasiones vigorizar la fuerza del entendimiento; frente a la presencia de la violencia invocamos la fecundidad del diálogo”, señala el pronunciamiento conjunto.
El alcalde César Dockweiler pidió este lunes deponer las actitudes violentas y abrir un “diálogo sincero” entre el Gobierno nacional y los sectores movilizados, ante el conflicto y los bloqueos que afectan al abastecimiento y la transitabilidad en la ciudad de La Paz.
“Hasta en los peores conflictos, en las peores guerras, en las peores situaciones, la forma en la que hemos podido salir de esta situación ha sido a través del diálogo. No hay otro camino”, afirmó la autoridad edil
La Federación Andina de Chóferes Primero de Mayo de El Alto determinó ingresar a un paro indefinido con bloqueos desde las 00:00 de este martes 19 de mayo, informó el ejecutivo del sector, Reynaldo Luna.
“En el ampliado ordinario se ha determinado el repliegue de todas nuestras movilidades (…) y un paro indefinido con bloqueos. (...) Los secretarios generales han expuesto que están queriendo hacer la privatización de nuestros recursos naturales y empresas estratégicas. Han dicho de que ya en este caso la renuncia del presidente”, informó Luna.
Iván Ramos - Periodismo que Cuenta
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público en Tarija solicitó a la Policía Boliviana un informe detallado sobre las acciones realizadas para ejecutar la orden de aprehensión emitida contra el exmandatario.
La jornada de protestas de este lunes en La Paz derivó en disturbios, saqueos y daños a instituciones públicas en distintos puntos del centro paceño. En inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), manifestantes incendiaron una patrulla policial, mientras también se reportaron ataques y robo de documentación en oficinas del Tribunal Departamental de Justicia .
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, desmintió este lunes la creación de un “impuesto del 5%” para gremiales, productores y cuentapropistas. La autoridad aseguró que se trata de una “campaña de desinformación” impulsada por sectores que buscan desestabilizar al país.
“Están intentando engañar a la población diciendo que vamos a cobrar un ‘impuesto del 5%’ a gremiales, productores y cuentapropistas. Eso es absolutamente falso. No existe ningún nuevo impuesto para quienes trabajan y mueven la economía del país”, afirmó Espinoza a través de sus redes sociales.
La Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno por distintos hechos vinculados a las protestas y movilizaciones en el país.
La tensión se incrementó este lunes en el centro paceño durante las movilizaciones protagonizadas por mineros cooperativistas de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) La Paz y miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari”, quienes detonan petardos y dinamita cerca del perímetro de seguridad de la plaza Murillo.
La Policía Boliviana y el Ministerio de Salud desmintieron este lunes versiones difundidas en redes sociales y plataformas digitales que atribuían a operativos de desbloqueo y presuntas intervenciones militares las muertes de dos autoridades originarias del altiplano boliviano.
En un comunicado oficial, la Policía rechazó publicaciones que señalaban que Rubén Callisaya Marca, mallku Justicia de la comunidad Checa Belén, habría fallecido durante recientes operativos de desbloqueo en el país.