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En audiencia de medidas cautelares, el juez anticorrupción 16º de La Paz determinó este viernes enviar a la cárcel de San Pedro con detención preventiva al exfuncionario de la Cámara de Diputados, Joe S.P., quien fue detenido cuando tenía en la mano dinero que pretendía cobrar de un soborno.

El plazo de la detención preventiva de cinco meses, mientras se desarrolla la investigación por el delito de concusión.

A media mañana de este miércoles, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha instalado el Encuentro Multipartidario Interinstitucional por la Democracia, que con actores políticos busca acordar un calendario electoral de cara al 2025.

Se encuentran representantes de partidos políticos, los presidentes de las cámaras, las alianzas políticas Comunidad Ciudadana y Creemos, además de dirigentes de organizaciones.   

Entre los presentes se encuentra Evo Morales por el MAS, mientras que del Gobierno está la ministra María Nela Prada. También están dirigentes del ala “arcista”.

Un juez determinó la tarde de este viernes la detención preventiva en el penal de Chonchocoro para tres exjefes militares que comandaron el despliegue de las Fuerzas Armadas en la plaza Murillo con la intención de gestar un presunto golpe de Estado.

Se trata del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga Macias; el excomandante de la Armada, Juan Arnez Salvador y el excomandante de la Brigada Mecanizada del Ejército, Edison Alejandro Irahola Caero.

El Grupo de Puebla, conformado por políticos de izquierda, ha expresado su repudio a las declaraciones del comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien expresó su rechazo a una postulación presidencial de Evo Morales y hasta advirtió con detenerlo.

Mediante un comunicado, el Grupo de Puebla señaló que está alerta y preocupado antes los dichos de Zúñiga.

“… resulta inadmisible que quien conduce el ejército boliviano amenace con alzarse en armas para impedir que un ciudadano se postule para presidir el país”, señala su texto.

El presidente Luis Arce y representantes del Transporte Cooperativizado concluyeron una reunión preliminar en la Casa Grande del Pueblo, donde el presidente prometió una "solución definitiva" a sus demandas relacionadas con el abastecimiento de diésel, el dólar, impuestos, aduanas y la policía.

Uno de los dirigentes informó a la prensa que el presidente se comprometió a resolver un tema impositivo a través de la aprobación de una nueva ley.

Una comisión oficial de gobierno y dirigentes de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado iniciaron diálogo este sábado en la ciudad de Cochabamba, donde instalaron mesas técnicas para atender las demandas sectoriales y evitar el bloqueo nacional de caminos anunciado para este lunes.

El dirigente Héctor Mercado aclaró que se trata de una reunión de coordinación y que significa un avance bajo la predisposición del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

Dirigentes de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) acordaron con el Gobierno instalar este sábado las mesas de trabajo para atender el pliego de demandas. La reunión acordada será con el objetivo de evitar el bloqueo nacional indefinido desde el lunes.

La cita fue fijada luego de un encuentro previo entre el dirigente de la CBT, Héctor Mercado, junto con el ministro de Obras Publicas Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, y un grupo de viceministros de diferentes áreas en la ciudad de Cochabamba.

El presidente Luis Arce afirmó este viernes que está dispuesto a “pagar el precio” para recuperar el instrumento político a favor de las organizaciones sociales y avanzar en la construcción del poder popular.

Durante un Ampliado Extraordinario del partido oficialista de Santa Cruz, el jefe de Estado aseguró que, pese a las adversidades y los intentos de dividir a los sectores sociales sabrán “salir adelante”.

En Sucre, el diputado “evista” Héctor Arce ha presentado denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de influencias.

La Justicia de Estados Unidos ha determinado que el exministro Arturo Murillo deba pagar más de seis millones de dólares al Estado boliviano, como consecuencia del daño económico en el caso gases lacrimógenos, informó el abogado Thomas Becker.

Esta decisión surge dentro del proceso civil que inició el Estado boliviano contra Murillo, para recuperar el monto afectado por el presunto sobreprecio en la adquisición de los gases durante el Gobierno transitorio.