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El juez 1ro anticorrupción de El Alto dispuso este jueves la detención domiciliaria con permiso para trabajar contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, imputado por el caso Alpacoma. 

“Significa un exceso, significa un abuso. No hay ninguna prueba que se haya establecido como valedera respecto a la imputación que ha hecho el Ministerio Público”, dijo el Alcalde al salir de la audiencia, a la cual asistió junto a su esposa Maricruz Ribera.

En entrevista con ERBOL, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, manifestó que su posición es de mantener los bonos que implementó el Gobierno del MAS y, además, sostener sin variaciones el tipo de cambio.

“Reconozco que este Gobierno ha hecho cosas buenas, como por ejemplo los bonos, como el bono Juancito Pinto, el bono Dignidad, el bono Juana Azurduy, como el bono a los discapacitados. Son buenos y hay que mantenerlos”.

La Policía logró la aprehensión de un grupo de tres jóvenes estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que se dedicaban a atracar transeúntes entre la avenida Juan Pablo II en el sector de Río Seco, informó el capitán Edwin Khantud, jefe regional de la División Delitos Contra la Propiedad.

“Se ha procedido a la verificación de los datos de estas personas y refieren que son estudiantes de la UPEA y los mismos están en calidad de aprehendidos”, indicó el oficial.

Una mujer de la ciudad de El Alto apuñaló a su hijo de 13 años de edad en la pierna, como castigo por haber llegado tarde del colegio a su casa, según relató el propio menor a la Defensoría de la Niñez.

La información fue proporcionada por psicólogo de la Defensoría de la Niñez alteña, Carlos Valenzuela, quien además indicó que la denuncia fue realizada por el hermano mayor del escolar víctima.

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, logró gestionar un avión hidrante, además de un helicóptero y brigadas adicionales de Bomberos para los incendios que flagelan la Chiquitanía y otras regiones de Bolivia.

“Hablamos con el gobernador de Jujuy y esta autoridad ha dispuesto de un avión hidrante y un helicóptero que estarían listos junto a un equipo operativo para ser trasladados en las próximas horas al departamento de Santa Cruz”, anunció este jueves la autoridad tarijeña.

La Iglesia Católica. a través de la Conferencia Episcopal Boliviana. emitió un pronunciamiento donde se suma al pedido de declarar zona de desastre nacional a las zonas afectadas por los incendios forestales y que además se considere solicitar ayuda internacional. 

“Consideramos que es necesaria la declaración de zona de desastre nacional y que no se excluya incluso el acudir a la ayuda internacional”, solicita el comunicado firmado por la Secretaría General de la CEB.

El presidente Evo Morales afirmó este jueves que la “coca ya no es patria o muerte”. Así dejó entrever que los cultivos de coca ya no son imprescindibles sino que pueden ser reemplazados por otros emprendimientos productivos como la cría de peces.

“Compañeros que tienen una hectárea, piscina para crianza de tambaquí, la coca ya no es patria o muerte”.

La juez Melina Lima determinó este jueves enviar a la cárcel con detención preventiva al concejal Óscar Huanca y el exconcejal Walter Alborta, acusados de presuntas irregularidades que llevaron a un sobreprecio en la compra de buses Sariri para el municipio de El Alto.

Los presuntos delitos se habrían cometido en el periodo en que Édgar Patana era el Alcalde alteño. En ese entonces, Huanca era concejal por el MSM (ahora es de UN) y Alborta representaba al MAS.

En 2018, el cultivo de coca en Bolivia se redujo en 6 por ciento en comparación con los datos de 2017, según el último Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca presentado este jueves en la Cancillería por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, según su sigla en inglés) y el gobierno boliviano. El organismo reveló también que seis de 22 áreas protegidas son utilizadas para el cultivo de la hoja de coca.

Los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría, a través de su abogado Omar Durán, presentaron una denuncia contra el comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman Romero, ante el Tribunal Supremo de Justicia Militar con el objetivo de que sea dado de baja.

La decisión de acudir al Tribunal de las FFAA surge después de que la Fiscalía no admitió una denuncia penal contra Kaliman, bajo el argumento de que debía agotarse la instancia militar.