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El Gobierno descartó que los periodistas y medios de comunicación se encuentren incluidos en levantar su fuente de información mediante la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales.

En ese marco, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aseguró que se garantiza la libertad de expresión tal como lo establece el artículo 107 de la Constitución Política del Estado.

“Nadie está detrás del cargo, nadie está detrás de su silla, no se quiere desestabilizar al Gobierno Municipal”. Así el excandidato a la Alcaldía de La Paz, César Dockweiler, negó que tenga la intención de desestabilizar la gestión de Iván Arias mediante la Fiscalía.

La semana pasada se supo que la Fiscalía convocó a declarar a Arias como sindicado en un proceso por discriminación cuya víctima es Dockweiler. El Alcalde consideró que se trata de un hecho de persecución política.

Desde el balcón de la Alcaldía, Manfred Reyes Villa demandó que lo puedan dejar trabajar por el municipio de Cochabamba y pidió a la Justicia, no dejarse “manipular” por el poder político del gobierno de turno con el fin de destituirlo de sus funciones.

El pedido del burgomaestre se dio luego que la pasada semana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya rechazado un recurso legal que presentó para evitar que una sentencia de 2013 sea ejecutoria a cinco años de cárcel por el denominado caso “Sillar Alternativo”, obra en la que se detectaron irregularidades.

El comandante de la Policía, general Jhonny Aguilera, informó este lunes que se arrestó a seis personas en el marco del conflicto por el control de la sede de Adepcoca en Villa Fátima.

La sede estaba controlada por afines a Armin Lluta, sin embargo, este sector denunció que la madrugada de este lunes un grupo afín al MAS tomó violentamente la infraestructura.

Vía: Agencia de Noticias Ambientales (ANA)

Después de que dirigente del sector de Armin Lluta denunciaron una toma violenta de la sede de Adepcoca en La Paz, la principal líder del otro banco, Elena Flores, negó que se trate de una “toma” y afirmó que este lunes se realizará una asamblea para elegir una nueva directiva y que sea posesionada.   

“Hoy habrá la nueva Directiva de Adepcoca y se hará la posesión en la casa grande que es nuestra institución”, dijo Flores en horas de la mañana de este lunes.

Un hombre de 52 años de edad y profesión agricultor fue aprehendido en el municipio de Caranavi, del departamento de La Paz, luego de haber sido denunciado por cometer hechos de violencia sexual reiterada contra su hijastra que tiene 16 años.

El jefe departamental de la FELCV, coronel Jhonny Vega, indicó la denuncia fue realizada por la madre de la víctima y que la adolescente tiene siete meses de gestación producto de las agresiones.

Los opositores a Bukele lo acusan de “dictador”, por la forma en que ha gobernado, incluso irrumpiendo con policías y militares en la Asamblea Legislativa. Además, de avanzar en la destitución de autoridades judiciales gracias a la mayoría que logró en el parlamento.

Recientemente fue criticado por el fallo de la Sala de lo Constitucional, que le habilita  postular a la reelección, cuando la Constitución salvadoreña no lo permite.

Dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), liderada por Armin Lluta, denunciaron que la madrugada de este lunes afines al Gobierno tomaron violentamente la sede de la entidad en Villa Fátima. En horas de la mañana la Policía tomó el control de la situación y hace el resguardo sin permitir el ingreso de personas.

La toma se produjo tras la posesión del nuevo Viceministro de Coca, Pablo Jové. Dirigentes de Adepcoca del sector de  Lluta también culparon a la nueva autoridad por lo sucedido.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró que el artículo 11 del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas “no afecta la libertad de expresión, la labor periodística ni incurre en censura”.

Este fin de semana, gremios periodísticos se declararon en emergencia y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) advirtió un peligro inminente sobre el secreto de imprenta.