ABORTO

Cifras vergonzosas el 2016: Más de 10.000 casos de violencia contra la mujer, 17 feminicidios,  casi 700 delitos sexuales a niñas y adolescentes. Un año difícil de digerirlo y de hacer balances, mucho más cuando estamos hablando de derechos humanos y de sistemas de protección a los derechos de las niñas, adolescentes y las mujeres.

¿Acaso en el país no hay instituciones que deben impulsar programas, actividades, planes que fortalezcan esta lucha, no hay una estructura jurídica que protege a la mujer, a las niñas, a las adolescentes, o acaso, esas estructuras institucionales y legales no están funcionando? Preguntas que seguramente se hará usted, y en su situación cómoda le echará la culpa a las instituciones, a las autoridades, a las leyes. Pues bien, es parte de las responsabilidades, porque las leyes se hacen a granel, sin tener la suficiente institucionalidad ni los recursos económicos. Pero no solo con leyes vamos a cambiar el país o pretender acabar con la violencia de género y con los delitos sexuales. Es una responsabilidad de usted, de ellos, de ellas, de nosotros, de mi, de vos.

Las cifras son calientes, no solo son datos fríos o para los informes oficiales. Sino que nos indica que algo está fallando en la sociedad cruceña, de esta sociedad en la que abundan los concursos de belleza, los festivales de bikinis, las fiestas carnavaleras, los encuentros juveniles a full trago, en esta sociedad de doble moral que disfruta que a la mujer se cosifique, se la muestre como objeto de consumo al lado de una bebida alcohólica, y que lanza un grito al cielo cuando una niña violada que quedó embarazada decide no tener ese bebé, y se rasga las vestiduras, al lado de algún sacerdote u obispo. O un evangélico.

Esos datos, esa realidad nos debe hacer saltar de nuestros cómodos asientos, nos debe provocar hasta la última célula de nuestros organismos, nos debe interpelar hasta el fondo de la conciencia nuestra y sin duda, cuestionarnos y lanzarnos a hacer parte de mecanismos y de acciones que logren contener esta espiral de violencia contra la mujer y de delitos sexuales contra niñas y adolescentes.

El Estado boliviano ha asumido una serie de compromisos nacionales e internacionales, a través de leyes, tratados de derechos humanos, recomendaciones de la ONU, que ya hace algunos años señalaron que el país debería contar con instrumentos legales de protección a la mujer, y uno de ellas es la Sentencia Constitucional 0206/2014, que establece la interrupción legal del embarazo, o en su caso el “aborto impune”, que a dos años de su vigencia, hay resistencias o falta de conocimiento de la población. Esta sentencia protege la integridad, la dignidad, la vida, la salud de las niñas y adolescentes que han sido víctimas de violación, en el sentido de que si ellas quedaran embarazadas, con el solo consentimiento personal y ha pedido en algún centro médico, se le debe practicar el aborto. Pero hay todavía sesgos o frenos para que esta sentencia se cumpla en gran escala.

Se lo viene practicando, pero como si fuera clandestino o prohibido, lo que no debe suceder. El aborto es posible hacerlo en Santa Cruz, y en Bolivia, pero en el marco de lo que establece la Sentencia Constitucional 206. El Papa Francisco dijo en Santa Cruz: “Dejen que los niños y niñas vivan felices su infancia”, de eso se trata, de que ellas no lleven el peso de ser madres a sus 10, 12, 13 años, sino que sean niñas plenamente.