Sección

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por más de dos tercios una resolución que pone en marcha un trámite acelerado para modificar el artículo 25 de la Ley 260 del Ministerio Público, en medio de la controversia sobre la situación del fiscal general Roger Mariaca.

La resolución dispone que ambas cámaras convoquen e instalen “de manera inmediata” sesiones plenarias permanentes por tiempo y materia, aplicando la dispensación de trámite que corresponda para trabajar de manera coordinada y garantizar el tratamiento “oportuno y prioritario” del proyecto.

El Ministerio Público, mediante un fiscal de materia, ha emitido una imputación formal en contra del fiscal general Roger Mariaca, además de otras tres personas por el delito de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Además de Mariaca, están imputado el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y el policía Rubén Aparicio.  

En la imputación, se solicita la detención preventiva de los cuatro por el lapso de seis meses en el penal de San Pedro y el de Patacamaya de La Paz.

La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades a actuar con responsabilidad institucional y mesura ante la situación que atraviesa el Ministerio Público, con el objetivo de evitar acciones que interfieran en su funcionamiento o generen incertidumbre en la ciudadanía.

El pronunciamiento se da luego de la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca y algunos de sus colaboradores, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Esa situación ha generado dudas sobre quién asume el cargo y susceptibilidad dentro del Ministerio Público.    

Un juez determinó este viernes denegar la Acción de Libertad que había presentado el fiscal Martín Irusta, implicado en la presunta trama de facilitación del narcotráfico y corrupción en la Fiscalía encabezada por Roger Mariaca.

El recurso se había presentado contra el ministro de Gobierno y la Policía, por la aprehensión ejecutada contra el fiscal.

La autoridad judicial argumentó que el accionante debía agotar primero otras instancias, además de observar una falta de argumentos para considerar la tutela.

La Asamblea Legislativa sesiona este viernes para abordar la situación del fiscal general Roger Mariaca, en medio de denuncias sobre una supuesta compra de votos con dinero del narcotráfico y cuestionamientos vinculados al denominado “Escudo de las Américas”.

“Desde ayer han vuelto a surgir los mismos rumores de que quieren comprar votos con dinero del narcotráfico para seguir manteniendo intacto el mismo esquema”, afirmó el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien pidió a los legisladores definir si respaldan una transformación de la justicia.

El Gobierno denunció este viernes que volvieron a surgir rumores sobre una supuesta compra de votos de asambleístas con dinero proveniente del narcotráfico, en vísperas de la sesión de la Asamblea Legislativa convocada para abordar la situación del Ministerio Público tras la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca.

El vocero presidencial José Luis Galvez afirmó que la elección del fiscal general en la anterior gestión habría estado vinculada, según “rumores y la información”, con supuestos sobornos a algunos asambleístas. 

El vicepresidente Edmand Lara, aún de viaje en España, denunció que estaría siendo objeto de un plan para involucrarlo en un caso montado y proceder a su aprehensión, por lo que afirmó temer por su integridad física y su vida.

En un comunicado, Lara señaló que ha recibido advertencias de personas del entorno del Órgano Ejecutivo que, según afirmó, buscarían amedrentarlo por sus posiciones en defensa de la Constitución y la democracia.

"Temo por mi integridad física y por mi vida", señaló. 

Los países integrantes de la iniciativa Escudo de las Américas expresaron su apoyo “firme” a Bolivia por las acciones emprendidas contra el narcotráfico y la corrupción. Respaldaron la continuidad de las investigaciones y procesos contra estas redes.

El caso que involucra al fiscal general Roger Mariaca abrió este jueves un nuevo frente político y judicial, después de que su defensa presentara una acción de libertad contra el presidente Rodrigo Paz, autoridades de Gobierno y policías que participaron en el operativo de su aprehensión. Al mismo tiempo, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos solicite su extradición.

Los celulares de los aprehendidos en el caso que involucra al fiscal general Roger Mariaca son sometidos a “desdoblamiento” y se realiza un seguimiento de sus contactos y del flujo de llamadas, informó este jueves el vocero presidencial José Luis Gálvez.

“Celebramos que los aparatos telefónicos de los aprehendidos están en pleno desdoblamiento. Hay un seguimiento en cuanto a cada uno de los contactos realizados, del flujo de llamadas”, señaló Gálvez durante una conferencia de prensa.