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El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, expresó su susceptibilidad ante una posible arremetida política-judicial en su contra, puesto que le alertaron la posibilidad de que le “siembren” delitos.

“Anoche, ante anoche, ¿qué me expresaron? Loza, tú también estás en la mira, cuídate, ve bien con quienes viajas, cuidado que te siembren droga, plata o mujeres, cuídate, solo te pedimos eso”, reveló el gobernador.

El político y analista financiero Jaime Dunn advirtió que Bolivia no debe utilizar los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para sostener el gasto del Estado, sino aprovechar el financiamiento para ejecutar reformas estructurales, reducir el déficit fiscal y generar las condiciones que permitan al país producir sus propios dólares.

“No podemos usar dólares nuevos para financiar el mismo Estado viejo”, afirmó en La Tarde en Directo de ERBOL.

AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

El Gobierno a través del viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal de Bolivia, Jorge Ávila Antelo, anunció durante el XXVIII Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y El Caribe (RedLAC) en la ciudad de Santa Cruz, la aprobación de dos normas; la ley marco de financiamiento climático y la ley de mercados de carbono.

El financiamiento de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) representa un soporte importante para Bolivia, porque permitirá fortalecer las Reservas Internacionales, generar certidumbre y contribuir a estabilizar la economía. A su vez, este crédito implica el compromiso de reducir el gasto fiscal y aplicar ajustes estructurales durante los próximos tres años.

El presidente del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), Lucio Ayala, denunció la presencia de 270 balsas mineras a lo largo de los 184 kilómetros del río Madre de Dios que corresponden a ese territorio, tras una inspección realizada por autoridades indígenas.

“Se evidenció la presencia de 270 balsas mineras. Durante el recorrido también se evidenció que las balsas se encuentran en el lugar, pero no están realizando actividades”, afirmó Ayala a ERBOL, quien señaló que existe la sospecha de que podrían operar durante la noche, aunque aclaró que no pudieron comprobarlo.

El fiscal general interino José Armando Urioste anunció la cooperación de organismos internacionales para apoyar las investigaciones y la recuperación institucional del Ministerio Público, y mencionó entre ellos al “Escudo de las Américas” y a institutos latinoamericanos de investigaciones forenses.

“Nos van a cooperar entidades, organismos internacionales en esto, no estamos solos”, afirmó Urioste, quien aseguró que esta asistencia permitirá avanzar con “transparencia absoluta” y “cero tolerancia a la corrupción”.

IVÁN RAMOS - PERIODISMO QUE CUENTA

El contrabando de combustibles deja ganancias de entre Bs7,50 y Bs8 por cada litro vendido fuera del país, según estimaciones de YPFB, mientras un operativo interinstitucional realizado en estaciones de servicio de Sucre detectó carguíos diarios y repetitivos, vehículos modificados y otras irregularidades vinculadas al acopio y la reventa de carburantes.

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 070/2025-2026 de libre transitabilidad y protección del pueblo boliviano, que establece penas para quienes bloqueen rutas y responsabilidades para autoridades que no atiendan conflictos dentro de sus competencias. La norma pasa ahora al pleno para su tratamiento.

“Se ha creado el tipo penal de obstrucción grave a las rutas públicas, donde se ha creado un tipo penal que prohíbe de toda manera el bloqueo”, informó el presidente de la comisión, diputado Manolo Rojas.

Los exministros del Gobierno del MAS, María Nela Prada y Edmundo Novillo, aseguraron que no fueron notificados para testificar en el juicio por la asonada militar de Juan José Zúñiga, por lo cual descalificaron las intenciones de solicitar su aprehensión por este tema.

Ambos se pronunciaron después de que el abogado de Zúñiga, Eduardo León, anunció que pedirá su aprehensión por no presentarse como testigos al juicio.

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) informó este martes que presentó un reclamo contra el Estado de Bolivia ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA), en el marco de una controversia judicial que podría derivar en el cobro coactivo de más de Bs 744 millones a favor de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).

La empresa señaló que su reclamo denuncia un presunto quiebre de la seguridad jurídica y un supuesto trato discriminatorio contra un inversor subregional protegido por la Decisión 291 de la Comunidad Andina.